La invasión de 1989: análisis crítico
On junio 21, 2017 | 0 Comments

Por Luis Navas P.

 

El 20 de diciembre de 1989 los Estados Unidos invadieron Panamá, ejecutaron la agresión militar denominada Just Cause (Causa Justa) en la que emplearon 26 000 hombres, aviones sofisticados, helicópteros y armas de última tecnología, muchas de las cuales no se habían utilizado nunca antes en acciones reales. En las primeras trece horas se arrojaron 422 bombas de tal magnitud que sus explosiones quedaron registradas en el sismógrafo de la Universidad de Panamá.

El presidente George Bush anunció horas después en televisión que eran cuatro los objetivos de esa operación. Todos eran violatorios de normas del derecho internacional, contempladas en las cartas constitutivas de la oeA y la onu. También, eran una abierta violación a los tratados TorrijosCarter, firmados y ratificados una década antes.

 

Antecedentes

El 7 de septiembre de 1977 en la sede de la oeA, en Washington, D. C., ante la presencia casi total de los mandatarios de los Estados miembros de esa organización, como testigos de honor, se firmaron dos tratados: uno sobre el Canal y el otro sobre su neutralidad permanente.

Antes los senadores ultraconservadores impusieron dos enmiendas peligrosas. La de Dennis DeConcini y la de Sam Nunn. La primera dio lugar a la interpretación de que los Estados Unidos podían reservarse el derecho a la intervención militar (si se produjera amenaza y fuera necesario para garantizar el libre tránsito por el Canal), mientras que la otra obligaba al presidente estadounidense a negociar con Panamá el establecimiento de bases militares después del 2000, fecha en la que solo la República de Panamá contaría con fuerzas armadas y sitios de defensa en su territorio (artículo V del tratado Concerniente a la Neutralidad Permanente del Canal y al Funcionamiento del Canal de Panamá).

Desde 1933, en la Séptima Conferencia Panamericana efectuada en Uruguay, se reconoció el principio de no intervención, el mismo que está recogido en la Carta de la ONU de 1945 y en la de la OEA de 1948. Aunque el peligro de volver a las prácticas intervencionistas era y es real, en aquel momento se aceptaban las enmiendas senatoriales o no había tratados. Los grandes consorcios económicos, financieros y armamentistas prepararon la contraofensiva y para ello se apoyaron en los neoconservadores de los Estados Unidos.

Con los auspicios de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la ultraderechista Heritage Foundation, se reunieron en la capital de Nuevo México y elaboraron un programa denominado Santa Fe I. Lo primero que hicieron fue denostar la política del presidente Carter, sus postulados sobre los derechos humanos, el respeto a la diversidad política, la autodeterminación y la no intervención.

El encargado de ejecutar Santa Fe I sería el Gobierno de Ronald Reagan, triunfador de las elecciones de noviembre de 1980. Antes de las elecciones de los Estados Unidos se inició la persecución. En marzo de 1980 asesinaron a monseñor Óscar Arnulfo Romero en El Salvador.

El 2 de junio de 1980 se presentó un atentado de aviación, que dejó como único sobreviviente al dirigente boliviano Jaime Paz Zamora. Ya con Reagan en el poder, el 24 de mayo de 1981 murió el presidente ecuatoriano Jaime Roldós en un accidente de aviación; el 7 junio perdió la vida, también en un accidente aéreo, el general del ejército peruano Rafael Hoyos Rubio y el 31 de julio pereció a bordo de una aeronave el general de brigada Omar Torrijos Herrera. Tales muertes no podían pasar desapercibidas y las denunció en Suecia Gabriel García Márquez en su extraordinario discurso de aceptación del Premio Nobel 1982. (“La soledad de América Latina”):

No hemos tenido un instante de sosiego. Un presidente prometeico atrincherado en su palacio en llamas murió peleando solo contra todo un ejército,(1) y dos desastres aéreos sospechosos y nunca esclarecidos segaron la vida de otro de corazón generoso, y la de un militar demócrata que había restaurado la dignidad de su pueblo(2)… (énfasis fuera del original).

1. Salvador Allende.
2. Se refiere a Roldós y Torrijos.

 

Infortunadamente, en el seno de la Guardia Nacional surgió una corriente que dispuso repartirse la herencia política del comandante Torrijos enrumbando al país por un camino totalmente distinto al que su comandante había propuesto al iniciar el llamado “repliegue de los militares a sus cuarteles”. Los coroneles Rubén Darío Paredes, Armando Contreras, Manuel Antonio Noriega y Roberto Díaz Herrera pactaron en marzo de 1982 el reparto y la rotación del poder político y la dirección militar.

En ese orden de prelación el primero ocuparía la presidencia mientras que los tres restantes ocuparían la jefatura militar hasta 1988. Defenestraron al coronel Florencio Flórez y a los teniente coroneles Armando Bellido y Manuel J. Araúz. La temporal alianza de los cuatro no perseguía el propósito de velar por las conquistas sociales o la defensa del cumplimiento del tratado Torrijos-Carter y su programa de descolonización.

Siguiendo este plan, en abril Paredes ascendió a general de brigada y el 31 de julio, en medio de los actos conmemorativos del primer aniversario de la muerte del general Torrijos, fue obligado a renunciar el presidente Aristides Royo. Tales acciones ocurrieron estando en su apogeo el conflicto armado en Centroamérica.

La administración Reagan arreciaba sus acciones abiertas y encubiertas contra el sandinismo en Nicaragua. Antes de morir, Torrijos utilizando el enorme prestigio e influencia que había ganado en la región, venía haciendo esfuerzos por una solución negociada y pacífica en El Salvador y en Nicaragua.

Las incoherencias y contradicciones de la política exterior de los Estados Unidos en esos momentos reflejaban la lucha que tenía lugar al interior del Gobierno. Los neoconservadores se apoyarían en Reagan, con serias limitaciones intelectuales, razón por la cual el poder real lo ejercían, según Bob Woodward (1988), James Baker III, el jefe del equipo; Richard G. Darman, el ayudante del presidente y Michael K. Deaver, jefe de equipo adjunto.

Ellos regulaban lo que Reagan hacía o decía. Al secretario de Estado George Shultz y al secretario de Defensa Caspar Weinberger se les ocultaba información. Ambos tenían objeciones frente al involucramiento a fondo de las fuerzas armadas estadounidenses en las guerras de Centroamérica.

El 8 de noviembre de 1982 la revista estadounidense Newsweek, con el título “La guerra secreta de Estados Unidos. Objetivo: Nicaragua”, develaba el apoyo logístico y de infraestructura para armar y entrenar a los somocistas y derrocar el Gobierno de Nicaragua. Con ese propósito se designó a John Negroponte como embajador en Honduras, país que serviría de plataforma logística del plan.

La denuncia de la revista afectó sensiblemente la impunidad con la que los neocom enquistados en el aparato gubernamental de los Estados Unidos venían violando las leyes internacionales y del propio Estado. La réplica fue inmediata. El congresista Edward Boland logró aprobar, el 8 de diciembre de 1982, en el pleno de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos con 411 votos a favor y 0 en contra, una reforma que prohibía al Departamento de Defensa y a la CIA proporcionar equipo militar, entrenamiento o asesoría con el propósito de derrocar al Gobierno de Nicaragua (Astié Burgos, 1998).

La reforma de Boland no frenó las arbitrariedades. A partir de ese momento actuarían por encima de la ley. Su versión fue que no les interesaba derrocar al Gobierno sandinista sino impedir que los sandinistas siguieran abasteciendo de armas a la guerrilla salvadoreña. Reagan se vio obligado a dar explicaciones y argumentar que los Estados Unidos no podían abandonar a los luchadores por la libertad, a los contras. (un grupo organizado y financiado desde diciembre de 1981 por la CIA).

Los planes de los Estados Unidos de desalojar violentamente a los sandinistas del poder y exterminar toda disidencia en Centroamérica iban en contravía del cumplimiento de los tratados TorrijosCarter, que implicaban el desmantelamiento gradual del aparato militar estadounidense instalado en las riberas del Canal, que servía de apoyo logístico y de inteligencia a sus operaciones en Centroamérica, el Caribe y el resto del continente.

 

Reactivación del Grupo de Contadora

Bajo este clima de crecientes presiones, se realizó en noviembre de 1982, en el hotel Washington de la ciudad de Colón, una reunión del general Paredes con un grupo de dirigentes del movimiento popular. Paredes estaba acompañado por el coronel Díaz Herrera y el doctor Rómulo Escobar Bethancourt.

Fue una reunión franca y por momentos crispante. En ella propuse aunar esfuerzos con los Gobiernos de México, Colombia, Venezuela y, en Europa, los Gobiernos y partidos socialdemócratas de Francia, Alemania y España como mecanismo para salir del asfixiante círculo de presiones guerreristas.

Días después Panamá propuso ser sede de la reunión de cancilleres de los países que en 1975 se convirtieron en el grupo de apoyo a las negociaciones de Panamá con los Estados Unidos y que el 7 de enero de 1983 se constituyó formalmente en lo que vino a llamarse el el Grupo Contadora, que era un esfuerzo de los propios latinoamericanos por propiciar una salida negociada y pacífica al conflicto centroamericano. Como respuesta a esta iniciativa pacificadora, los Estados Unidos organizaron maniobras militares conjuntas con el ejército hondureño(conocidas como Big Pine I).

El 17 y 18 de julio se reunieron en Cancún los presidentes de Venezuela, Colombia, Panamá y México, el país anfitrión, y se emitió una declaración en la que se instaba a proscribir el uso del territorio de unos Estados para acciones políticas y militares en contra de otros y erradicar el trasiego ilegal de armas. A esto los Estados Unidos respondieron con otros ejercicios militares en Honduras (el Big Pine II).

El martes 14 de septiembre de 1982 los diarios de Panamá anunciaban la llegada del nuevo embajador de los Estados Unidos, Everett Ellis Briggs. Con solo tres meses en el país, el 17 de febrero de 1983 se dirigió al cuartel de la Guardia Nacional de Colón y exigió ser recibido por el jefe de la zona de la provincia de Chiriquí.

Esa acción del embajador Briggs motivó que el general Paredes lo reprendiera acusándolo de no respetar los procedimientos y de pretender realizar actos propios de las organizaciones de espionaje, y le advirtió que de continuar con esas prácticas, solicitaría su expulsión del país. (La Prensa (20 de febrero de 1983) y Matutino (21 de febrero de 1983).

Sin que nada perturbara el plan pactado por los cuatro coroneles en marzo de 1982, el domingo 24 de abril se aprobó por medio de un referéndum la segunda reforma a la Constitución Política de 1972, que hacía viable que el poder político real volviera, según palabras del general Paredes, a los civiles, a la Presidencia.

El 1 de junio Paredes viajó a Washington para honrar la invitación del Pentágono, en compañía de los coroneles Contreras, Noriega, Justine y Barrera. Antes de partir, Paredes declaró a los medios que Panamá podía contribuir a acabar con la violencia en Centroamérica (Crítica, 1 de junio de 1983).

Allá fue condecorado con la medalla de Legión al Mérito en grado de Comandante. A su regreso al país informó que se habían discutido asuntos militares. Una semana antes de su viaje el diario Crítica, en su edición del miércoles 25, denunció los vuelos espías desde el área del Canal. Ese mismo día el diario Matutino se oponía al uso de la base aérea estadounidense de Howard para ese tipo de misiones en Centroamérica. La Cancillería panameña reiteró que el área del Canal no era para apoyar la violencia (Crítica, 27 de mayo de 1983) en Centroamérica.

Dando la impresión de un viraje en la política de neutralidad y pacificadora del grupo de Contadora, del cual Panamá era integrante, el general Paredes efectuó un viaje a Costa Rica para encontrarse con el presidente Luis Alberto Monge. Paredes utilizó esa breve visita como plataforma para prometer “todo el apoyo de Panamá en caso de agresión (aludiendo a Nicaragua, sin mencionarla)”. También ofreció entrenamiento a la guardia civil de Costa Rica. Resultaba más que evidente la existencia de dos posiciones diametralmente opuestas: la guerrerista impulsada por la administración Reagan y la del bloque latinoamericano aglutinado en el Grupo de Contadora con el apoyo de la socialdemocracia europea.

 

Cunde la división

En diciembre de 1982, tres de los cuatro militares firmantes del pacto de sucesión de Torrijos volvieron a confabular y jubilaron al coronel Armando Contreras. Se afirma que Roberto Díaz Herrera le solicitó al general Paredes que lo ascendiera al rango de general a la par de Noriega, por el temor de ser burlado igual que Contreras. Paredes se negó aduciendo que la institución no soportaba dos generales. Conforme a este criterio, antes de retirarse el 31 de julio de 1983, Paredes ascendió a Manuel Antonio Noriega al rango de general de brigada.

Tratando de revestir de misticismo la decisión organizó con los mandos más importantes una caminata de 12 kilómetros a la comunidad de Coclesito, el sitio simbólico del general Torrijos. Paredes no tuvo que aguardar mucho tiempo para constatar que él era la próxima víctima de la deslealtad y la codicia dentro de las filas de la fuerza pública.

Sin contar con el apoyo prometido del poderoso aparato militar, en los primeros días de septiembre Paredes desistió de sus aspiraciones a la presidencia de la República, aunque después aceptó ser postulado por el Partido Nacionalista Popular. Una vez en la comandancia, el general Noriega no perdió tiempo: transformó la Guardia Nacional en las Fuerzas de Defensa y se convirtió en general de división.

Se esmeró por favorecer la alianza político-electoral de varios partidos con el objetivo de impedir el triunfo del doctor Arnulfo Arias Madrid, abanderado de la oposición. Impidió que el Partido Revolucionario Democrático (PRD) postulara a uno de los suyos e impuso a Nicolás Ardito Barletta, un economista que había sido ministro de Planificación y Política Económica y negociador de los tratados Torrijos-Carter. El triunfo de Barletta fue muy estrecho y Arnulfo Arias denunció que había sido víctima de un fraude. Por razones de reacomodo geopolítico, al Gobierno de Reagan, en especial al secretario de Estado, George Shultz, le parecía más confiable Barletta que el impredecible Arnulfo Arias.

 

CIA: dinero, armas y drogas

En Centroamérica los planes desestabilizadores continuaron. La CIA, en abril de 1984, minó los puertos de Nicaragua y un mes después elaboró un manual donde instruía a los ex guardias somocistas en táctica, métodos terroristas y de torturas. En abril de 1984 el Senado aprobó una resolución no vinculante por 84 votos a favor y 12 en contra, prohibiendo el minado.

La acción más enérgica la dio la Cámara de Representantes en pleno: suspendió todo tipo de ayuda a la contra. Su proponente, una vez más, fue el representante Edward Boland. Esta medida obligaba al Gobierno del presidente Reagan a buscar desesperadamente y en la sombra otras fuentes de financiamiento para su guerra sucia en Centroamérica. Los legisladores se resistían al desconocimiento de su derecho constitucional de declararle la guerra a cualquier enemigo.

El minado era y es una acción de guerra en circunstancias que la CIA tenía expresamente prohibido efectuar cualquier tipo de acción militar o de inteligencia para derrocar al Gobierno sandinista. Comoquiera que la CIA no podía involucrarse directamente, se apoyaron en el Consejo de Seguridad Nacional (NSC por sus siglas en inglés) con el argumento de que ninguna ley podía limitar la constitucional prerrogativa presidencial de ordenar operaciones encubiertas.

Ese Consejo asumió la misión de captar los fondos necesarios para derrocar al Gobierno sandinista. Fueron varias fuentes, entre ellas las de Arabia Saudita, Brunei, Taiwán, Corea del Sur, empresarios cerveceros como Coors, además de traficantes de armas y drogas, según lo expresa Woodward (1988).

El responsable directo de esta operación encubierta fue el Consejero de Seguridad Nacional, Robert McFarlane, y su ayudante, el teniente coronel Oliver North. Estos personajes asumieron con mucha dedicación la tarea de proveer a la contra de recursos financieros y materiales, sin importar los pactos que tuvieran que realizar. Estas operaciones de tráfico de favores, armas y drogas cobraron mayor velocidad y envergadura con el triunfo arrollador de Reagan en 1984. El presidente Reagan había afirmado en muchas ocasiones que su Gobierno no iba a negociar con “los terroristas iraníes”.

John Poindexter, que reemplazó a McFarlane como Consejero de Seguridad Nacional, logró que el presidente Reagan, mediante nota del 5 de diciembre de 1985, autorizara la transacción con los iraníes y el 16 de enero, mediante Orden Ejecutiva, autorizó el operativo para suministrar y vender armas a Irán. Las operaciones encubiertas quedaron al descubierto con las filtraciones a los medios del llamado Irangate.

El sábado 21 de diciembre, The Miami Herald publicó un despacho de dos periodistas de Associated Press (AP) dando a conocer que con drogas sufragaban a los contras en su lucha por derrocar al Gobierno de Nicaragua. Los periodistas Robert Parry y Brian Berger señalaron las implicaciones del Frente Democrático Nicaragüense (FDN) y el somocista Adolfo Calero con la Alianza Revolucionaria Democrática (ARDE) de Edén Pastora, el otrora comandante Cero.

En Panamá, en medio de este vergonzoso episodio de la historia política internacional, se acercó a la redacción de La Prensa, el doctor Hugo Spadafora, quien hizo importantes declaraciones, en las que acusaba a Noriega de realizar actividades vinculadas “al tráfico de drogas, […] al tráfico de armas y a las manipulaciones políticas”. (La Prensa, 15 de marzo de 1984. p15A).

Un año después, en el Semanario Quiubo, Spadafora reafirmó la acusación del vínculo de Noriega “con las actividades de drogas, tráfico de armas y manipulación política”. Al ser preguntado por las pruebas, Spadafora respondió que las poseía, pero se las reservaba por razones de seguridad de sus fuentes y que continuaba recabando más (Quiubo. 20 al 27 de septiembre de 1985, p14). La temprana denuncia de Spadafora, efectuada antes de la de los periodistas de AP, pudo haber motivado su cruel asesinato (La Prensa, 20 de septiembre de 1985; Brannan Jaén, 18 de diciembre de 2006). En noviembre de 1985 el contralmirante John Poindexter fue nombrado como Consejero de Seguridad Nacional del presidente Reagan y su antecesor Robert McFarlane, desprovisto de cargo gubernamental, se dedicó a buscar en el extranjero el financiamiento para apoyar la guerra en Centroamérica.

 

Sin demora, Poindexter se trasladó a Panamá y el 10 de diciembre se entrevistó con el general Noriega. Lo que discutió con Noriega lo informó José I. Blandón, el jueves 29 de mayo de 1986, en el Programa Frente a Frente de TV-2 (Ver La Prensa, p2A). Poindexter le exigió a Noriega lo siguiente:

  • La salida de Panamá del Grupo de Contadora.
  • Facilidades para el entrenamiento de los contras.
  • Una provocación militar a Nicaragua para justificar la intervención militar de los Estados Unidos.

Según Blandón, la negativa de Noriega le valió una abierta amenaza. Las exigencias de Poindexter se plantearon después del asesinato de Hugo Spadafora, ocurrido el 14 de septiembre de 1985. El hallazgo de su cuerpo decapitado en la quebrada El Roblito, conmocionó a la sociedad panameña, y se señaló a Noriega como autor intelectual.

El hecho dio lugar al fallido intento del coronel Roberto Díaz Herrera por hacerse de la dirección de las Fuerzas de Defensa aprovechando que Noriega se hallaba en el extranjero. Al final se forzó la renuncia del presidente Barletta. Lo reemplazó el primer vicepresidente del Partido Republicano, Eric Arturo Delvalle.

 

Por una solución pacifica

Noriega subestimó las presiones. Probablemente pensó que contaba con suficiente aval por los servicios anteriormente prestados, vale recordar que en octubre de 1984 intentó convencer al presidente Jorge Illueca de que aceptara prorrogar la permanencia de la Escuela de las Américas (en Fort Gulick), pero los emisarios del Estado Mayor que designó no pudieron hacerlo claudicar.

Illueca, al recibir las instalaciones de ese centro militar, indicó que “la reversión resguarda a nuestro país de las imputaciones infundadas sobre la tolerancia del uso de su territorio para provocar el resentimiento y desestabilización de varios países”.

A este trascendental acto de reversión y de reafirmación soberana no asistió el general Noriega. Se encontraba en la provincia de Chiriquí y desde allá propuso que la Escuela de las Américas se transformara en una “Escuela de Ciencias Militares de Desarrollo Nacional” con la participación de militares de los Estados Unidos y Latinoamérica.

Esto dependía, agregó, de que el tratado Torrijos-Carter no estuviera en juego (La Prensa, 2 de octubre de 1984, p.1). Tampoco era suficiente que ofreciera tropas panameñas, dos mil hombres para ir a la frontera de Costa Rica con Nicaragua. Esta propuesta no era nueva. Desde los tiempos del general Paredes la venían acuñando.

En un opúsculo, Noriega afirmó que “la frontera de Panamá no termina en Paso Canoa [Frontera Panamá-Costa Rica], sino en Peñas Blancas [Frontera Costa Rica-Nicaragua]”. Continuando con el coqueteo con los círculos guerreristas de los Estados Unidos, las Fuerzas de Defensa organizaron con el Comando Sur unas maniobras militares que se iniciarían el 9 de enero de 1985, a 21 años de la gesta nacionalista de 1964.

Mientras el Gobierno de los Estados Unidos empujaban el carro de la guerra, cada vez más los Gobiernos latinoamericanos insistían en una solución pacífica negociada. En agosto de 1985, el Grupo de Contadora (México, Colombia, Venezuela y Panamá) se vio reforzado con un grupo de apoyo integrado por Brasil, Argentina, Perú y Uruguay; así nació el Grupo de los Ocho o Grupo de Río.

La presión que Estados Unidos ejerció sobre El Salvador, Honduras, Guatemala y Costa Rica, logró que se detuviera el ímpetu del Grupo de Contadora. Sin embargo, este “bloque” se escindiría en diciembre de 1985 con la elección presidencial de Vinicio Cerezo en Guatemala. Cerezo convocó a los cinco presidentes centroamericanos, iniciativa a la que se sumó Óscar Arias de Costa Rica, que se apartó de la alineación inicial con Reagan.

Al final, el 24 y 25 de mayo de 1986, en la región de Esquipulas, Guatemala, se efectuó la cumbre de los cinco presidentes centroamericanos (Óscar Arias, Costa Rica; Marco Vinicio Cerezo, Guatemala; José Napoleón Duarte, El Salvador; José Azcona Hoyo, Honduras y Daniel Ortega, Nicaragua) conocida como Esquipulas I. Los mandatarios retomaron los 21 puntos del Acta de Contadora y los 10 puntos propuestos por Óscar Arias.

Entre los acuerdos más relevantes estuvo el principio de que la paz debía ser el fruto de un auténtico proceso democrático, pluralista y participativo y crearon el Parlamento Centroamericano, que dio inicio al proceso de integración. Esquipulas I se vio amenazada por la provocación orquestada por John Hull, un estadounidense que presuntamente servía de enlace en Costa Rica entre la CIA y los narcotraficantes, propietario de una finca que se utilizaba como centro de abastecimiento y pista de aterrizaje de los contrabandistas de armas y drogas del lado tico de la frontera con Nicaragua.

Desde allí, paramilitares disfrazados de soldados sandinistas asesinaron a varios guardias civiles costarricenses. Costa Rica rompió relaciones con Nicaragua y solo las restableció en enero de 1987. Hull fue acusado penalmente y sacado subrepticiamente de Costa Rica. El lunes 26 de agosto el Grupo de Contadora se reunió en Cartagena y emitió una declaración reforzando las iniciativas pacificadoras al conflicto centroamericano.

 

1986: son públicas las operaciones de la CIA

Otros hechos y acontecimientos acaecidos en 1986 hicieron tambalear a la administración Reagan-Bush. Igual que el Watergate hizo sucumbir al presidente Nixon, el Irangate puso al descubierto la guerra sucia del Gobierno de los Estados Unidos. El 12 de junio de 1986 el periodista del New York Times,  Seymour M. Hersh, publicó su artículo: Panama Strongman Said to Trade in Drugs, Arms and Illicit Money, en parte basado en información filtrada por los servicios de inteligencia de su país.

El artículo se publicó el mismo día en que Noriega llegaba a Washington a recibir una medalla en la Junta Interamericana de Defensa. El 23 de agosto Noriega envió a Washington un emisario y propuso reunirse en Londres con Oliver North. Poindexter lo autorizó y el 22 de septiembre se reunieron en Europa.

Noriega se comprometió a emprender actos de sabotaje en Nicaragua. En este escabroso escenario, el jueves 25 de septiembre de 1986, se inauguró en Panamá la Conferencia de la Internacional Socialista para América Latina y el Caribe. Asistieron 51 delegados que aprobaron una resolución final que se opuso a la llamada Ley 96-70 de los Estados Unidos por violar los tratados Torrijos-Carter y rechazó el entrenamiento de los contras y la campaña contra Panamá (El Siglo. Sábado, 27 de septiembre).

El enfrentamiento con los Estados Unidos se agudizaba. Una reforma propuesta por el senador Jesse Helms ordenaba a la CIA informarle al Senado sobre la violación de los derechos humanos en Panamá. Por otro lado, gracias a su intrepidez, dos jóvenes del ejército sandinista, con un certero disparo coheteril, derribaron, el domingo 5 de octubre, un avión usado por la CIA para abastecer a la contra.

De los cuatro ocupantes, solamente sobrevivió un estibador de carga aérea, veterano de la guerra de Vietnam, Eugene Hasenfus, cuya captura fue dramática: un estadounidense de seis pies de estatura escoltado por dos pequeños sandinistas. Además de armas, se incautaron documentos comprometedores que evidenciaban las operaciones desarrolladas en bases militares en Honduras, El Salvador, Miami y Atlanta. Así mismo, las actividades de los agentes de la CIA Max Gómez (alias de Félix Rodríguez) y su asistente Ramón Medina (alias de Luis Posada Carriles).

Fue un duro golpe a la CIA, expresó La Prensa (domingo, 12 de octubre, p. 8A). Si bien la captura de Eugene Hasenfus cambió el escenario, un mes después se produjo una debacle. El lunes 3 de noviembre, la revista libanesa Al Shiraa dio a conocer las transacciones secretas de ventas de armas a Irán, lo que demostraba que la administración Reagan-Bush burlaba las leyes emitidas por el Congreso de su país y violaban el derecho internacional.

El martes 25 de noviembre el presidente Reagan se vio obligado a comparecer públicamente y el secretario de Justicia, Edwin Meese aceptó el vínculo Irán-Contra, es decir la venta ilegal de armas a Irán para financiar a la contra. Poindexter renunció y Oliver North fue destituido (antes de retirarse, destruyó documentos importantes y dañó su computadora).

De inmediato nombraron una comisión investigadora independiente, la comisión Tower. En su primera comparecencia ante la comisión, el presidente Reagan se refugió en el “principio de la negación plausible”, un artilugio inventado por la CIA para nunca autoinculparse. Años después, en 1990, en su autobiografía, Reagan reconoció su activa participación en el escándalo Irán-Contras. Días antes de la aceptación pública del Irán-Contra, el diario español El País publicó, el 15 de noviembre, que:

Dos ciudadanos norteamericanos, con pasaporte diplomático, fueron detenidos durante varias horas el 24 de octubre en el aeropuerto de Barajas (Madrid) con un maletín que contenía cinco millones de dólares (680 millones de pesetas) para financiar algunas de las operaciones dirigidas a conseguir la libertad de los rehenes de Estados Unidos secuestrados en Líbano por grupos proiraníes.

Estos acontecimientos le sirvieron al Partido Demócrata para ganar las elecciones parciales de noviembre y hacerse del control del Senado. Oliver North y John Poindexter fueron formalmente acusados el 16 de marzo de 1987 y se inició la comparecencia de ambos en audiencias públicas.

El director de la CIA, William J. Casey, falleció el 6 de mayo, sin que se le formularan cargos. Robert McFarlane, que fungía como Consejero de Seguridad Nacional del presidente Reagan, responsable de las operaciones encubiertas, intentó suicidarse mediante una sobredosis de tranquilizantes.

Todos fueron condenados y, algunos, al sentirse desprotegidos, denunciaron o involucraron al presidente Reagan y al vicepresidente Bush. Posteriormente North y Poindexter fueron exculpados recurriendo a tecnicismos legales. En 1992, el presidente Bush perdonó a otros seis altos funcionarios. Después de la denuncia de los periodistas Brian Berger y Robert Parry, en diciembre de 1985, el senador John Kerry fue quien retomó el asunto, al encargarse de la presidencia del subcomité senatorial dedicado al terrorismo, los narcóticos y las operaciones internacionales.

El 13 de abril de 1989 dio a conocer su informe, en el que corroboró que se recibió ayuda financiera y material de guerra de los traficantes de drogas.

 

El cerco a Noriega

En medio de ese escándalo político, en junio de 1987, el general Noriega forzó la jubilación del coronel Roberto Díaz Herrera. El 8 de junio, el coronel le imputó a Noriega el asesinato de Hugo Spadafora, lo vinculó al narcotráfico e incluso denunció el fraude electoral que se urdió en contra de Arnulfo Arias Madrid.

Esas declaraciones sirvieron a los propósitos políticos de los Estados Unidos ya que ayudaron a desviar la atención de la opinión pública centrada en los juicios a altos personeros gubernamentales estadounidenses, a la vez contribuyeron a la demonización de Noriega haciendo recaer sobre él toda la culpa por el tráfico de drogas, de armas, lavado de dinero y asesinatos.

Desde la embajada de los Estados Unidos en Panamá se estimularon muchas de las protestas contra Noriega. Las manifestaciones y protestas de la Cruzada Civilista fueron severamente reprimidas por las Fuerzas de Defensa. El 7 de agosto de 1987 se afianzaron los intentos pacificadores de Centroamérica por medio de la Segunda Cumbre Presidencial, la de Esquipulas II. Meses después, el 13 de noviembre, se reunieron en la nunciatura en Washington, un alto representante del Gobierno de Reagan con el presidente nicaragüense Daniel Ortega.

Allí se negoció que los Estados Unidos desmovilizarían y desarmarían a la Contra mientras que Nicaragua convocaría a elecciones generales para el 25 de febrero de 1990. En enero de 1989, George Bush asumió la Presidencia y decidió mantener el financiamiento a la contra hasta febrero de 1990 para seguir desgastando al Gobierno sandinista. Las declaraciones de junio de Díaz Herrera provocaron la marginación de Panamá del Grupo de Río.

En ese contexto, Noriega facultó a José Isabel Blandón, en esos momentos cónsul de Panamá en Nueva York, a negociar, por espacio de tres meses, su salida del poder. La solución negociada contemplaba el cese del bloqueo económico decretado contra Panamá, respetar los tratados TorrijosCarter (1977) y la jubilación de Noriega a más tardar la primera semana de abril de 1988. Con él saldrían todos los oficiales con 25 años de servicios, asumiría la jefatura el oficial de mayor rango, de acuerdo al escalafón, el presidente Eric Delvalle se mantendría hasta las elecciones de mayo de 1989, se conformaría un tribunal electoral imparcial y negociado con la oposición panameña y se constituirían unas Fuerzas de Defensa profesional y apolítica.

Estados Unidos no se comprometía a suspender las acusaciones formuladas por los fiscales en el estado de Florida contra Noriega por tráfico de drogas y lavado de dinero. Esta propuesta no satisfizo a Noriega y menos a los otros oficiales afectados, y acusaron a Blandón de traidor (Preston, J. 1988). Resentido, Blandón pasó a las filas opositoras a Noriega en los Estados Unidos.

La escalada contra Panamá se agudizó con la acusación formal de los fiscales de Tampa y Miami contra Noriega el 4 de febrero de 1988. Dos hechos concatenados debilitaron aún más a Noriega. El primero se dio el 25 de febrero, cuando el presidente Delvalle fracasó en su intento de destituirlo y se refugió en una base militar en el área del Canal para posteriormente asilarse en los Estados Unidos. Delvalle se reunió con Reagan, quien puso a su disposición un millonario fondo, producto del congelamiento de los depósitos de la banca estatal de Panamá en bancos estadounidenses.

La Asamblea Legislativa destituyó a Delvalle y a su vicepresidente Roderick Esquivel y designó al ministro de Educación, Manuel Solís Palma, ministro encargado de la Presidencia. De inmediato, el Gobierno de los Estados Unidos impuso un bloqueo financiero que obligó, el 5 de marzo, al cierre de más de cien bancos que operaban en Panamá.

El segundo, ocurrió casi tres semanas después, el 16 de marzo, cuando el coronel Leonidas Macías con otros oficiales, urdieron un mal concebido y peor ejecutado plan para derrocar a Noriega. El fracaso de la intentona golpista evidenció el resquebrajamiento de la unidad de los militares panameños.

Después de las acusaciones se intentó, una vez más, negociar con el Gobierno de los Estados Unidos la salida de Noriega. Se recurrió al presidente del Gobierno español, Felipe González, quien aceptó mediar y acoger a Noriega en su país una vez abandonara el poder.

El Gobierno español exigía inmunidad jurídica, es decir, que los Estados Unidos levantaran los cargos o desistieran de reclamar a Noriega en el futuro (El País, martes 15 de marzo de 1988). Difícilmente podía el Gobierno de Estados Unidos aceptar las exigencias españolas en razón de la aparente desprotección en que quedaron algunos de sus íntimos colaboradores por el escándalo Irán-Contras y del que se querían desligar para no afectar la cercana campaña presidencial del vicepresidente George H. W. Bush.

Al cierre de los bancos, se sumó la prohibición del presidente Reagan a las compañías estadounidenses, incluyendo a la Comisión del Canal de Panamá (violando el tratado del Canal), del pago al fisco nacional. Fue necesario recurrir a la solidaridad internacional y a las más variadas inventivas para suplir la disminución del dólar circulante.

Los mismos ideólogos ultraconservadores que orientaron el Gobierno de Reagan elaboraron una estrategia para América Latina en la década de los noventa, conocida como Santa Fé II (13 de agosto de 1988). Conviene detenernos en la propuesta 10 de la cuarta parte. Allí se declaró que no era suficiente la expulsión de Noriega y la celebración de elecciones.

Propusieron reformar a las Fuerzas de Defensa, modificar la ley bancaria y retener la base aérea de Howard y la naval de Rodman. George H. W. Bush ganó las elecciones en noviembre de 1988. Hubo gestiones infructuosas para que en el período de transición y antes de enero el presidente Reagan indultara a Noriega.

Eso tampoco prosperó. Por su parte, la estrategia de Noriega para las elecciones panameñas de mayo de 1989 se basó en una falsa premisa: se pensó que con la muerte de Arnulfo Arias Madrid, la oposición no encontraría otra figura para unificarse. El Gobierno de los Estados Unidos contribuyó a esa unificación y dispuso diez millones de dólares para financiar la campaña de oposición y envió a estrategas electorales. Además, subestimaron el agotamiento de la población; y los partidos afines a las Fuerzas de Defensa concurrieron a las elecciones bajo la lógica de “con votos o con botas”, con una pobre oferta electoral.

No fueron elecciones honestas e imparciales. También la libertad del sufragio estaba comprometida por el abierto intervencionismo de los Estados Unidos. Así, el voto mayoritario a la oposición fue indudablemente para poner fin a las confrontaciones y la represión, la incertidumbre, el desempleo, el desmejoramiento de los servicios públicos. La decisión de Noriega de anular las elecciones agotó la opción de un cambio mediante el voto popular y abrió el camino al trágico intervencionismo militar de los Estados Unidos.

 

Los Estados Unidos optan por invadir

Desde mayo hasta diciembre de 1989 dos salidas contrapuestas intentaron definir la crisis política panameña. Los Estados Unidos optaron por la intervención militar. El Grupo de Río logró que la OEA propusiera a las fuerzas políticas enfrentadas en Panamá, la realización de nuevas elecciones.

El mayor obstáculo seguía siendo la injerencia de Estados Unidos y la desconfianza del general Noriega con respecto a su salida del poder. Mientras se procuraba alejar la crisis panameña de la violencia y del intervencionismo militar de los Estados Unidos, el 10 de mayo se cometió la irracional golpiza a los candidatos Guillermo Endara y Guillermo Ford, de la alianza de oposición, y la foto de Ford con la camisa ensangrentada recorrió el mundo.

El 6 de julio fue relevado el jefe del Comando Sur, general Frederick Woerner, opuesto a la opción de la intervención militar. El secretario de defensa, Dick Cheney, le informó que se trataba de una decisión política. El sábado 30 de septiembre Maxwell R. Thurman lo reemplazó y asume la jefatura de las tropas de los Estados Unidos acantonadas en Panamá.

Su misión: ejecutar de inmediato los planes de invasión. Por su parte, el 1 de octubre se posesionó como comandante del Estado Mayor Conjunto el general Colin L. Powell, un afroamericano que formó parte del equipo de seguridad nacional del presidente Reagan, defensor a ultranza de los mercenarios organizados por la CIA para derrocar al Gobierno nicaragüense, de las fuerzas armadas represoras de Honduras y El Salvador.

El 3 de octubre de 1989, se produjo una nueva fractura en las Fuerzas de Defensa, el alzamiento fue liderado por el mayor Moisés Giroldi, el mismo oficial que sofocó la anterior rebelión encabezada por el coronel Macías, en marzo de 1988. A diferencia del intento anterior, se emitió un comunicado justificando la acción castrense.

A pesar de que el comunicado rechazaba la injerencia estadounidense en los asuntos internos del país, los golpistas, previo a la asonada y durante la misma buscaron el apoyo del Comando Sur. Dos oficiales desde una tanqueta dispararon al dormitorio del general Noriega. Ninguno de los proyectiles le causó daño. Lo hicieron prisionero e intentaron entregarlo a Estados Unidos, pero no hubo respuesta de las tropas estadounidenses apostadas a unos pocos metros del Cuartel Central.

A la llegada de las unidades leales a Noriega, se produjo un breve intercambio de disparos y finalmente Giroldi se rindió. Los oficiales alzados fueron fusilados sumariamente. Los dirigentes de la oposición panameña, tanto los que actuaban en Panamá como los que hacían lobby en Washington se quejaron por la negativa del general Thurman de arrestar a Noriega el 3 de octubre. “Perro que ladra no muerde”, dijeron algunos que no entendían que Estados Unidos había tomado la invariable decisión de destruir a las Fuerzas de Defensa y reducirlas.

El viernes 27 octubre se efectuó en San José una cumbre hemisférica para celebrar los 100 años de democracia en Costa Rica a la que asistieron 17 jefes de Estado y 5 invitados especiales, entre ellos Violeta Chamorro, de Nicaragua, y Guillermo Endara, de Panamá.

El presidente Bush desayunó con ambos y a su salida Endara dijo a Teletica: “Noriega sólo dejará el poder cuando salga en un pijama de madera”. Esas declaraciones fueron reproducidas por diarios españoles como el ABC (28 de octubre de 1989, p. 25) y en La Vanguardia (31 de octubre de 1989, p. 7). Al ser citado por el ministro de Gobierno y Justicia para que explicara el alcance de sus declaraciones, Endara se retractó diciendo que se trataba de un desliz. Del lado de Noriega, la estrategia para enfrentar la posible invasión de Estados Unidos se limitó a organizar los Batallones de la Dignidad, más como una táctica psicológica que militar.

Tomando en cuenta la desproporcionada desigualdad del nivel tecnológico y la capacidad de fuego de los Estados Unidos, se imponía realizar todos los esfuerzos para impedir la intervención militar, recurrir a la negociación, lo que implicaba, primero, llegar a un gran acuerdo entre panameños.

No era tarea fácil, pero tampoco imposible. En su afán de resolver su problema personal, el general Noriega encadenó su suerte a la de la nación panameña. El 15 de diciembre de 1989 reinstaló la Asamblea de Representantes de Corregimientos, sin legitimidad constitucional, ya que fue eliminada con las reformas constitucionales aprobadas mediante referéndum en 1983. Además, ¿cómo podían estos representantes asumir cargos “ganados” en elecciones, cuando las de mayo de 1989 habían sido previamente anuladas? Noriega se autonombró jefe de Gobierno, ratificando su decisión de mantenerse en el poder sin importar los medios. En la noche del 16 de diciembre, cuatro oficiales que salieron de Fort Clayton, se dirigieron al sector de Atlapa y se encontraron con un retén de las Fuerzas de Defensa en El Chorrillo, cerca del Cuartel Central.

El auto, un Chevrolet Impala, rotulado por todas partes con la grafía “Gringo”, era conducido por el capitán de la Marina Richard Haddad, acompañado por otros tres individuos, entre ellos, el teniente Robert Paz. Según Frederick Kempe, el capitán Haddad relató que hundió el acelerador hasta el fondo y embistió la barricada, pasó al frente de la Comandancia, hubo disparos y uno de esos proyectiles mató al teniente Paz (Kempe, 1990). Otro teniente, Adam Curtis, y su esposa Bonnie, también extraviados, fueron testigos del incidente.

El teniente denunció haber sido golpeado y su mujer acosada sexualmente por unidades de las Fuerzas de Defensa (Woodward, 1991). Tomando como pretexto la muerte del teniente Paz y el maltrato a los esposos Curtis, el domingo 17 de diciembre, en horas de la tarde, el presidente Bush se reunió con el jefe del Estado Mayor Conjunto, Colin Powell; el secretario de Defensa, Dick Cheney; el consejero de Seguridad Nacional, Brent Scowcroft, y el secretario de prensa de la Casa Blanca, Marlin Fitzwater. También participaron el secretario de Estado, James Baker, y el vicepresidente Dan Quayle. Estos personajes ordenaron la operación militar Causa Justa, con la que los Estados Unidos invadieron Panamá, en diciembre de 1989.

 

La invasión

Lo ensayado con Panamá le sirvió al círculo guerrerista de los Estados Unidos para emprender otras aventuras en el mundo y en particular en el Medio Oriente. Daniel Delgado Diamante en su opúsculo La resistencia armada a la invasión de Panamá: razones de una derrota militar reconoce la ausencia de un liderazgo firme y la inexistencia de una adecuada estrategia por parte de las Fuerzas de Defensa.

La moral de sus miembros estaba seriamente erosionada. Por su parte, Severino Mejía se quejó de que no había una cadena de mando y mucho menos una orden de operaciones estructurada con antelación. Cada unidad respondió al plan e iniciativas, de sus respectivos comandantes. No hubo cohesión y tampoco certeza de contar con un comandante combatiente.

El teniente coronel Virgilio Mirones, el oficial de guardia y encargado del Cuartel Central a la hora de la invasión acusaba a Noriega de traición a la patria y a la institución militar panameña. No obstante, los tres testimonios ratifican el coraje y la audacia de aquellas unidades y oficiales que combatieron la agresión militar por parte del ejército más poderoso del mundo. El capitán Asunción Eliécer Gaitán Ríos, entrevistado cuando estaba asilado en la Nunciatura, precisa algunos de los combates entre las fuerzas invasoras y las unidades armadas de Panamá.

Destaca la participación del teniente coronel Daniel Delgado Diamante, Carlos Arosemena King, el mayor Gonzalo Chalo González, el mayor Garrido y los Batallones de la Dignidad. Su juicio sobre Noriega fue severo, pero humano. Al principio Gonzalo consideraba miserable de su parte juzgarlo por tomar la decisión de vivir. Sin embargo, meses después, expresa sus dudas sobre la sinceridad nacionalista de Noriega: “para llevar a buen puerto una idea nacionalista había que ser puro y él no lo era”.

Dijo sentirse frustrado al constatar que Noriega no se iba a inmolar y, por ello, pensó en liquidarlo físicamente. Pero, a renglón seguido, señaló que si lo mataba lo mandaba al cielo y él se iba para el infierno. (El País, 18 de septiembre de 1990 y El País Semanal, 23 de septiembre de 1990).

Si bien la conducta de Noriega era deshonrosa, ¿qué se puede decir del trío que tomó posesión en una base militar de los Estados Unidos previo al genocidio que en pocas horas se iniciaba en territorio panameño? Fueron alertados con tres horas de anticipación y hasta les presentaron un documento en el que ellos solicitaban la invasión.

Bush dijo que si Endara se negaba se las vería personalmente con él (Woodward, 1991). Ninguno tuvo el decoro de oponerse al asesinato de gente humilde e impedir la destrucción de sus viviendas, como ocurrió en El Chorrillo.

Ricardo Arias Calderón, tratando de justificarse, afirma que “si ellos (el trío presidencial) no asumían la dirección del país”, otros lo harían y “Panamá además de ser un país invadido sería un país ocupado” (Bermúdez, 2013, pp. 297-298). Ya sea que se afirme o se cuestione la expresión “que malo será rescatar este país sobre un montón de cadáveres” (Teresita de Arias), queda al escrutinio histórico.

Las cuatro mentiras esgrimidas por Bush dejaban al descubierto sus claras intenciones de liquidar cualquier atisbo de nacionalismo en las fuerzas armadas de la región y preservar sus bases militares en Panamá y, desde luego, ocultar su criminal política en el conflicto centroamericano.

La comunidad internacional rechazó la invasión. En la OEA y en la ONU fue condenada. Noriega no peleó. Se asiló en la tarde del 24 de diciembre en la Nunciatura. Algunos pormenores de esa acción son narrados por Fernando Berguido en su libro Una vida póstuma; también el capitán Gaitán aportó sobre este episodio. Diez días después se entregó al ejército invasor y se lo llevaron a los Estados Unidos para ser juzgado en el estado de la Florida.

Tres fiscales se encargaron de presentar las pruebas que lo incriminaban por tráfico de drogas, crimen organizado y lavado de dinero. Desde el 16 de septiembre hasta el 9 de abril de 1992 desfilaron los testigos ante los 12 jurados. La casi totalidad de esos testigos salieron de sus prisiones: eran convictos que fueron a testificar contra Noriega después de llegar a acuerdos vergonzosos.

El más llamativo fue el colombiano Carlos Lehder, condenado a cadena perpetua y 135 años más, quien aceptó testificar contra Noriega a cambio de reducción de su condena, traslado de prisión, protección y visa a su familia (Revista Semana, Colombia, 21 de octubre de 1991). Su testimonio se derrumbó porque nunca conoció ni trató directamente con Noriega.

Así como él testificaron otros, incluyendo panameños. El juez prohibió que Noriega pudiera referirse a su trabajo con la CIA arguyendo razones de seguridad nacional de los Estados Unidos. Con estatus de prisionero de guerra fue condenado a 40 años de prisión. Por buena conducta la redujeron a 20 y cumplió 17 años. En el 2008 debió ser liberado pero lo retuvieron hasta el 2010 cuando fue extraditado a Francia para purgar una condena de 7 años por blanqueo de capitales.

El tribunal francés le reconoció que había cumplido la mitad de su condena y le otorgó la libertad condicional en el 2011. El domingo 11 de diciembre de 2011 retornó a Panamá para cumplir condena por 20 años como instigador en el asesinato del doctor Hugo Spadafora. El informe está contenido en dos volúmenes. Hitz encontró evidencias de la relación de los traficantes vinculados a la contra nicaragüense con el National Security Council y la CIA.

Gracias a esos informes y a la comparecencia ante el Congreso, se conoció públicamente la existencia de un Memorándum de Entendimiento entre la CIA y el Departamento de Justicia, suscrito por William French Smith, Fiscal General y William Casey, Director de la CIA, el 11 de febrero de 1982 y vigente hasta agosto de 1995. Ese acuerdo secreto eximía a los activos de la CIA, sus agentes y contratistas de reportar su tráfico de drogas a agencias policiales federales.

Ese tecnicismo le sirvió como una patente delincuencial. Por la audacia de otra congresista de Los Ángeles, Maxine Waters, el memorando de entendimiento quedó registrado en el Congressional Record a February 11, 1982, correspondence between attorney General William French Smith and CIA Director William J. Casey. AG Wi Fre son (February 11, 1982). Personal correspondence.

Es ese contexto el que permite entender las reales circunstancias de la invasión a Panamá. El cartel armamentista estadounidense, sobre la base de mentiras, justificó la guerra.

 

 

La posinvasión

Tras la invasión, el abogado Michael Pierce solicitó y recibió poderes para representar a familiares de las víctimas de la invasión militar, principalmente civiles inocentes. Desde Panamá y junto a David y John Kiyonaga en Estados Unidos, levantaron las investigaciones, recabaron pruebas para demandar al Gobierno estadounidense por sumas millonarias para compensar a víctimas inocentes de la invasión. Lo cierto es que hasta ahora, los Estados Unidos se ha negado a pagar cualquier indemnización.

Varias fueron las tentativas de renegociar los tratados Torrijos-Carter para conservar en el territorio panameño una fuerza militar estadounidense que atendiera tareas de comunicación e interceptación estratégica (especialmente satelital), el peinado aéreo de la vasta zona que se extiende desde Darién, Colombia, Brasil, hasta la llamada Triple Frontera, y la coordinación de inteligencia militar con contrapartes de otros países (la base aérea de Howard e Isla Galeta, Colón).

Todas las tentativas de renegociar la permanencia de bases militares de Estados Unidos en Panamá fracasaron pero pusieron en evidencia la intención no abiertamente declarada de invadir Panamá. Endara se negó tajantemente y Ernesto Pérez Balladares propuso que pagaran por su alquiler y luego abrió la puerta a un Centro Multilateral Antidrogas pero la cerró cuando quedó claro que la verdadera intención de los Estados Unidos era prorrogar la presencia de sus bases militares en territorio panameño.

El ejército trasladó el puesto de control del Comando Sur a Florida y se vio en la obligación de reactivar la Cuarta Flota para mantener una fuerza y capacidad operacional en la región. Todos los Gobiernos posinvasión negociaron con los Estados Unidos acuerdos bilaterales cediendo soberanía sobre sus aguas territoriales, espacio aéreo y su sistema jurídico. Bajo el supuesto de realizar operaciones de interdicción del narcotráfico hay una presencia militar de los Estados Unidos en nuestro territorio aunque sin aparentes bases militares. De hecho varias operaciones sospechosas en la que han intervenido soldados estadounidenses en la frontera colombiana han sido reportadas por la prensa local.

 

A manera de colofón

El 20 de diciembre de 1989, para algunos, Panamá fue objeto de una brutal agresión militar; para otros, la acción militar estadounidense era la única alternativa para terminar la dictadura del General Manuel Antonio Noriega. Lo ocurrido, por supuesto, estuvo totalmente en manos de los Estados Unidos.

Es cierto que el régimen de Noriega se había debilitado, pero ya había demostrado gran capacidad de sobrevivencia. El desenlace final, en considerable medida fue fruto de haber echado al olvido los planes del general Omar Torrijos de ubicar a los militares en los cuarteles y fortalecer a los civiles.

 

 

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