Asesinato de José Antonio Remón Cantera – 2 de enero de 1955
On junio 21, 2017 | 0 Comments

Por Iván A. Ricord B.

 

I

 

Desde el momento que el general Esteban Huertas emigró a las filas secesionistas durante el movimiento de 1903 y asumió el cargo de comandante del ejército panameño, hubo en la recién nacida nación una polémica sobre la existencia misma de unas fuerzas armadas nacionales. Al ser cesado Huertas, en 1904, por presión de los funcionarios estadounidenses, en especial del ministro John Bar- rett, Panamá quedó sin ejército y surgió un dilema: ¿la nueva República tendría un gobierno civil o estaría sujeta a los vaivenes de los golpes de Estado dirigidos por los generales del ejército?

Esteban Huertas fue un factor indispensable al definir su lealtad hacia nueva república y mostrar una actitud decisiva y trascendental al ordenar la detención del general Juan B. Tobar en las últimas horas de la confusa tarde del 3 de noviembre de 1903. Al cumplirse un año del movimiento separatista, Huertas quiso hacer valer su decisivo aporte al movimiento y exigió espacios en la toma decisiones políticas. Una carta “escrita en los términos más extraordinarios” enviada al presidente Manuel Amador Guerrero el 29 de octubre de 1904 creó inestabilidad y suspicacias sobre las verdaderas intenciones del comandante y sospechas de insubordinación.

Este hecho provocó el disgusto del ministro estadounidense, quien, en duros términos exigió la renuncia irrevocable e inmediata de Huertas y la supresión del ejército panameño.

El general Esteban Huertas rechazó las acciones implementadas por el presidente Amador y previamente consultadas con las fuerzas armadas estadounidenses, y las tildó de “designios foráneos e interesados” y de “imposición extraña”. Con desprecio declinó el sueldo de jubilación y lo catalogó como una grave mancha a su dignidad y honor. Finalmente, fue obligado a aceptarlo y se retiró a su hacienda en Aguadulce.

La defenestración del ejército panameño fue una negación del derecho a Panamá de erigir un Estado nacional autónomo. La existencia de un ejército panameño se constituía en un obstáculo para la lógica del imperio. Es sabido que en el ejército heredado de los colombianos existía un inveterado sentimiento antiestadounidense, producto de las constantes intromisiones y abuso imperiales en el Istmo. Además, había una rica experiencia político-militar y una vasta tradición revolucionaria entre los componentes militares istmeños, lograda durante la guerra de los Mil días. El ejército de Panamá era un riesgo al cual las fuerzas estadounidenses rechazaban enfrentar.

El ministro Barrett ordenó que se estableciera una compañía permanente de marina en Ancón, en lugar de Emperador, para que las fuerzas militares de la Zona del Canal estuvieran más cerca de  la ciudad de Panamá y fueran eficaces en sofocar desórdenes o intentos de insurrección. “Esta fuerza —decía— mantendrá la tranquilidad y protegerá la propiedad”.

La Convención Ístmica del 18 de noviembre de 1903 y el artículo 136 de la Constitución panameña de 1904 habían establecido la obligación por parte del Gobierno de los Estados Unidos, de garantizar la independencia y soberanía de la República de Panamá y el derecho a intervenir en cualquier punto para restablecer la paz y el orden constitucional si hubiere sido turbado. Opacada por la injerencia estadounidense, la Policía Nacional desempeña un papel insignificante y muchas veces denigrante en la vida política panameña entre 1914 y 1930, reducido a sofocar reyertas ciudadanas y servir de brazo armado a los partidos políticos de las clases dominantes, para lograr ventajas electorales.

Es importante señalar que los hombres que formaban el cuerpo de policía, en su gran mayoría, procedían de las clases populares urbanas. Por su condición humilde y sus bajos niveles de formación profesional y educativa eran constantemente vejados e irrespetados por los soldados zoneítas. Sin embargo la policía panameña nunca aceptó mansamente la arrogancia estadounidense y los abusos que estos cometían flagrantemente en las calles citadinas. Constantemente, soldados y marinos visitaban las ciudades de Panamá y Colón como bandas desenfrenadas de piratas, actitudes que eran recibidas con repugnancia por la población y por la policía, lo que daba lugar a frecuentes desórdenes callejeros.

Las autoridades de la Zona del Canal siempre acusaron a la Policía de ser ignorante y de actuar con mala voluntad. En incidente ocurrido en un barrio de tolerancia de la ciudad de Panamá (Cocoa Grove) en la mañana del 14 de febrero de 1915, alrededor de 20 soldados estadounidenses y un número igual de panameños resultaron heridos. Unos meses más tarde (abril de 1915) en Colón, durante un partido de béisbol entre equipos estadounidenses, al cual asistían 1200 soldados estadounidenses, se produjo otra trifulca entre un negro y varios soldados.

La policía panameña trató de mantener el orden disparando sus armas; resultó herido un soldado raso y otro murió (Charles Langdon). El ministro de los Estados Unidos, George Price, explicó que la causa del problema fue la ignorancia, la exaltación y falta de control de la policía panameña.

Describió la actuación de la policía como “injustificable, e imprudente”. Se le advirtió al Gobierno de Panamá que a menos que se tomaran medidas para que los incidentes no volvieran a repetirse, los Estados Unidos podían hacerse cargo de las fuerzas policiacas en las ciudades de Panamá y Colón. Además, exigieron indemnización por sus muertos y sus heridos.

Las indemnizaciones y el castigo a los policías no fueron suficientes para las autoridades estadounidenses. El 15 de agosto de 1915 se le ordenó a Price que exhortara al Gobierno panameño a despojar a la policía de rifles de gran calibre y se recomendó que se depositaran las armas en la Zona del Canal. El Gobierno panameño se opuso a esta medida y el secretario Ernesto T. Lefevre manifestó que “los Estados Unidos muy bien podían venir a arrebatárselos; pero no esperar a que Panamá lo hiciera voluntariamente”.

Price, actuando como procónsul, indicó qué tipo de armas aceptaban que se usaran en la Presidencia de la República y en las cárceles panameñas. Como si fuera poco, le expresó al secretario Lefevre que Panamá no requería una policía armada, por cuanto el Gobierno estadounidense sofocaría de inmediato cualquier disturbio que ocurriera. Finalmente, la Policía Nacional fue desarmada por el ejército estadounidense en 1916. El secretario de Relaciones Exteriores de Panamá, Ernesto T. Lefevre, entregó las armas bajo protesta porque no le quedaba otra opción. Lefevre alegó que

[…] siendo Panamá una nación soberana e independiente, el Gobierno de los Estados Unidos no tiene derecho a decidir si este país puede o no tener una fuerza nacional armada de rifles de largo alcance. Mi gobierno considera ofensiva para la dignidad nacional la solicitud de desarme de nuestro cuerpo de policía en las ciudades de Panamá y Colón y conceptúa que no han sido siquiera apreciadas y menos correspondidas sus repetidas y valiosas pruebas de simpatía y lealtad hacia el pueblo norteamericano.

Para el 20 de mayo de 1916 ya se había completado la entrega de las armas de largo alcance. Solo se aceptó dejar unos 25 rifles para la protección del palacio presidencial. Sin embargo, el presidente Porras rechazó esta oferta. La intromisión de las autoridades estadounidenses en los asuntos panameños se perfeccionó cuando sugirieron al Gobierno el nombramiento de un comisionado de Policía estadounidense, con plenos poderes para controlar, instruir y supervisar a la institución policial.

Aunque ya antes se habían designado inspectores generales de Estados Unidos para supervisar a la policía fue el señor Albert Lamb quien lo ejerció con mayor poder e influencia entre 1917 y 1927. Un contrato firmado entre Eusebio A. Morales, secretario de Gobierno y Justicia, y Albert Lamb, aprobado por el presidente Ramón Valdés, estableció que el inspector e instructor serviría como consultor al comandante primer jefe y le correspondería reorganizar el cuerpo, y a establecer organizar y dirigir una sección de detectivismo.

El Gobierno se obligaba a pagarle un sueldo de $250 mensuales, a suministrarle una habitación amueblada, gastos de ida y venida, un automóvil pequeño y un caballo. Aunque formalmente el presidente de la república designaba a un comandante civil, en realidad dirigía al cuerpo armado nacional, el inspector general, quien, además, gozaba de gran influencia en las esferas del Gobierno. Servía, además, como enlace con el ministro de los Estados Unidos para los asuntos concernientes al orden público.

La Policía Nacional, elemento fundamental en la estructuración del Estado, fue totalmente privada de una de sus funciones básicas. A diferencia de los demás países latinoamericanos, donde las fuerzas armadas desempeñan un rol aglutinante en el proceso de formación del Estado independiente, en Panamá, surgió un enclave dependiente del poder foráneo. Por ello la consolidación del Estado panameño fue muy lenta. El prominente abogado panameño José Isaac Fábrega, al describir el rol protagónico que ejercían los norteamericanos en el aparato administrativo nacional, expresa:

Con la excepción del ilustre Augusto S. Boyd como cirujano, estimábamos en Panamá que no podía existir aquí más hombres de bisturí que el indiscutiblemente valioso Mr. Herrick, ni más clínico que el seguramente meritorio Mr. James […]. El superintendente del Hospital era el Mayor Edgard A. Bocock […]. Actuaban Adisson T. Ruan y Mr. Morrel como Contralor y Subcontralor Generales… Era Consejero y Guía de la Policía aquel imborrable Mr. (Albert R.) Lamb… Y cuando los panameños nos dimos cuenta de que Mr. Lamb se nos iba, la expresión fue unánime: ¡Se acabó la Policía!

Pero a partir de la entrada de los años veinte, la situación social y económica de la república cambió. Ante la crisis que sobrevino como consecuencia de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, el final de los trabajos del canal y la consecuente disminución de la oferta monetaria, se generó un proceso inflacionario que encareció el costo de vida. Los políticos panameños, muy aferrados a la sumisión y dependencia de las autoridades estadounidenses, debían ahora afrontar algunos riesgos por sí solos.

Los cerrados grupos oligárquicos, que habían estado entretenidos en disputas de naturaleza personal y sujetos a la bonanza que proveía la construcción de las obras del canal, debieron empezar a tomar decisiones que satisficieran las necesidades de la población. Como es natural, aparecieron las tendencias contestatarias en el seno de la sociedad panameña a partir de la década entre los grupos pobres urbanos.

El alza de los impuestos aplicados por el Gobierno a los casatenientes, degeneró en un aumento de los alquileres. Se atizaron conflictos sociales que el Gobierno reprimió con fuerza. La policía enfrentó un nuevo escenario como cuerpo represor de los ciudadanos.

En febrero de 1925, la situación se hizo más gravosa para los locatarios con la expedición de la Ley 29, que aumentaba el impuesto sobre los bienes inmuebles, dado que los caseros lo asimilaron, pero trasladaron dicho aumento al importe de los alquileres con lo cual el problema inquilinario hizo crisis. (Gasteazoro, 1979, p. 114).

La Policía Nacional reprimió a los inquilinos de los cuartos de El Chorrillo, El Marañón, San Miguel, El Granillo etc. agrupados en la Liga de Inquilinos. Fungían como jefes policiales del momento, los connotados políticos Ricardo Arango y Archibaldo Boyd. Como es sabido, el débil Gobierno de Rodolfo Chiari invitó a las fuerzas armadas estadounidenses a intervenir para sofocar los desórdenes sociales en la ciudad de Panamá.

El panorama político de la república mediatizada, a mediados y finales de la década de los veinte era crítico. Florencio Harmodio Arosemena, incondicional heredero del presidente Rodolfo Chiari, fue elegido en 1928. Arosemena se hizo con el poder ante la casi ausencia de sus contrarios en la contienda (Jorge E. Boyd se retiró). Fueron unas lecciones plagadas de denuncias de fraude, de constantes solicitudes de intervención al Gobierno de los Estados Unidos y de represión a los candidatos desafectos al chiarismo por parte de la Policía.

A principios de noviembre de 1927, Porras y Juan Antonio Jiménez viajaron a Washington a solicitar la intervención en las elecciones presidenciales de 1928 […] Los liberales porristas, desilusionados porque Porras no había obtenido la intervención de Estados Unidos, candidatizaron a Jorge Boyd, quien estaba casado con una sobrina de la esposa del expresidente Woodrow Wilson […] (Porras pensó que esa relación haría posible la supervisión de las elecciones por los Estados Unidos). A comienzo de 1928 las denuncias de fraude cometidos por el Gobierno eran prácticamente diarias. (Araúz y Pizzurno, 1992).

Por primera vez durante la vida republicana la Policía Nacional tomó partido durante las elecciones de 1928. En este caso, se definió por el apoyo al grupo gobernante bajo la égida del señor Rodolfo Chiari. El descontento durante la administración de Arosemena fue creciendo vertiginosamente. Las acusaciones de corrupción descarada y manejos ilegales para perpetuarse en el poder derivaron en un movimiento para derrocar al Gobierno. La policía desempeñó un triste papel en la contención de los desórdenes públicos provocados por las luchas internas de las sectas políticas que ambicionaban el poder.

Las contradicciones que impulsan y explican la historia política de los primeros treinta años de la república oligárquica no eran el reflejo de los profundos conflictos que separaban a la oligarquía panameña de los Estados Unidos (como la actividad de los comisariatos y el contrabando que generaban, o los innumerables negocios que explotaba la Compañía del Ferrocarril en la Zona del Canal en su perjuicio) o inclusive para decirlo en palabras de Ricardo J. Alfaro “ponían en peligro la existencia misma del Estado panameño” […] No se trataba, por tanto, de un conflicto ideológico- político, de una competencia entre los partidos políticos por el triunfo del programa que mejor defendiera sus intereses de la clase en conflicto con Estados Unidos, sino de rivalidades y contradicciones de naturaleza completamente personal, sin ninguna base ideológica, y cuyo único objetivo era ocupar la presidencia para disfrutar de los beneficios y privilegios que otorga el poder. (Torres 2001, p. 190).

El 2 de enero de 1931 grupos débilmente armados, aglutinados en la organización cívica nacionalista denominada Acción Comunal derrocaron al presidente Arosemena. Los insurgentes se tomaron, fácilmente y con pocas armas, los tres asentamientos policiales fundamentales de la ciudad: el cuartel de Las Sabanas, el Cuartel Central y el Palacio de las Garzas. Poco menos de doscientos hombres formaban el grupo golpista.

Se dividieron en tres comandos con determinadas funciones. Veintisiete hombres se encargaron de la toma del cuartel de Las Sabanas, donde estaba ubicado el escuadrón de caballería. Habían logrado conseguir muy pocas armas: unos veinte revólveres de varias marcas y calibres, doce escopetas.

El resto de las armas procederían de las que fueran tomadas a la Policía. El llamado movimiento reivindicador de 1931 contra el presidente Florencio H. Arosemena encontró una policía poco organizada, débilmente entrenada y escuálidamente armada. Para 1931 se estima que existían unas 959 plazas de policía para todo el país. (Las funciones asignadas a Mr. Lamb en 1917 no habían tenido ningún efecto. Obviamente, a los estadounidenses nunca les interesó dotar a la policía panameña de las condiciones necesarias para ser un organismo fuerte y defensor de la soberanía nacional).

Hacia 1931 cuando ocurre el movimiento insurreccional contra el presidente Arosemena la situación de estructuración, profesionalización y presupuestaria de la Policía era en extremo deficiente. La calidad del servicio, la dignidad del policía y su justa ubicación como ente determinante en la conformación del Estado por parte de los gobernantes no eran las mejores. Los salarios eran ínfimos; un agente de primera ganaba $60.00 al mes y un vigilante en la isla penal de Coiba ganaba $40.00 al mes. (García 199, p.101).

Los estadounidenses se alejaron paulatinamente de los quehaceres políticos panameños dejando a nuestra policía al frente de los compromisos de ser guardianes de la independencia y el orden público. Un tanto liberada del tutelaje ignominioso encaró un relativo desarrollo autónomo. Al final de este tránsito la policía se convirtió en el brazo armado de los Gobiernos de los grupos dominantes. Entró en un periodo de profesionalización, pero sujeta indefectiblemente a los avatares de la política criolla y a ocupar algún nivel de beligerancia en los conflictos electorales y hegemónicos.

 

II

 

Luego de la insurrección promovida por Acción Comunal, que logró contrarrestar el dominio de los liberales chiaristas en la política panameña, Harmodio Arias Madrid y Ricardo J. Alfaro completaron el periodo gubernamental del destituido presidente Arosemena. Harmodio Arias ganó las elecciones de 1932, gracias a su prestigio personal, a la vigencia de los postulados nacionalistas y de honestidad propuestos por Acción Comunal.

A pesar de sus promesas de edificar un Gobierno absolutamente republicano, Arias puso en ejecución las mismas prácticas de los clanes familiares que le antecedieron. Inmediatamente trató de controlar el Tribunal Electoral, la Asamblea Nacional y la Policía Nacional. Designó a su cuñado, Aurelio Guardia Vieto, como comandante de la Policía, colocando a la institución armada bajo la supervisión y control del presidente.

Creó una fuerza paralela de 300 hombres adscritos a la policía, conocida como Guardia Cívica (patriotas armados). El presidente Arias construyó modernas instalaciones para la Policía a lo largo del país, incluyendo el nuevo cuartel central en el barrio de El Chorrillo. Nombró a panameños graduados en academias militares extranjeras. En esta forma José Antonio Remón Cantera ingresó al cuerpo armado nacional en el año de 1931. Fue asignado al cuartel central como capitán.

El presidente le encomendó reorganizar y mejorar profesionalmente la institución, tarea que asumió con ímpetu y seriedad. Las disputas partidistas comunes en el seno del Gobierno afloraron al avecinarse la escogencia del próximo candidato para suceder al presidente Harmodio Arias en las elecciones de 1936. En la propia policía fueron evidentes estos conflictos. Desde esa época, los comandantes policiales tuvieron sus preferencias partidistas. Se generó una profunda crisis política cuando el presidente propuso la candidatura de Juan Demóstenes Arosemena, el comandante Aurelio Guardia apoyó a Octavio Méndez Pereira (ambos cuñados del presidente) y el capitán Remón favoreció a Domingo Díaz Arosemena.

Como consecuencia de esa disputa, el comandante de la Policía fue cesado por el presidente (acusado de intento de golpe de Estado) y los capitanes José Antonio Remón Cantera, Nicolás Ardito Barletta y Abel Quintero fueron dados de baja. La crisis de 1935, a nuestro criterio, le dio el verdadero sentido a una nueva policía, que liberada de las ataduras coloniales, pasó a ser una fuerza deliberante en los asuntos del Estado. La politización del cuerpo armado ha sido puesta en ejecución por las propias cúpulas gobernantes.

En las elecciones de 1936 triunfó el candidato oficialista, Juan Demóstenes Arosemena, gracias a la manipulación del tribunal electoral y de la Policía Nacional por parte del presidente Arias. Al asumir el cargo, el presidente Arosemena decretó inmediatamente un aumento de salarios e instituyó el Día del Policía. En las elecciones de 1940, la policía participó activamente en las acciones partidistas. Disolvió manifestaciones, persiguió a candidatos y reprimió a quienes se oponían a la candidatura gubernamental.

Ricardo J. Alfaro fue obligado a renunciar a su candidatura por la parcialidad de la policía a favor del candidato oficial. Arnulfo Arias ganó las elecciones sin oposición. El capitán Remón reingresó a la policía en 1940, apoyando activamente la represión contra el candidato Ricardo J. Alfaro. Arnulfo Arias, al asumir la presidencia en 1941, envía a Remón a cursos de perfeccionamiento policial a los Estados Unidos. Todo parece indicar que, a pesar de que el oficial se había destacado en las tareas de represión a sus opositores, Arnulfo Arias no le tenía suficiente confianza. Luego del derrocamiento de Arias en 1941 y la designación de Ricardo Adolfo de la Guardia como nuevo presidente, el capitán Remón fue designado segundo comandante de la Policía.

Todo parece indicar que el derrocamiento de Arnulfo Arias se realizó con el respaldo y conocimiento pleno de Remón y de las fuerzas armadas de los Estados Unidos. No fue casual que Alejandro Remón Cantera, hermano del capitán, fuera designado como edecán del presidente De la Guardia. Con Remón como segundo comandante, la policía inició un verdadero proceso de militarización a partir del año de 1943. El presupuesto de la institución armada ascendió ese año a más de cuatro millones de Balboas.

Los salarios de los comandantes y agentes de primera clase recibieron aumentos considerables. Aunque la reorganización de las fuerzas armadas nacionales, tal como la concebía Remón, poseía un marcado matiz nacionalista, producto de las injerencias constantes de los estadounidenses en la policía colonial, la población panameña, especialmente los grupos organizados de la sociedad, dudaron de la voluntad sana de fortalecer la Institución armada para darle orgullo al decaído nacionalismo panameño.

Por el contrario, para las organizaciones populares y para la población en general, la Policía con Remón a la cabeza, no fue otra cosa que la caracterización de la represión interna y, en lo externo, confirmaría el papel del cuerpo armado de seguir siendo un apéndice de la política hegemónica estadounidense de la posguerra en América. Remón ascendió a la comandancia en 1947, durante la presidencia de Enrique A. Jiménez, pero ya desde antes había adquirido tanto poder que mantenía amplia injerencia política y económica en los asuntos estatales ya que manejaba, literalmente, las riendas del país: sometía a las élites oligárquicas mediante el chantaje y el otorgamiento de favores; sus recomendaciones y peticiones eran ineludibles; desarrollaba un intenso trabajo para el fortalecimiento técnico y logístico y de bienestar para el cuerpo armado.

Formó un espíritu de cuerpo y sus miembros adquirieron canonjías tales como viviendas, sitios de esparcimiento, seguridad y créditos. Remón no se consideraba un simple policía. Aspiraba a que se le aceptara como un militar profesional. Paulatinamente le dio rango de ejército al cuerpo armado, y se preocupó por el prestigio de la institución policial panameña que poseía una moral y estima decadentes por haberse mantenido como un apéndice de las fuerzas armadas estadounidenses. Con Remón, la Policía Nacional y sus oficiales empezaron a figurar en el escenario social, político y económico del país.

De agudo olfato político, aprovechó la coyuntura para imponer su arbitraje desde el cuartel. Tras asumir la comandancia, a Remón le correspondió reprimir las manifestaciones populares contra el Convenio Filós-Hines, que pretendía prorrogar la vigencia de las bases estadounidenses en Panamá.

El Escuadrón de Caballería y la Policía Motorizada, organismos fortalecidos por el nuevo comandante, constituyeron elementos básicos de la represión. Remón con su policía militarizada atacó a los estudiantes y demás organizaciones populares que se manifestaban contra el imperialismo, contra el militarismo y contra la corrupción oligárquica. El comandante actuaba en consonancia con los intereses estadounidenses de la posguerra.

De acuerdo con el economista José Torres Abrego, en su obra Población, economía y sociedad en Panamá (2001), al final de la década de 1940 surgieron en Panamá conflictos políticos graves que se agudizaron con la recesión causada por la finalización de la Segunda Guerra Mundial y la consecuente contracción del mercado panameño en la Zona del Canal. Afloraron contradicciones irreconciliables por los intereses de clase. Grupos antagónicos de las clases oligárquicas se debatían entre mantener una economía abierta de servicios y comercio y quienes apostaban por un desarrollo hacia dentro basado en la agricultura, la industria y la ganadería.

Las clases dominantes que procuraban el desarrollo hacia dentro apostaban por un gobierno fuerte que pusiera al servicio de las clases productivas todo el aparato estatal. En la contienda política de 1948, Remón y la policía desempeñaron un papel preponderante. Apoyaron abiertamente la candidatura de Domingo Díaz Arosemena.

Un escandaloso fraude se fraguó a favor del candidato oficial. El presidente Díaz Arosemena falleció inesperadamente en 1949 y de inmediato se desató una situación de inestabilidad en el país. Durante esta crisis salieron a flote conflictos de intereses entre los clanes oligárquicos que dominaban la economía nacional.

Liberales tradicionales se aliaron con los comandantes, mientras las sectas liberales en la oposición empezaban a denunciar grandes negociados de los comandantes en contubernio con ricas familias en el Gobierno. Se vinculó al comandante Remón y a Bolívar Vallarino con los negocios de la carne (Abattoir Nacional), quienes, de acuerdo, a investigaciones realizadas por una Comisión de la Asamblea, apoyada por la oposición, fungían como socios de Temí Díaz (hijo del presidente) y Euribiades Jiménez —directivos del Partido Liberal— (llamado Partido Liberal del Matadero).

El vicepresidente encargado, a la muerte del titular, Daniel Chanis, ante la presión de organizaciones de los sectores medios de la sociedad, que manifestaban una férrea oposición al militarismo remonista y a la corrupción e incapacidad de los liberares, solicitó la renuncia a los comandantes.

El 19 de noviembre de 1949, Chanis convocó a Remón a la presidencia y le comunicó su decisión. El presidente nombró nuevos comandantes de la policía y ordena a Vallarino hacer entrega del cuartel. Vallarino desobedeció y puso bajo arresto a los nuevos funcionarios. Chanis fue destituido por Remón y la policía amenazó con atacar el palacio presidencial. Los poderes civiles quedaron en manos de Remón, quien, como dueño absoluto de la situación, llamó a Arnulfo Arias a gobernar aduciendo que las elecciones de 1948 habían sido fraudulentas. Como era de esperarse, los inveterados conflictos entre el militarismo remonista y el populismo arnulfista resurgieron. Larry LaRae Pippin, en su monumental obra sobre Remón, afirma:

 

El poderoso Comandante de la Policía, no estaba exento de enemigos. Fue incapaz de establecer una relación cordial y provechosa con la población estudiantil […] Sus principales enemigos personales, entre las personas más influyentes de Panamá, estaban los también poderosos hermanos Harmodio y Arnulfo Arias […] Ambos frustraron las ambiciones de Remón durante sus respectivos periodos presidenciales […] Aún, después que perdieron la presidencia no cesaron en su empeño de destruir a Remón. Entre el 1 de octubre de 1948 y el 30 de septiembre de 1952 se suceden en Panamá cinco presidentes, a saber: Domingo Díaz Arosemena, Daniel Chanis, Roberto F, Chiari, Arnulfo Arias y Alcibiades Arosemena.

Arnulfo Arias trató de poner freno al poder desmedido de Remón. Puso en práctica una serie de medidas para acabar con el monopolio de la carne en el que Remón era accionista y fortaleció la Policía Secreta Nacional para sacarla del alcance de los comandantes. Finalmente, la situación se hizo crítica y Arias fue derrocado por la Policía el 10 de mayo de 1951, luego de graves incidentes.

Alcibíades Arosemena relevó a Arnulfo Arias y preparó el camino para el encumbramiento presidencial de Remón. Remón consolidó su poder político mediante el eclipse de Arnulfo Arias, a quien mantuvo en la cárcel desde el 10 de mayo de 1951, tras su derrocamiento, hasta febrero de 1952.

El coronel, quien reiteradamente había negado aspiraciones a ser candidato a la Presidencia, fue postulado formalmente, el 28 de octubre de 1951 en la provincia de los Santos. Dos días después renunció a la comandancia de la Policía Nacional. Fue postulado por los partidos Nacional Revolucionario, Unión Popular y el Liberal del Matadero. Posteriormente se sumaron el Partido Renovador y el Partido Revolucionario Auténtico. El grupo político comenzó a llamarse Coalición Patriótica Nacional. Los candidatos a vicepresidentes fueron José Ramón Guizado y Ricardo Arias Espinosa.

Las fuerzas opositoras a Remón conformaron la Alianza Civilista, con el apoyo del partido Liberal Nacional, el frente Patriótico, el Partido Revolucionario Independiente y el Socialista. Los candidatos fueron Roberto F. Chiari (primo de Remón) y los vicepresidentes Norberto Navarro y César Quintero. El comandante se retiró de su cargo el 30 de octubre de 1951 para lanzarse como candidato presidencial. Dejó atrás un cuerpo policial bien estructurado con un acentuado espíritu de lealtad hacia su jefe supremo.

Tras su candidatura se alineó la mayoría de las fuerzas políticas y económicas del país. Otras, con algún signo antimilitarista, hicieron una tibia y ficticia oposición. La mayoría de las fuerzas oligárquicas fueron incorporadas por Remón a su plan hegemónico; se sentían, ficticiamente, a gusto porque el comandante les brindaría “seguridad y orden” para el éxito de sus actividades económicas.

Remón asumió la presidencia en octubre de 1952. Se trató del primer Gobierno encabezado por un militar durante la época republicana. Heredando una administración gubernamental caracterizada por el desorden, la corrupción e inacción oficial, el nuevo presidente inauguró una administración activa, de “orden, estabilidad y firmeza”. Impuso reformas económicas y cambios fiscales para tratar de modernizar una economía con un atraso crónico. A pesar de la existencia de una agricultura feudal con un atraso abismal en el desarrollo social del país, los sectores oligárquicos siempre habían estado conformes porque sus negocios, aunque dependientes y limitados en desarrollo, les representaban beneficios monopólicos.

El presidente imprimió dinamismo y acción a la labor de Gobierno. A criterio de algunos autores nacionales, esta fractura entre el conformismo de las clases oligárquicas y la acción transformadora del remonismo produjo el conflicto definitivo que distanció a Remón de los sectores que lo habían acogido en su seno. Bien entrado el periodo presidencial de Remón, se sintió entre las clases dominantes cierta incomodidad con la creciente dominación del presidente en toda la esfera económica y política del país. Había surgido una nueva generación de empresarios más educados y modernos, que exigían la recuperación de los espacios perdidos y la sustitución de los intermediarios militares que, desde 1947, habían hecho presencia ostensible en la cúpula del poder en Panamá.

Por ello, era de suponer que tratarían de desembarazarse del presidente, quien cubría demasiados escenarios y se corría el riesgo de que pretendiera perpetuarse en el poder. El proceso evolutivo de Remón que hemos venido describiendo hace un alto trascendental cuando se convierte a la Policía en una Guardia Nacional en diciembre de 1953. Una guardia nacional que recibía fuertes remesas del presupuesto estatal y de las fuerzas armadas de los Estados Unidos.

Las reformas dan cabida en la institución a hombres de todos los sectores sociales, leales a su dirigente. Esta política incluyente le dio tranquilidad y confianza para actuar con manos libres en los asuntos políticos y económicos del país. Al retiro de Remón de la comandancia, dejó al mando a Bolívar Vallarino. Este, procedente de las clases pudientes, estudió milicia en Perú.

Ambos estaban incrustados en los intereses de los grupos oligárquicos, por lo tanto no se pueden desligar de la alianza político-económica que habían concertado ellos y la institución. Aunque Remón declaraba frecuentemente que no tenía intenciones de mantenerse en el poder más allá de su periodo presidencial, no pocos creían lo contrario:

Unos días antes de la firma del Decreto que crea oficialmente la Guardia Nacional, Remón asciende a Saturnino Flores, como segundo comandante y a Timoteo Meléndez como tercer comandante. Flores y Meléndez eran oficiales sin título, pertenecientes a la etnia negra, muy allegados al Policía de base y a los sectores pobres de la ciudad. Debemos recordar que el Cuartel Central, sede del Comando de la Guardia Nacional estaba enclavado en el popular barrio de El Chorrillo, lo que señalaba que existía una buena relación con la gente del entorno social. El Periódico oposicionista La Hora, perteneciente a la familia Arias Madrid, apareció el 2 de abril de 1952, un mes antes de la elección de Remón, con un titular que reproducía a otro diario estadounidense, The New York Times así: “La policía de Panamá es el ejército privado de Remón” y agrega: “Remón no tiene dudas de su victoria, lo que es razonable, ya que la Policía Nacional, la única fuerza armada de Panamá, es como un ejército privado del Señor Remón”.

 

 

III

 

Existían indicios de que meses antes del asesinato del presidente, en algunos círculos se conocía que se estaba fraguando un complot para eliminarlo. El propio Remón y el comandante de la Guardia Nacional, Bolívar Vallarino, sabían que se intentaba acabar con su vida. A ambos se les informó pero no le dieron importancia. En su obra monumental titulada El extraño asesinato del presidente Remón, José Ramón Guizado, implicado como autor intelectual del crimen, sostiene que:

[…] el presidente Remón conocía desde el 11 de noviembre (de 1954), que existía un complot contra su vida […] Que era igualmente conocido por el coronel Vallarino, jefe de la Guardia Nacional, y ahora tenemos que también el mayor Timoteo Meléndez, Tercer Jefe de la Guardia Nacional, también conocía con anticipación del complot donde podía ser ultimado el presidente Remón. Según las versiones, el asesinato se había planeado para la semana de navidad pero fue pospuesto porque se había anunciado que Remón iba a firmar el nuevo Tratado. (1994).

El comandante Bolívar Vallarino al prestar declaración, en fecha posterior sobre el asesinato, dijo que “El Coronel Remón me informó a mí, en una ocasión que me cuidara porque le habían informado que nos querían eliminar a los dos. Esto fue por el mes de noviembre de 1954”.

El 3 de enero de 1955, día siguiente al asesinato, el señor Roberto Heurtematte, declaraba en Estados Unidos que el presidente Remón sabía que había un plan para asesinarlo. Eso indica, si se dan por ciertas las declaraciones del señor Heurtematte, que había una pista sobre el misterioso asesinato.

La prensa nacional había publicado que el sacerdote Pérez Herrera, párroco de la iglesia de San Francisco de la Caleta, le había comunicado al presidente que había un complot para asesinarlo. Mediante información suministrada por el diputado Hugo Torrijos se supo que el presidente no le dio importancia al asunto y declaró que

no piensa que pudieran existir enemigos que llegaran a atentar contra su vida, por cuanto él siempre consideró que estaba haciendo una buena obra de gobierno. El señor Eduardo Grau (considerado públicamente como un hombre serio y profesional de prestigio en la banca y en los seguros) declaró que el 8 de diciembre de 1954, sostuvo una conversación con Rubén Miró en la que este le informó sobre un complot para atacar al Gobierno de Remón. Luego, el señor Grau se lo comunicó formalmente al comandante Vallarino.

José Antonio Remón Cantera fue asesinado el domingo 2 de enero de 1955, entre las 7:30 y las 8 de la noche. Tras una tarde dominical espléndida, refrescada por la brisa que suele anunciar la entrada del verano, estaba rodeado de sus amigos, halagado por los éxitos en las carreras, las felicitaciones y bueno augurios de Año Nuevo.

Tenía 46 años de edad. El crimen ocurrió en el hipódromo de Juan Franco, lugar donde Remón asistía asiduamente porque era seguidor de las carreras, además de propietario de caballos. El viejo hipódromo estaba ubicado en la finca del mismo nombre, perteneciente a la familia De Obarrio. Esa tarde Valley Star, una yegua de su propiedad, ganó la penúltima carrera y Remón se quedó un tiempo adicional para celebrar.

Remón se había ubicado en un palco brillantemente iluminado en el interior pero con absoluta oscuridad alrededor y ausencia de vigilancia exterior. Remón, como todos los gobernantes panameños de las décadas del treinta al cincuenta, tenía una vida sencilla, apacible y alejada de los complejos sistemas de seguridad y de los protocolos propios de la modernidad.

El presidente frecuentaba lugares públicos (hipódromos, jardines, cantinas, estadios, etc.) donde departía con amigos y parroquianos. Con frecuencia andaba sin escolta alguna, lo cual lo convertía en un blanco exquisito para cualquier agresor. Estaba casado con Cecilia Pinel Martín, hija de un comerciante adinerado de origen español. Días antes del asesinato, su esposa había viajado a la Florida, en compañía de altos funcionarios del Gobierno entre los que se encontraba el segundo vicepresidente, Ricardo Arias Espinosa. Chichi, como le conocían sus amigos, el hombre fuerte de Panamá, cayó abatido por ráfagas de ametralladora disparadas desde muy cerca.

Estaba en la Casa Club del hipódromo en compañía de varios amigos personales y políticos. Así terminó la vida del político más poderoso del país, que había logrado, rápidamente, un dominio total de los resortes del poder público, puso en su puño las facciones políticas oligárquicas y dibujó una fachada populista que lo hizo sentir ante las masas desinformadas como un adalid de la democracia. El país sufrió un sobresalto momentáneo. La noticia se divulgó en el área citadina de inmediato. En un país en el que los acontecimientos trascendentales eran escasos, se provocó un revuelo. Algunos ciudadanos se presentaron al hospital Santo Tomás para conocer los detalles. Nunca hubo un plan de contingencia por parte de la seguridad. El cuerpo del presidente fue recogido del piso de la Casa Club del hipódromo y

[…] trasladado, en su propio automóvil, por su propia gente, bañado en sangre, desgarrado, sucio, con los bolsillos vacíos, desvalijado en el camino, ingresa en el quirófano común, el hombre que hasta ese momento podía considerarse el más aclamado, quizás el más temido o el más amado, en el pequeño mundo panameño. (Romeu, 2000, p. 19).

Nadie fue detenido en el lugar. Los guardaespaldas del presidente estaban entretenidos jugando dominó y solo dispararon instintivamente luego de las ráfagas asesinas. Todos pensaban que eran cohetes. En el momento del ataque ocurría un cambio de guardia en el Cuartel Central de la Policía, motivo por el cual la respuesta a los llamados de auxilio tardó. Por considerarla una narración muy clara y trascendente, present mos a continuación la forma en que ocurrieron los hechos del 2 de enero de 1955, según aparece en la obra del ingeniero Guizado (1964):

Era generalmente sabido que el grupo hípico amigo del Presidente, que éste concurría al Hipódromo con seguridad cuando corría uno de sus caballos y que se quedaba celebrando hasta tarde con sus amigos… El día 2 de enero corría una yegua de propiedad del Coronel Remón […] y el Presidente permaneció en su palco tomando champaña con sus acompañantes. Era así mismo bien sabido y conocido por las personas que guardaban contacto con la Guardia Nacional, que a las 7:30 de la noche los radiopatrullas de esa institución se recogían en el Cuartel Central para de allí salir, después de cambiado el turno […] A las 7:30 de la noche no había un solo radiopatrulla en Juan Franco custodiando al Presidente […] A las 7:30 disparaban y mataban al Presidente.

Entre las personas que se encontraban con el Presidente no había uno que perteneciera a la Guardia Nacional. Los muertos fueron: El Presidente Remón, quien murió instant neamente. El señor Antonio Anguizola, murió días más tarde en el hospital (el día 14 de enero), el señor José Peralta quien murió al ser herido por la espalda al correr hacia el Presidente y el señor Danilo Sousa quien muere unos minutos después, en un incidente confuso. Fueron heridos los señores Borrell y de Obarrio, este último Gerente del Hipódromo.

El señor Borrell al sentirse herido trata de escaparse, sale por la puerta principal y se encuentra con dos hombres junto a una camioneta; estos hombres se niegan a prestarle ayuda… ¿Quiénes eran esos dos hombres y que se hizo esa camioneta? Nunca se ha sabido y nadie se ha tomado el trabajo de investigarlos […] El Bar del Hipódromo de Juan Franco había sido arrendado al Tte. Coronel Arosemena de la Guardia Nacional y el empleado cantinero había dejado el teléfono descolgado, hacía poco que este teléfono había sonado y el cantinero había contestado.

 

El caso de la llamada al teléfono de la cantina en Juan Franco minutos antes de los disparos ha sido muy comentada, no se ha podido saber quien llamó, o por qué dejaron descolgado el auricular. En la obra de Juan Materno Vásquez, Anatomía de una infamia aparece otra narración que contiene algunos elementos adicionales. Esta relación pertenece al jefe de los escoltas de Remón, el señor Tomás Royal Perry, quien declara lo siguiente:

Después que terminó el programa de carreras, hoy en el hipódromo Nacional, el excelentísimo señor Presidente Remón, y otras personas se quedaron en el Club House, situado en una equina de la planta baja. Con el señor Presidente estaban el señor Antonio Anguizola, don Pitin de Obarrio, Alfonso Pérez, Olga Yanis y Thelma King.

Cerca de ellos nos encontrábamos Tomás Giscome, Germán Harding, Marcelino de Obaldía, el juez nocturno de Policía Antonio Santamaría y yo. Como a la hora, más o menos, de encontrarnos en el lugar indicado, sentimos una ráfaga de tiros de ametralladora e inmediatamente tratamos de llegar hasta el Presidente para protegerlo, pero enseguida sentimos otra ráfaga de tiros de ametralladora y luego otra.

El presidente quien se encontraba parado de espaldas, cayó herido y lo mismo don Antonio Anguizola y don Pitin de Obarrio, creo yo. José María Peralta, quien también estaba en el lugar, resultó herido en la segunda descarga. Thelma King desapareció desde la primera descarga. Olga Yanis me ayudó, lo mismo que mis compañeros de la Secreta, el Juez Santamaría y Alfonso Pérez, a levantar al Presidente, para conducirlo en su mismo carro al Hospital Santo Tomás. Los disparos no salieron de un solo lugar, sino de varios, no pudiendo ninguno de nosotros distinguir en la oscuridad de la noche el sitio desde donde salían, llenos de matas, la persona o personas que lo hacían. (1987).

La versión oficial que nos presenta el médico forense, y que concuerda con la versión de la Policía. Establece que una sola bala mató al presidente al ser disparado desde el plano inferior del piso de la caseta donde estaba Remón. Según esa versión, el proyectil de 9 mm, procedía de una ametralladora Schmeisser, supuestamente utilizada por Miró. La versión oficial dijo que le bala fue disparada de arriba hacia abajo, penetró por la región lumbar derecha y mató a Remón instantáneamente sin dejar agujero de salida. Sin embargo durante la audiencia de Miró sale a relucir otra realidad. Los exámenes de balística realizados por el experto Shelley Braverman determinan, según su opinión que “dos ametralladoras fueron usadas en este asunto” además, se utilizó una pistola automática (la que dio muerte a Danilo Sousa). Según él, dos disparos le habían hecho al Presidente Remón, y que solo una bala le había dado, Los técnicos en balística adujeron que dos balas entraron al cuerpo del Presidente.

La camisa del Presidente tiene dos huecos de entrada de proyectil. (Ver Guayabera que llevaba el occiso). (Guizado, 1964, p. 277).

A las 3 de la madrugada del día 3 de enero, en la Asamblea Nacional, se posesionó al primer vicepresidente, José Ramón Guizado, como nuevo mandatario del país. A las 5 de la madrugada llegaron en vuelo especial desde Florida la Señora Cecilia Pinel y el segundo vicepresidente, Ricardo Arias Espinosa. Se acordó inmediatamente que el sepelio del presidente se efectuaría el mismo día, a las 5 de la tarde.

Mientras tanto, su cadáver sería trasladado a la catedral Metropolitana para rendirle los honores correspondientes. Las garantías constitucionales fueron suspendidas. Se inicia un proceso nacional de detenciones indiscriminadas por parte de la Policía Secreta y de la Policía Nacional. Más de cien ciudadanos de todos los sectores sociales del país fueron a dar a la cárcel. Arnulfistas, izquierdistas, periodistas, sindicalistas, intelectuales, etc. (Arnulfo Arias (detenido en la cárcel de David) Diógenes De la Rosa, Jorge Luis Lamela, Aristides Vernaza, Thelma King, Olga Yanis, Luis Restrepo Rosas, Roberto Anguizola, y muchos ciudadanos más.

Hasta un borrachito de Chitré, apodado Chingo, que en su “juma”, declaró haber sido el autor del crimen de Remón fue conducido a la cárcel e interrogado. La mayor parte de los detenidos fueron dejados en libertad al momento que las investigaciones dieron un giro inesperado. (Según declaración del sargento Julio Santamaría, quien llegó al lugar del crimen en un radiopatrulla y ayudó a levantar al presidente, el comandante Timoteo Meléndez, tercer comandante de la Guardia Nacional, le ordenó que fuera a buscar a Arnulfo Arias y lo matara). Arias no se encontraba en la ciudad de Panamá.

Merecen atención especial las detenciones de los hermanos Carlos y Rubén Miró Guardia. Carlos Miró hizo declaraciones que comentaban sobre la compra de una ametralladora por su hermano. Rubén, fue detenido el 6 de enero, pero puesto en libertad dos días después por falta de pruebas.

Fue detenido nuevamente el 11 de enero. También llamó la atención la detención del estadounidense Irving Martin Lipstein, ocurrido el día 3 de enero en el aeropuerto internacional de Tocumen, quien había llegado el día anterior, 2 de enero, al país procedente de Venezuela. Lipstein quedó varado en el aeropuerto cuando se suspendieron todos los vuelos al momento del asesinato del presidente.

Un policía lo detuvo al mostrarse extremadamente nervioso al no poder salir del país. El día 12 de enero de 1955, Rubén Oscar Miró confesó haber cometido el crimen de Remón afirmando que: “Indudablemente, Panamá no es terreno abonado para una dictadura”. Dijo, haber actuado solo y movido por el deseo de desmantelar el andamiaje de una dictadura que el occiso estaba montando, al estilo de la imperante en Nicaragua”. Aclaró que asesinó al presidente con una ametralladora que compró a José Edgardo Tejada (un cadete recién llegado de Guatemala), la cual, luego de cometer el crimen tiró en la bahía de Panamá (frente a la playa de Santo Domingo). El arma nunca se encontró en ese lugar, a pesar que Miró dirigió la búsqueda.

Fue encontrada, finalmente, en la casa de los padres de Miró. Implicó, además, como coautores materiales a Luis Carlos Hernández y Camilo González. Teresa Castro (supuesta amante de Miró) fue implicada como encubridora y Alfonso Hyams que según él, fue el conductor del auto utilizado para llegar al hipódromo. Miró detalló que, faltando 25 minutos para las 8 de la noche, disparó dos ráfagas de la ametralladora contra el presidente, en 30 segundos. Dos días después, el 14 de enero, Miró, amplía su declaración indagatoria e implica al presidente José Ramón Guizado, al comerciante Rodolfo de Saint Malo y José Nieves Pérez como sus cómplices y autores intelectuales del crimen. Miró declaró ese día, durante la ampliación, que:

A mediados del mes de noviembre de 1954, el actual Presidente Guizado lo hizo llamar a su despacho en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Estuvo en ese Ministerio donde se encontró en la planta baja con el Ministro Guizado, conviniendo verse el próximo sábado. Cuando regresó a la cita con Guizado fue recibido por el Ministro y conversaron durante 15 minutos. Que días antes de la entrevista con el Ministro en la Cancillería se había entrevistado con el Señor Rodolfo de St. Malo y hablaron de sus planes revolucionarios durante dos o tres entrevistas.

Que con el señor St. Malo arregló que por su acción criminal debería ser nombrado Ministro de Gobierno y Justicia. Que al finalizar el año 1954 le remitió un telegrama de felicitaciones a Guizado […] asegurándole que el año 1955 sería su año cumbre. Que el Señor St. Malo lo llamó el día 3 a su residencia y le recibió diciéndole: “Parece que todo ha salido bien”. Que al no ser nombrado en el tiempo que se debía hacer fue a la oficina de St. Malo a reclamar y este le dijo que no había podido entregarle el papelito con la lista del gabinete a Guizado…

En su obra ya citada, Guizado (1964) narra así, en qué consistía la acusación de Miró:

[…] el Licenciado Rubén Miró, renovador a quien yo había conocido unos cuatro años antes con relación a asuntos políticos […] El señor Miró vino a mi oficina y se presentó, ofreciéndome su apoyo político, lo cual naturalmente había aceptado gustoso. Meses después el señor Miró me solicitó un pequeño préstamo que le concedí en dinero y que nunca llegó a cancelar totalmente […] Durante las elecciones a diputados le solicité un favor a Miró que beneficiaría a un amigo mío aspirante a una suplencia a diputado y Miró me lo negó […] Un día me solicitó audiencia cuando yo desempeñaba la cartera de Relaciones Exteriores para un asunto, según él, de gran importancia. Yo no quise recibirlo y le mandé decir que regresara en otra oportunidad, pues me encontraba sumamente ocupado […] Miró insistió verme aunque fuese por breves minutos y mi secretaria particular me pidió lo recibiera, porque le estaba haciendo perder tiempo a ella y otro personal de antesala con su charla. Recibí a Miró brevemente, diciéndole que no podía concederle más de diez minutos […] Miró me refirió que él sabía que Remón quería reelegirse y que muchos diputados estaban disgustados con el Presidente […] Al despedirse me dijo que yo sería el próximo Presidente cosa que no era la primera vez que se me decía […] Añadió riéndose que cuando yo fuese Presidente no me olvidara que él desearía ser mi ministro de Gobierno. Ante tamaña tontería no hice más que reírme a mi turno y allí terminó la entrevista.

El día 15 de enero de 1955, a las tres de la tarde, al presidente se le comunicó orden de arresto formal por autorización de la Asamblea Nacional. Fue recluido en la cárcel Modelo. Se le dio posesión inmediatamente al segundo vicepresidente, Ricardo Arias Espinosa. La Asamblea Nacional, en una decisión controvertida, se convirtió en tribunal de Justicia para juzgar al presidente.

En vista de la autoincriminación del licenciado Miró y la implicación de otro grupo de personas, el resto de los detenidos fueron puestos en libertad. Las autoridades habían ofrecido una recompensa de 100 000 balboas a quien diera información sobre el asesino del presidente. Se organizó una colecta pública con este propósito. El dinero fue devuelto a los donantes cuando se encontró al supuesto culpable.

Es necesario anotar aquí que el presidente Guizado, cuando nada lo incriminaba, había ordenado la contratación de expertos investigadores extranjeros, por cuenta del Gobierno, y a la par designó una comisión investigadora. Llegaron a Panamá, con ese propósito, el doctor Israel Castellanos, criminólogo de Cuba, un grupo de investigadores venezolanos y dos inspectores de la policía de Nueva York. El estadounidense Lipstein, que fue detenido en el aeropuerto y contra quien se establecieron graves indicios de su participación en el crimen, fue misteriosamente liberado el 10 de enero de 1955.

El comandante Vallarino declaró durante el juicio a Miró que Lipstein fue dejado en libertad por orden de Alejandro Remón Cantera, con base en las gestiones que venía realizando la embajada de los Estados Unidos. Las sospechas sobre Lipstein se fundaban en lo siguiente: su extraña llegada al país el día 2 de enero y sus raros movimientos hacia y desde la ciudad entre las seis de la tarde y once de la noche; la presencia de nitrato de pólvora en su ropa y cuerpo; su ropa sucia y presencia de señales de haber estado en algún potrero, hechos que no pudo explicar; su nerviosismo cuando se decretó el cierre de los aeropuertos nacionales.

Era un aventurero que viajaba sin pasaporte, de escasos recursos económicos que se ganaba la vida como maestro de educación física, ocasionalmente. Además, llamó mucho la atención el procedimiento de orden de libertad sin pasar por los trámites normales y la participación de la embajada estadounidense en dichos trámites. Se mantuvieron las detenciones de Rubén Oscar Miró (autor confeso), José Edgardo Tejada (cadete dueño del arma homicida), Luis Carlos Hernández (cadete, colaborador), Camilo González (cadete, colaborador) Teresa Castro (involucrada por Miró como encubridora y supuesta amante.

La señora Castro negó ser su amante y dijo que ese hombre destruyó su vida) y Alfonso Hyams (conductor del vehículo). Todo esto, de acuerdo con la confesión de Miró. También se mantuvieron las detenciones de Guizado, del ingeniero St. Malo y Nieves Pérez, los tres, incriminados por Miró como autores intelectuales. A Nieves Pérez se le liberó al no encontrarse suficientes elementos probatorios para llevarlo a juicio. A José Ramón Guizado lo juzgó la Asamblea Nacional, en funciones judiciales.

Fue condenado por la Asamblea Nacional el día 29 de marzo de 1955. Según la sentencia “se le comprobó su autoría intelectual, en grado de cooperación especial”. Se le condenó a la pena de seis años y ocho meses de reclusión y a la pena accesoria de interdicción para ejercicio de funciones públicas por igual término, más el pago de costas y gastos procesales. Cuarenta y tres diputados votaron a favor de la condena y ocho se abstuvieron(1).

1. Importante información y detalles sobre la actuación de los diputados en las sesiones secretas de la Asamblea Nacional en el juicio contra Guizado fueron obtenidas de la publicación de la obra titulada El proceso Guizado (Un alegato para la historia) de Carlos Iván Zúñiga (1957).

El expresidente Guizado siempre defendió su inocencia. Negó rotundamente vinculación o asociación con Miró. Rechazó indignado la implicación que este hizo y la calificó como una diabólica trama contra su persona. El resto de los implicados: Miró, St. Malo, Tejada, González, Hernández, Castro y Hyams fueron juzgados por un jurado de conciencia en la Sala de Audiencias de la Corte Suprema de Justicia. El juicio se inició el 21 de octubre de 1957 y se cerró con un fallo absolutorio para todos, el 6 de diciembre de 1957 (casi tres años después del crimen).

En medio de un ambiente cargado de emoción, el magistrado Vitelio de Gracia, presidente de la audiencia, leyó el veredicto del jurado de conciencia que absolvía por unanimidad a todos los acusados del crimen de Juan Franco. Inmediatamente se adoptaron las medidas del caso para que los señores Miró, St. Malo, Tejada, Hernández, González y Hyams recuperaran su libertad. La señora Teresa Castro gozaba de fianza. Hubo manifestaciones de júbilo en las calles aledañas al tribunal. Como consecuencia de que los imputados como autores materiales habían sido declarados inocentes, la Corte Suprema de Justicia declaró nula la sentencia contra el expresidente Guizado y ordenó su libertad. Al despuntar el mes de enero de 1955, luego de las celebraciones del fin del año, todo en el pequeño mundo panameño era apacible y sosegado. Era un país con escasa población (apenas unos 850 000 habitantes y la población electoral era de unas 200 000 personas) y una dominación absoluta de todos los resortes económicos, políticos y sociales por parte de un grupo selecto de la sociedad que gobernaba y controlaba a una mayoría silenciosa y un tanto conformista.

Las trepidaciones políticas ocasionalmente activaban las alarmas sociales, pero afectando a una minoría que habitaba el centro de la ciudad de Panamá, la cual tenía acceso a los medios de comunicación hablados o escritos o a la plaza pública. Existía una ausencia de liderazgo civil. Luego de las elecciones de 1952, el comandante Remón instauró un régimen fuerte controlado por el presidente, la fuerza pública y los grupos hegemónicos de la sociedad reunidos alrededor de los partidos políticos tradicionales.

Remón inauguró un régimen con un poder abrumador que nunca antes había disfrutado un gobernante en la corta historia política republicana de Panamá. Los grupos oligárquicos que venían desgastados de las décadas de los treinta y los cuarenta quedaron sometidos ante el peso dominante del coronel. El presidente cubría demasiados escenarios y corría el riesgo de perpetuarse en el poder. Tenía todas las condiciones. Poseía el control absoluto del país y tenía muchos ejemplos imitables muy cerca (Nicaragua, Guatemala, Colombia, República Dominicana, etc.). Alguien, fácilmente podría entender que esos grupos tradicionales acostumbrados al usufructo total del poder económico nacional podrían pensar que fuera necesario desembarazarse de Remón.

En primer término, es comprensible que cuando un individuo logra una cifra de poder personal tan inmenso como el que pudo conjugar José A. Remón, su influencia determinante en la política del país solo puede cancelarla con su muerte […] A su voluntad omnímoda nada se oponía, ni nada podía oponerse, y solo la muerte de Remón podía descontar su voluntad. Remón era una expresión personal de un proyecto de dictadura criolla en Panamá, que su muerte ha desvanecido, sin dejar herederos conspicuos. (Ricord, 1962, p. 23).

 

Remón gobernó algo más de dos años. Lo mataron en pleno goce de sus poderes. El pueblo le respetaba pero también le temía. Luego del asesinato, la vida cotidiana del panameño pronto volvió a la normalidad. Nadie se manifestó, nadie realizó una protesta ni una exigencia por su esclarecimiento. El diario La Nación, cuyo principal accionista era Remón, publicó a escasos cinco días del asesinato un editorial en el que se leía:

Que cada quien se dedique a sus tareas habituales en la seguridad que todo los órganos del Estado y las autoridades correspondientes, están firmemente determinadas a que los hechos se esclarezcan y los culpables sean descubiertos y castigados. Volvamos pues, pues al ritmo normal del trabajo y a la vida productiva… (Ricord, 1962, p. 26).

Es que los políticos criollos no tenían un mayor arraigo en la población. Sus constantes conflictos, contradicciones y sus luchas por el poder no permeaban en la mayoría de la sociedad panameña y constituían meras representaciones teatrales que eran conducidas a través de los medios de comunicación para el consumo de sectores muy específicos. En realidad sus nexos con la población eran ocasionales, formales e interesados. Los medios de comunicación, controlados por dos o tres familias poderosas, divulgaban los hechos de acuerdo con sus intereses políticos y de clase.

Es de notar que la oligarquía mantuvo al pueblo distanciado de toda participación en los hechos acaecidos desde el 2 de enero de 1955 en adelante; la oligarquía, ni siquiera en sus facciones descontentas atacó a Remón muerto, tal vez por estar reciente el pánico a Remón vivo… (Ricord, 1962, p.26).

En su edición del día 2 de enero de 1956, a un año del asesinato de Remón, la Revista “18” expresaba: “No habrá sosiego en la República hasta que se logre convencer al pueblo de que se ha llegado a la verdad transparente, a la verdad verdadera, en los aciagos sucesos del 2 de enero de 1955”. A sesenta años del hecho, esta duda razonable continúa vigente en parte de la población panameña.

 

Referencias bibliográficas

Periódicos nacionales

El Panamá América. 1957 (enero, febrero y marzo), 1955 (octubre, noviembre y diciembre).

La Estrella de Panamá. 1955 (enero, febrero y marzo), 1957 (octubre y noviembre).

La Hora. 1955 (enero y febrero), 1957 (octubre y noviembre).

La Nación. 1947 (diciembre), 1952 (mayo y octubre), 1955 (enero, febrero y marzo).

Libros

Araúz, C. & Pizzurno, P. (1993). Historia de Panamá: Historia Republicana. 32, 33, 34. Panamá La Prensa.

García, P. (2001). Panamá y los Estados Unidos: una historia de lucha por el perfeccionamiento de la soberanía nacional. Panamá: CPH.

Gasteazoro, C. M.; Araúz, C. & Muñoz Pinzón, A. (1979). La historia de Panamá en sus textos, t. II, Panamá: Editorial Universitaria.

Guizado, J. R. (1964). El extraño asesinato del presidente Remón, Barcelona.

LaRae Pippin, Larry (1957). The Remón Era: An Analysis of a Decade of Events in Panamá 1947-1957. E. Chaquío [trad.] La era Remón: un análisis de los acontecimientos en Panamá a lo largo de una década, Stanford University.

Linares, J. E. (1989). Enrique Linares en la historia política de Panamá, Panamá.

Pearcy, T. L. (1998, noviembre). “La Generación del 31 en Panamá”, Revista Humanidades, pp. 109-131.

Ricord, H. (1962). La oligarquía en el banquillo de los acusados. Cinco ensayos. México D. F.

Romeu, J. V. (2000). Del caso Remón-Guizado, Panamá: INAC.

Torres Abrego, J. E. (2001). Población economía y sociedad en Panamá, 2a. parte, Panamá: EUPAN.

Vásquez, J. M. (1987). Anatomía de una infamia, Panamá.

Zúñiga, C. I. (1957). El proceso Guizado (un alegato para la historia), Lima: Talleres Gráficos Eetsa.

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