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    Oscar Vargas Velarde

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Carlos A. Mendoza

by: Oscar Vargas Velarde

Si bien no fue un caudillo al estilo de Porras, ni un ideólogo o pensador al estilo de Morales, fue en cambio luchador perspicaz, bizarro y sin pausa, dirigente cabal, brillante orador, jurista destacado, organizador del sistema de justicia y del sistema jurídico, en fin, un organizador del Estado panameño; un político de tradición y profesión —de aquellos que sinceramente se someten al juego democrático para alcanzar el gobierno y, como estadistas, velan sin dobleces por el bien común—, y un liberal de pura cepa, digno vástago del liberalismo radical abrazado por su padre, su tío y otros patricios santaneros.

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Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas (Universidad de Panamá), especialista en Derecho Laboral (USMA) y máster en Educación (ULACIT). Fue magistrado presidente de la Dirección de Responsabilidad Patrimonial, ministro de Trabajo, viceministro de la Presidencia, presidente de Juntas de Conciliación y Decisión; director general de Política Exterior, secretario general y viceministro A.I. de Relaciones Exteriores; plenipotenciario en las gestiones del Grupo de Contadora; embajador en Colombia, y en Misión Especial (ONU y OEA); decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas; decano de Educación y vicerrector Académico de la ULACIT. Fue magistrado presidente del Tribunal de Cuentas y es profesor en la Universidad de Panamá. Ha publicado, entre otras obras, El Derecho en Panamá (1903-2003); La literatura laboral y el centenario de la República ; Jurisprudencia de Casación Laboral ; Casuística laboral ; Las causas justas de despido ; El despido: tipos, formalidades y efectos; Derecho de Trabajo; Fabián Velarde: un espíritu renacentista; La nueva Jurisdicción de Cuentas y El Tribunal de Cuentas.
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Carlos A. Mendoza – Adalid del liberalismo istmeño

Proemio

No es fácil escribir sobre el doctor Carlos Antonio Mendoza Soto, “el más cabal de los paladines populares que haya fatigado nuestra historia” (en palabras de Miguel Ángel Ordóñez), que tantos y tan valiosos servicios le prestó a la nación, cuando connotados hombres públicos y prestigiosos historiadores se han referido con pericia y fidelidad en discursos, artículos, ensayos y libros a esta egregia figura de la política panameña, que hizo la mayor parte de su andar en el siglo XIX e imprimió su sello indeleble en los tres primeros lustros del siglo XX, en beneficio de sus contemporáneos y las generaciones siguientes.

Sobre Mendoza Soto, el abogado, el periodista, el combatiente de las ideas en la paz y en la guerra, el liberal radical, el organizador de las instituciones republicanas, el ministro y el secretario de Estado, el presidente de la República de Panamá, el diputado, el codificador, el presidente del Partido Liberal, en fin, el istmeño raigal nacido en el barrio de Santa Ana, han corrido ríos de tinta, pero no son suficientes; mientras exista el buen sentido del reconocimiento a nuestros antepasados que contribuyeron a legarnos un país, con sus virtudes y con sus imperfecciones, resulta obligante seguir trillando en torno a la vida y la obra de este hombre público, cuya actuación política fue sinónimo de profesión de fe y su ejercicio público se convirtió en un apostolado.

La fértil existencia y la admirable trayectoria política de Carlos A. Mendoza, como le gustaba rubricarse, se explica tanto por su inteligencia y talento, sus atributos poco comunes, su sólida formación y su coraje tenaz y sin límites, como por los trascendentales acontecimientos políticos, económicos y sociales que envolvieron a Colombia y a la sección del Istmo, que le impartieron un dramático giro, unos hacia el progreso y otros hacia el retroceso, en la historia decimonónica y, asimismo, por los más notables, los que ocurrieron en Panamá con la ruptura definitiva de la unión mantenida por 82 años con aquella tierra, que hicieron necesaria la construcción de las bases de la nueva república.

Mendoza nació y creció en un hogar en el que se respiraba la atmósfera de patriotas, militares, escribanos, abogados, políticos y servidores públicos, fusionada con las más completas dosis de probidad, amor familiar y respeto mutuo, y en el que abundaban los ejemplos del orgullo de nuestra raza, del desprendimiento más sincero, del sacrificio por la causa, de la lealtad a los principios, de la adhesión ideológica y del deber de servicio.

Su abuelo paterno, el capitán Antonio Mendoza, nacido en Venezuela —tierra de los emancipadores, que parió a guerreros y hombres de Estado de la talla del Libertador Simón Bolívar, el “alfarero de repúblicas”, como lo llamó Andrés Townsend Ezcurra—, adquirió su rango en los campos de batalla dentro de las filas del Ejército Libertador. Con solo diecinueve años de edad, recaló en nuestro suelo y se casó con la panameña doña Antonina Herrera, matrimonio del cual nació en la ciudad de Panamá don Juan Mendoza (el padre de Carlos Antonio), ocho años después de la independencia de Panamá de España y de su asociación con Colombia. Su abuelo materno, José Victoriano Soto, de ascendencia hispánica, individuo de leyes, escribano público y secretario de la diócesis de Panamá, contrajo matrimonio con Petra Baruco, vecina de Santa Ana. Su hija, Josefa Soto —la madre de nuestro personaje—, fue la menor de tres hermanas, venida a este mundo también en la ciudad de Panamá, once años después de ocurridos los acontecimientos independentistas y unionistas.

Primeros años

Carlos A. Mendoza, el quinto de trece hermanos, fue un panameño como cualquier otro en esta zona de tránsito, en la que se mezclan diferentes nacionalidades y las más variadas etnias. Con casi once años fue enviado a Bogotá con beca otorgada por el presidente Correoso para proseguir su formación educativa y cultural, “después de haber demostrado su amor al estudio y la precocidad de su inteligencia” (Sosa, 1911). Lo cierto es que al niño, según la educadora y ensayista hispano panameña Concha Peña, “su madre le enseñó las primeras letras”, su padre “le orientó por el camino de la verdad y el honor” y en “las escuelas que existían en aquellos tiempos en el Istmo recibió su instrucción primaria, demostrando su viveza y aplicación hasta llegar a ser uno de los primeros en las clases”. Años después el propio Carlos A. Mendoza, entonces presidente de la república, sobre su educación en la escuela local, rememoró:

[…] fue el señor [Nemesio] Medina quien me proporcionó los primeros conocimientos e ideas que habrían de guiarme en el curso de mi vida; fue él quien hizo despertar mi joven inteligencia y se esmeró en cultivarla; y fue debido a sus enseñanzas y a los sentimientos que me inculcó, el que yo hubiese emprendido estudios superiores y siguiendo sus consejos de la escuela, he llegado a ser lo que soy. Allí en esa escuela se formaron corazones a quienes se les enseñó a amar el bien, la nobleza y la generosidad; allí fueron cultivadas las inteligencias, se les preparó para el bien y se les dispuso para el sacrifico y sembró la semilla que tantos bienes habrían de reportar en el futuro.

En Bogotá “ingresó en el Colegio del Rosario […] pasando después a la universidad, siendo en la Escuela de Literatura y Filosofía compañero de Belisario Porras, Rafael Neira, Francisco Antonio Mata y otros istmeños que habían de destacarse en la patria que les vio nacer”. “Tuvo en la universidad como profesores a hombres de gran prestigio, entre otros don Antonio Vargas, don Joaquín Suárez, el doctor Carlos Sáenz y el prestigioso panameño doctor Gil Colunje”. La universidad a la que se refiere Concha Peña es la Nacional de Colombia, fundada en 1867 por el presidente Santos Acosta, quien concluyó el mandato del presidente Mosquera defenestrado por un golpe de Estado de los radicales.

En aquella lejana tierra, en la que permaneció seis años, escuchó con atención —indicaba Pablo Arosemena— “la palabra sincera de Murillo, las lecciones de Pérez y el verbo luminoso de Rojas Garrido. Halló que el liberalismo era la verdad política, y formó en sus filas desde muy joven, sin vacilaciones ni reservas. Lo hizo firme en su espíritu el estudio de los partidos, de sus hombres y de sus ideales”.

En 1875, en vista de los graves problemas políticos en Colombia, surgidos por la obstrucción de los conservadores a la educación laica, que labraron el sendero de la guerra civil del año 1876, se vio precisado a retornar al seno materno. En la ciudad de Panamá se dedicó a las actividades particulares y, en la búsqueda de un medio de subsistencia, fue contratado en la Casa Comercial de Arosemena Hermanos en la que trabajó hasta el año siguiente, cuando se produjo el inesperado fallecimiento de su padre, quien frisaba los 47 años.

Después de abrevar en Bogotá de las fuentes del pensamiento radical, mostró sus inquietudes apenas llegado al Istmo. En este orden de ideas, acudió a la inauguración en 1876 de la Sociedad Demócrata Istmeña, fundada por el general Benjamín Ruiz para propagar las ideas y defender al radicalismo liberal. “Invitado por los miembros de la Junta Directiva, habló sobre las esencias puras de la democracia, y fue tan brillante su discurso que desde aquel momento se le tuvo por uno de los jóvenes más preparados y conscientes de su generación”. También formó parte de la sociedad Juventud Unida, presidida por el maestro Nicolás Pacheco, y en su órgano de información denominado El Eco Juvenil, “Mendoza comenzó a publicar artículos y editoriales que bien pronto fueron tenidos por meritorios”, en palabras de Peña. De este modo, “Hombre de lucha, temprano el vendaval de la política lo envolvió en sus ráfagas y desde joven prestó a su causa, la causa liberal, el valioso contingente de su inteligencia cultivada y de recursos, y sus esfuerzos en toda forma, pues hombre de acometividad y de combate, libró con éxito brillante sus armas en todos los campos del talento y del honor” (Sosa, 1911).

En su afán de colaborar con el servicio administrativo y con el sustento de su madre viuda y de sus hermanos huérfanos, se incorporó al sector público. Así, el presidente del Estado, el general Rafael Aizpuru, amigo de su padre, lo nombró archivero en la Secretaría de Gobierno, oficio en el que permaneció hasta 1880, cuando el presidente del Estado, el doctor Dámaso A. Cervera, debido a la recomendación del doctor Mateo Iturralde, su secretario de Estado, lo designó director general de Fomento y más tarde subsecretario de Hacienda.

Tras desempeñar estos cargos públicos, en 1881, antes de cumplir los 25 años de edad, se le encomendó la grave tarea de dirigir la Tesorería General del Departamento de Instrucción Pública, en donde laboró por dos años.

En el cabildo capitalino lo escogieron como miembro de la Junta de Progreso Material del Distrito y desarrolló incesante labor en pro de la instalación de los comedores populares, en beneficio de la sanidad de la ciudad de Panamá y, por ende, de la salud de sus pobladores, así como del progreso en materia del transporte ciudadano; a tal fin, debidamente autorizado, celebró un contrato para el establecimiento del tranvía urbano, el cual fue confirmado por el presidente de la entidad edilicia. Conforme al Concejo de Panamá, Mendoza como “miembro de esta Corporación y como Presidente de la misma se distinguió siempre por su celo ejemplar a favor de los intereses municipales”.

Un joven liberal

Con esa experiencia oficial y política se presentó, por el Partido Liberal, a la elección de la Asamblea Legislativa del Estado, postulado entre los candidatos del departamento de Chiriquí y, demostrando su valía y su garra, resultó diputado con el voto favorable de los electores para representarlos en esa Cámara durante el bienio 18821883. Sin embargo, esta elección fue impugnada, como dijo Peña, “porque no había rendido cuentas al abandonar su empleo de Tesorero y, aunque no había cargo contra él y siempre fue correctísima su gestión, la liquidación final no la había realizado por inventario y esto sirvió a los conservadores de pretexto para cercenar las alas de aquel joven liberal que seguros estaban había de laborar por la causa de la democracia desde el sillón de Diputado”.

En ningún momento se acusó al joven tesorero general de haber incurrido en irregularidades en el manejo de fondos públicos o de habérsele alcanzado en sus cuentas; es decir, investigado, juzgado y condenado por lesión al patrimonio del Fisco. La conducta atribuida estaba prevista en el artículo 99 de la Constitución del Estado Soberano, promulgada en 1875, heredada de la Constitución de 1873, cuyo texto disponía que los responsables del erario del Estado que no hubieren cumplido con los deberes de rendir sus cuentas, contestar los reparos y satisfacer los alcances líquidos con arreglo a la ley, no podían ser electos senadores ni representantes al Congreso Nacional, diputados a la Asamblea, secretarios de Estado, recaudadores fiscales, ni empleados con mando o jurisdicción. Ciento treinta y ocho años después no existe tal prohibición constitucional y es curioso que a contrapelo del artículo 1088 del Código Fiscal, cualquier ciudadano elegido por sufragio popular puede ser empleado de manejo, aunque habiéndolo sido en otros tiempos, haya resultado alcanzado en sus cuentas, a pesar de que los alcances fueren condonados o declarados prescritos, o cuando no haya rendido sus cuentas oportunamente, aunque de esa responsabilidad hubiere sido eximido (Resolución del 20 de febrero de 1995, Sala Tercera, Corte Suprema de Justicia). ¡O tempora, o mores!

No obstante el aludido inconveniente, a no dudar causante de gran sinsabor, la carrera pública de Carlos A. Mendoza, hombre que no se amilanaba ante las adversidades, siguió en ascenso y, como dijo Miguel Ángel Ordóñez, “a golpe de cerebro, espíritu de organización, equilibrio de pasiones y sentido perfecto de la responsabilidad”. En atención a su cometido en cargos públicos y su inclinación por las actividades emanadas de la jurisprudencia, fue escogido conjuez de la Corte Superior del Estado Soberano. Este importante tribunal, el de mayor jerarquía en el Istmo, estaba formado por magistrados titulares que eran sustituidos en sus faltas temporales por magistrados suplentes y conjueces. Este cargo honorífico le valió como ejecutoria para que se le distinguiera como procurador general del Estado.

De nuevo el doctor Dámaso Cervera en la presidencia del Estado lo distinguió con el nombramiento de gobernador del distrito capital (Panamá). La gobernación de Panamá, bajo cuya jurisdicción estaba la ciudad de Panamá, era de importancia significativa.

Acorde con la acertada descripción del historiador colombiano Eduardo Lemaitre:

Colón y Panamá eran entonces las ciudades más populosas, comerciales y cosmopolitas de Colombia. Bogotá era para ese tiempo un villorrio; Cali y Medellín, dos poblachos rústicos; Barranquilla no existía prácticamente; y Popayán y Cartagena apenas si vegetaban tratando de alzar sus mustios penachos por encima de la ruina general del país. En cambio Colón y Panamá, revestidas siempre de singular importancia geográfica que en los últimos años se había acrecentado debido a los trabajos que acababan de iniciarse en la excavación del canal, se encontraban en el apogeo de su animación comercial y de su desarrollo demográfico. Gentes de todos los confines del mundo […] afluían a torrentes en busca de fortuna. Circulaban magníficos periódicos diarios, escritos en varios idiomas; y la prensa extranjera, con los ojos puestos sobre el canal en construcción, tenía allá acreditados sus corresponsales para seguir de cerca los avances de la gran empresa. El comercio, la industria, se habían intensificado extraordinariamente y millones de mercancías de todo género acumuladas en las ciudades terminales hacían de Panamá y de Colón verdaderos emporios de riqueza. El fenómeno era insólito en toda la historia de Colombia. (Lemaitre, 2002).

La categoría económica alcanzada por Panamá y Colón, las dos ciudades terminales del ferrocarril transístmico y del canal en construcción, producían rentas envidiables al tesoro público. Otro escritor colombiano, Gonzalo España, explica que “Panamá era la principal fuente de ingresos nacionales en razón de sus aduanas. Gobierno central que no tuviera el control de este Estado corría el riesgo de quedarse sin rentas, de modo que cada presidente de la república estaba obligado a tomar Panamá para asegurar sus ingresos”.

La caída del radicalismo

En 1885, año aciago para el régimen federal, ocupó Mendoza su último cargo público en circunstancias muy difíciles. El presidente Rafael Núñez regía la federación por segunda vez, postulado por el liberalismo independiente, sector que él acaudillaba, en oposición al liberalismo radical, luego de los gobiernos de Tomás Cipriano de Mosquera (1863-1864; 1866-1867), jefe de los draconianos pero quien, en carta de fecha 10 de mayo de 1875 dirigida a Luis Felipe Mantilla, se de- claraba el padre de la Constitución de Rionegro y aseguraba sus convicciones de liberal radical.

El presidente Núñez quería desmontar el sistema federal de gobierno, y para ello venía proponiendo una reforma política que otorgara mayores poderes al presidente de la república, la cual los radicales miraban con recelo porque dudaban de sus buenas intenciones. En la campaña para las elecciones en las que Núñez lanzó su candidatura a la presidencia contra el postulante de los radicales, Aquileo Parra, declaró: “yo no soy decididamente anticatólico”. El expresidente Manuel Murillo Toro, representante diplomático en Venezuela, regresó a Colombia y le replicó: “Me he venido exprofeso de Caracas a atravesarme en tu camino, no porque yo crea que a un católico no le pueda confiar el liberalismo la primera magistratura, pues ahí tenemos uno convencido y practicante en Santiago Pérez, sino porque, siendo como tú antes que todo un escéptico, tu frase me indica que en el camino de las concesiones políticas tú llegarás a entregar el poder al partido conservador” (Bateman, 1978). El jefe de los radicales “siempre desconfió de Núñez y por ello le expresó al presidente Parra, cuando le pidió que a Manizales, en la guerra del 76, llegara como comandante Santos Acosta y no permitiera que el triunfador fuera Julián Trujillo: ‘Porque detrás de Trujillo viene Núñez y detrás de Núñez los conservadores’, palabras proféticas que se cumplieron al pie de la letra para desgracia de Colombia.” (Llano, 2005).

El gobernante en 1884, al principio de su mandato, contemporizó con los radicales, pero llegado el momento no dejó pasar su oportunidad. La disolución por la fuerza de la Convención Constituyente convocada en el Estado Soberano de Santander, encaminada a dirimir los asuntos litigiosos promotores de luchas bélicas, fue la causa primaria que desató la guerra civil. “Núñez buscó un […] conflicto mayor en el país para reformar las instituciones. Él sabía que sus ideas de reforma eran opuestas a los radicales, y que sólo venciéndolos en una guerra podía fundar un nuevo orden fundamental, que diera satisfacción a lo que él buscaba para el país. El conflicto de Santander, ciertamente, le sirvió de detonante de la conflagración que buscaba” (Mejía, 2007). La guerra se extendió al Estado Soberano de Cundinamarca, en donde el general Ricardo Gaitán Obeso alzaba “el estandarte de la revolución y, dueño del río Magdalena y de la flotilla de vapores, tomaba a Barranquilla en febrero de 1885” (Sosa, 1911), y asimismo a los estados soberanos de Boyacá, Antioquia, Tolima, Magdalena, Bolívar y Cauca. La sangrienta batalla de La Humareda (que tuvo lugar el 17 de junio de 1885, en donde los radicales salieron triunfantes; victoria pírrica, pues cayeron varios de sus jefes: generales Plutarco Vargas Santos, Capitolino Obando, Daniel Hernández, Fortunato Bernal y el científico Luis Lleras) definió la guerra a favor de Núñez. En su discurso desde el palacio de San Carlos, el presidente pronunció su famosa frase: “La Constitución de Río Negro ha dejado de existir, sus páginas manchadas han sido quemadas entre las llamas de la Humareda”. En comparsa, el Consejo Nacional de Delegatarios, el “cuerpo constituyente” que adoptó la Carta Fundamental de 1886, una vez instalado, resolvió: “la Constitución de 1863 ha caducado”. Como premio a la hazaña del Regenerador, este particular mecanismo constituyente lo escogió presidente de Colombia por un sexenio: 1886-1892. Asimismo seleccionó vicepresidente a Eliseo Payán, conservador (relevado por Carlos Holguín en 1888) y designado al general José María Campo Serrano, liberal independiente.

En el Estado Soberano de Panamá, el ambiente también fue de efervescencia. En 1884, al presidente Dámaso Cervera lo derrocó la insurrección encabezada por el general Benjamín Ruiz, pero a los escasos días el gobierno de la Unión, a través de la Guardia Colombiana, depuso al nuevo régimen. En ese mismo año se celebraron elecciones en las que se enfrentó Justo Arosemena con Juan Manuel Lambert. La Asamblea Legislativa, por instrucciones de Núñez desconoció el triunfo de Lambert —a quien Núñez consideraba su adversario personal—, y en los primeros días de enero de 1885 promovió ante este órgano la designación del general Ramón Santodomingo Vila como gobernador civil y militar del Estado.

Este militar hubo de abandonar el territorio panameño y trasladarse a Cartagena para defenderla del asedio de las fuerzas insurgentes y se encargó del poder el primer designado, el doctor Pablo Arosemena, obligado a renunciar por el general Carlos J. Gónima, jefe de las fuerzas de la Guardia Colombiana estacionadas en Colón, quien asumió el gobierno, proclamándose jefe civil y militar. Entretanto, el expresidente Rafael Aizpuru se levantó en armas en la capital y permaneció a cargo del gobierno casi un mes, pero luego de que el general Gónima se movilizara a la ciudad de Panamá, se retiró con sus huestes al caserío de Farfán, en donde fue vencido por tropas superiores. “Mientras los soldados estadounidenses levantaban trincheras en las calles de nuestra ciudad” (Porras, 1998), “[…] desembarcaron 800 hombres, se adueñaron del ferrocarril de Panamá y continuaron coaligados a las fuerzas nuñistas, […], para combatir las legiones del general Rafael Aizpuru” (Puentes, 1942). Esta intervención militar fue solicitada por los nuñistas, pues mediante el artículo 36 del tratado Mallarino-Bidlack, celebrado en 1846, durante el primer mandato del general Tomás Cipriano de Mosquera, Estados Unidos garantizaba a la Nueva Granada la neutralidad, el libre tránsito y la soberanía colombianas sobre el istmo panameño, y en donde está “el origen de todas las intervenciones norteamericanas en Panamá” (Llano, 2005) y permitía a los norteños desembarcar sus fuerzas militares en caso de que se turbara el orden en Panamá y restablecerlo, a petición del gobierno colombiano.

En Colón se insurreccionaron las fuerzas radicales bajo la dirección de Pedro Prestán —uno de los principales colaboradores de aquel movimiento revolucionario y del fugaz régimen del general Benjamín Ruiz—. Se produjo también la incursión de las tropas estadounidenses y en el enfrentamiento entre las fuerzas nuñistas y las revolucionarias, ocurrió el incendio de la ciudad, “que en pocas horas quedó reducida a escombros y cenizas” (Lemaitre, 2002) y por el que, en venganza, fue culpado y ejecutado el abogado cartagenero. También se pretendió hacer pasar al general Ruiz como uno de los responsables del incendio ocurrido en la ciudad, pero en realidad cuando ocurrieron los hechos, según Julio A. Vengoechea, él se “encontraba sitiando a la ciudad de Cartagena junto a los generales Gabriel Vargas Santos, Foción Soto, Ricardo Gaitán Obeso, Pedro Pablo Sarmiento, Siervo Sarmiento, Fortunato Bernal, Daniel Hernández, Luis Lleras, Capitalino Obando, Benjamín Herrera, y otros muchos de los principales jefes del Partido Liberal de Colombia”. “Más tarde —aseguraba Antonio José Restrepo en el Congreso— se pudo comprobar que el incendio no fue obra de manos criminales, sino de la fatalidad de una batalla en una ciudad de madera y con un calor de 40° centígrados” (Puentes, 1942).

En ese caótico escenario, ilustraba Juan B. Sosa, el doctor Carlos A. Mendoza “fue Secretario de Gobierno del General Aizpuru, habiendo acompañado a este jefe en la revolución que encabezó para concurrir con los liberales en armas en el plan de derrocar al Gobierno de la Unión, pues afiliado Mendoza por herencia y por temperamento al Partido Liberal, prestó en toda ocasión a su causa política el contingente valioso de sus luces y de sus esfuerzos en todos los campos de la actividad, ya en el periodismo […], ora en la tribuna política […], o bien en los campamentos, cuando su partido jugó al azar de las armas la solución de intrincados problemas políticos o la reconquista de sus derechos conculcados”.

Mendoza justificó su intervención en esos acontecimientos basado en que el presidente Núñez, al disolver la Asamblea Constituyente de Santander, se rebeló “contra las instituciones que había jurado defender, y a virtud de las cuales se encontraba elevado a aquel puesto”. No le quedó otro camino a la opinión pública que levantarse en armas y hacer frente al “magistrado perjuro” para “obtener la reparación de las injusticias cometidas”.

Perdida la insurrección en Panamá, el general Aizpuru, “el jefe liberal más importante de la región no fue ejecutado pero sí fue conducido a Bogotá donde fue condenado a 10 años de prisión” (Vega et al., 2003). La prisión le fue conmutada por el destierro. El doctor Mendoza recibió el mismo trato: en primer lugar, prisión y en segundo lugar debió tomar el amargo camino del exilio hacia San José, en Costa Rica, donde se le unió Víctor Dubarry, también colaborador del militar vencido. Desde esa ciudad, el 5 de agosto de 1885, a 21 días de la capitulación del radicalismo, en un extenso manifiesto con el título, “El despotismo en acción y la democracia en campaña”, ambos soñaban con que “Continúa la revolución en Colombia”, contra la “reacción proyectada por el señor Núñez, reacción que pretende con la censura romper la pluma del escritor; con el concordato abrir las puertas de nuevas complicaciones religiosas; con el dinero corromper conciencias débiles y sostener ejércitos fuertes; con la alevosía hipócrita destruir nuestras más sagradas conquistas, y, por último, con la audacia astuta criminal que busca fórmulas y que finge piedad, consumar esa obra odiosa ante la cual van desapareciendo, como flores arrancadas por el huracán, la propiedad que es la base de la grandeza material, y la probidad que es el fundamento de la grandeza del alma”.

Tras la caída del Partido Liberal de Colombia, el Estado Soberano de Panamá sufrió la reducción a simple departamento de la ahora unitaria República de Colombia, sujeto a la autoridad directa del Gobierno central, administrado al tenor de leyes especiales y bajo la autoridad de un gobernador civil y militar, el general Alejandro Posada.

¿Acaso sería esta la feroz retaliación del doctor Núñez a la tierra que, paradójicamente, lo acogió de forma generosa y en donde gozaba de simpatías espontáneas, se casó con dama chiricana, se entroncó con la poderosa familia de José de Obaldía y recorrió trascendente itinerario político: Juez 2° del Circuito de Veraguas, diputado a la Cámara Provincial de Chiriquí, representante por la provincia de Chiriquí —lo que le permitió ser escogido vicepresidente y luego presidente de la Cámara de Representantes—, diputado a la Asamblea Legislativa, vicegobernador, gobernador interino, presidente de la Asamblea Legislativa y senador por el Estado de Panamá; y algunos años después, sus ciudadanos lo eligieron presidente del Estado Soberano de Panamá, aunque él, por displicencia, nunca tomó posesión del cargo?

La pregunta tiene respuesta afirmativa. La acción fue revanchista. Luego entonces habría que indagar: ¿Cuál sería el móvil de ese comportamiento hacia el Istmo? Carlos Alberto Mendoza, abogado, político e historiador, nos brinda en forma sencilla la respuesta lógica: Rafael Núñez, en el fondo, “odiaba […] el Istmo por su irrevocable vocación liberal”. Y recalca: “El conservadurismo panameño fue siempre consciente de su condición minoritaria. Hubo quienes en el centro de Colombia opinaban que el Istmo era irrevocablemente liberal. Por ello lo detestaban Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro”.

La regeneración

El presidente Núñez, como no tenía su aquiescencia, provocó a los radicales, les tendió una emboscada y estos cayeron en ella y esa fue su tragedia. Todo para reorganizar el sistema político imperante, porque en su concepto habría Regeneración o catástrofe. En su estratagema, “el gobierno opresor” contó con el “apoyo en masa” del Partido Conservador (Mendoza, 2001). Llano Isaza no exculpa a los radicales de su propia ruina, al decir: “fueron víctimas de su propia intolerancia, les faltó pragmatismo para entender la hora política y por ello desaparecieron ante el empuje de la ambición sin límites y los odios desbordados del regenerador Rafael Núñez”. A fuerza de honestidad, debe decirse que este desastre no solo lo originó su intransigencia ante la modificación del federalismo —que requería mejoras, no su destrucción—, que tras años de ejercicio del poder radical se convirtió en un sistema anárquico, sino que sus prácticas electorales se habían degenerado, adoleciendo de graves vicios en la lucha cívico-electoral por la presidencia de la Unión, la de los estados soberanos y por los demás puestos de elección popular.

Tras el triunfo, Rafael Núñez, los liberales independientes y los conservadores no demostraron ni hidalguía ni piedad con los vencidos. Sobre este rasgo, contrario a la generosidad de los radicales durante las guerras civiles de 1860, cuando, culminadas las hostilidades, se “abrió incontinenti ancho campo al enemigo, para elevar hasta las curules de las cámaras legislativas a sus adeptos y copartidarios”; y la de 1876, cuando “en el acto de entregar las armas los vencidos, recibieron el perdón de los vencedores”, está el testimonio de Mendoza: “Levantaron el cadalso, autorizando a naciones extranjeras a tomar parte en nuestra doméstica contienda; arruinaron y sitiaron a familias enteras; encarcelaron a los que les cupo en suerte no ser desterrados, y a éstos se les recomendaba en el suelo extranjero donde iban, como famosos criminales, a quienes había que vigilar cuidadosamente. Hasta allí llegó la crueldad de nuestros enemigos, de esos que se llaman, por sarcasmo, imitadores de la religión de Cristo, aquí en la tierra blasonando que practican la virtud y tienen por norma la justicia”.

Completada su jugada maestra y con los radicales fuera de acción, el omnipotente presidente Núñez fundó el Partido Nacional, constituido por liberales independientes y conservadores, para llevar a cabo su programa de reformas al tan aborrecido régimen federal que, conforme a su pensamiento, tantas tragedias le había ocasionado a Colombia y principalmente al istmo de Panamá.

Pero cierto es que en El dieciocho brumario de Luis Bonaparte, redactado entre diciembre de 1851 y marzo de 1852 por Karl Marx, existe la oración que le viene como anillo al dedo al doctor Rafael Núñez. Ella dice: “Los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente, que existen y les han sido legadas por el pasado”.

De esta forma, si bien con la victoria el Regenerador instauró su dictadura personal y después de su muerte en 1894 floreció la dictadura de partido, las circunstancias del pasado y de ese presente fueron determinantes en el curso de los acontecimientos, pues Núñez, el otrora gólgota y radical, quedó desde el primer momento en mano de los conservadores, conducidos por don Miguel Antonio Caro, con sus ideas políticas y económicas atrasadas (heredadas de la colonia) y su fanatismo religioso; y, por lo tanto, hubo de plegarse a sus designios, no solo desde el punto de vista institucional y político, sino desde el punto de vista personal.

La lucha política y el periodismo combativo

Carlos A. Mendoza, terminado su exilio, y en condiciones desfavorables, se dedicó con ahínco a la política, al periodismo y a la abogacía.

La Regeneración y su heredera universal la “hegemonía conservadora”, implicó para todos los colombianos el “gobierno clerical”, el “centralismo asfixiante”, la “educación restringida”, la “prensa censurada”, el “fraude electoral”, el descuido de las fronteras; la “nación desarrollada por pedazos que abandonaba buena parte de nuestra geografía, internacionalmente arrodillados a los EE.UU.” (Llano, 2009).

No obstante la conculcación de los derechos, Mendoza siguió su militancia y su lucha en el Partido Liberal. Estaba en contra de la falta de libertad para todos, como correspondía a la república democrática; pues concurría en el país una “Libertad para ellos”, es decir, para la Regeneración y sus incondicionales. A los liberales se les negaba todo derecho legítimo a defenderse y se les maniataba el derecho inmanente a expresarse libremente sobre los temas nacionales, sometiéndolos a los denuestos oficiales y de la prensa adicta. Sus planteamientos sobre los problemas más acuciantes eran rebatidos con burdas descalificaciones. Ante el señalamiento de las contribuciones excesivas contra un pueblo agobiado, se les ridiculizaba en el sentido de que invocaban cosas absurdas. Ante la crítica del empobrecimiento general de la patria, debido a la política monetaria nuñista inédita de emitir moneda de baja ley y de poner en circulación mucho papel moneda, se les llamaba impostores. Frente a la petición de que el país demandaba “sabia ley de elecciones”, se les acusaba de perturbadores del orden. Frente a la solicitud de nuevos colegios para el Istmo, pues la “escuela normal de varones y otra de niñas, únicos planteles de educación que la República sostuviera” fueron suprimidos de un plumazo, se les tildaba de enemigos de la religión. Frente a las imputaciones de corrupción, toda vez que “hay empleados de esta época, que entraron pobres a servir un destino, apenas modestamente remunerado, y hoy están poderosos”, se pretendía llamar a juicio a los denunciantes de esos desmanes, “por haber tratado de menoscabar reputaciones invulnerables”.

El sectarismo y la restricción, cuando no la desaparición de libertades, se convirtieron en las normas de conducta del régimen de Núñez, que asimismo ordenó el destierro de prominentes liberales, entre ellos Felipe Pérez, Daniel Aldana, y los expresidentes de la Unión, Aquileo Parra, Santos Acosta y Sergio Camargo. En Panamá, igualmente, fueron lanzados fuera de los fronteras los ex presidentes del Estado, los generales Buenaventura Correoso —“quien figuró de modo conspicuo (conspicuously) en los acontecimientos políticos de la República durante los regímenes colombianos” (The New York Times, 1911)—, Rafael Aizpuru, varón de abnegación y virtud (Mendoza & Stamato, 1996), y Benjamín Ruiz —“triunfador unas veces, calumniado otras, buen republicano y liberal siempre”, según Rafael Uribe Uribe—, extrañamiento antecedido de calabozo e incomunicación en las ergástulas del departamento, medidas exageradas del gobierno supremo, con la excusa “de impedir complicaciones internacionales y la conservación del orden público”, según daba cuenta comunicado oficial de la gobernación.

En realidad, apuntaba Conte Porras, “En el año 1888 un grupo de liberales istmeños, desafiando la persecución desatada en Colombia contra la prensa, deciden editar un periódico que titularon La Idea, dirigido por Mendoza, y cuyo primer número apareció el primero de febrero. Las críticas incluidas en el periódico debieron haber enardecido el ánimo del gobernador Juan B. Aycardi, quien inmediatamente ordenó la detención […]. A la vez, Mendoza era amonestado por un artículo en el que se denunciaba el estado de abandono en que se encontraba el departamento”.

El abogado Mendoza formuló, en el acto, petición al gobernador para que se le expidiera copia de la orden por la cual se privaba de libertad a estos ilustres ciudadanos, a la vez que inquiría sobre la autoridad que podía autorizar la visita a los presos y recurrir ante ella. La primera solicitud, cuya contestación la firmaba Francisco de Fábrega, hijo, secretario general del despacho, se negaba con argumentos inconcebibles para un régimen de derecho que respetara la libertad individual: no se sustentaba en ninguna norma legal, porque si Carlos A. Mendoza no estaba detenido ni arrestado no tenía derecho a obtenerla, y menos cuando hacía uso de un derecho que no se le había delegado; además, los interesados “la vieron y no quisieron copia”. La segunda solicitud fue ignorada olímpicamente. En vista de la cadena de desafueros, estimados como “medidas represivas del sufragio”, Mendoza en hoja volante (pues el periódico La Idea, lo mismo que El Sufragio en Colón, fueron suprimidos por el gobierno supremo, alegando “medidas preventivas, cuya explicación se espera se haga conocer del público oportunamente”) protestó enérgicamente por la expulsión de que fueron víctimas estos tres expresidentes y amigos.

Mendoza, “periodista de combate”, no cejó en su empeño de divulgar sus opiniones y su doctrina, pues “Amó el lápiz, las cuartillas y la tinta de imprenta […] adornos imprescindibles para hermosear el cuerpo de esa dama elegante y rubicunda que es la Prensa”. “Obra suya fue, antes de la República, fundar o animar con su consejo ilustrado y sus producciones candentes, órganos periodísticos que respondieron a cabalidad a las necesidades de la época en que se desenvolvieron” (Turner, 1958). Además de La Idea, fue parte del equipo de redactores de El Deber (dirigido con Joaquín Arciniegas hasta el retiro de este); constituyó El Ciudadano, clausurado por las autoridades; dirigió El Criterio (en compañía del doctor Eusebio A. Morales), y colaboró asiduamente en El Lápiz, editado por José Sacrovir Mendoza, que se nutrieron de su pluma de combate y cumplieron ingente labor en defensa de los principios liberales, pero sucumbieron víctimas de la censura, las arbitrariedades, las asechanzas, los destrozos y los cierres de la Regeneración. En la República, este periodista contribuyó con la organización de El Diario de Panamá, vocero del Partido Liberal y La Voz del Pueblo, dirigido por Domingo H. Turner, “periódico nacido al calor de sus entusiasmos de hombre demócrata y que recibía cotidianamente el empuje de su vasta ilustración y de su bien nivelado cerebro” (16 de febrero de 1916), el cual se convirtió en abanderado de la liza electoral a favor de la candidatura de Rodolfo Chiari en 1916 y, de acuerdo con Samuel Lewis Arango, “libró recias y constantes batallas contra el gobierno” del presidente Porras. Por estas razones, el Sindicato de Periodistas de Panamá lo considera, en palabras de Rafael Peralta Ortega, “como paradigma del periodista, como ejemplo magnífico del obrero de la pluma, como exponente genuino de la prensa istmeña”.

Por su lucha sin tregua ni cuartel, dos años más tarde, el Partido Liberal lo eligió delegado a la Convención Nacional que se celebró en Bogotá con el objetivo de reorganizar los cuadros ante el descalabro militar de 1895 y la derrota electoral de 1896. Allá por su figura ya de dimensión nacional y sus relevantes dotes fue exaltado a la posición de secretario general de ese histórico cónclave, que examinaría “un programa de reformas a la actual legislación”, sin irse “por las vías del utopismo”. Esta convención —en la que lo acompañó el otro delegado por el Istmo, el doctor Pablo Arosemena, “jurisconsulto”, “orador” y “publicista”, “cuya fama extralimitando los confines nacionales, lo pregona como una de las figuras políticas más notables del Istmo y de la cual se enorgullece Colombia” (Mendoza, s.f.)— revestía importancia mayúscula porque se hacía necesario, explicaba D. H. Turner, reagrupar “las huestes del histórico Partido, no digamos dispersas, sino casi despavoridas por los duros golpes de la Regeneración”.

En torno a la conducta rectilínea desplegada por Mendoza, siempre erguida, siempre firme, siempre apegada al liberalismo, el doctor Eusebio A. Morales dijo:

En el largo periodo de la regeneración colombiana, Mendoza fue un luchador incansable, inteligente y valeroso. No hubo campaña política en la que no tomara parte con el ímpetu y la energía pasmosa que pone en todo lo que acomete, y por tal razón llegó a ocupar un puesto muy elevado entre los jefes del Partido Liberal y uno mucho más importante aún en el concepto de los copartidarios que saben distinguir lo que vale mucho de lo que tiene un valor mediocre o nulo. […] ha demostrado en la adversidad la integridad de su carácter, ha sacrificado su bienestar personal por su partido y por su patria, ha expuesto su vida como soldado por conquistar para sus conciudadanos un poco de libertad y justicia; y todo lo ha hecho, no como quien es conducido o arrastrado por un movimiento fatal, que no puede dominar, sino con el entusiasmo de líder convencido y firme”.

La defensa de Victoriano Lorenzo

Mendoza fue el defensor en el juicio criminal por jurados seguido ante el Juzgado Superior de la República, con sede en la ciudad de Panamá, contra Victoriano Lorenzo, Miguel Rodríguez, Tomás Arias, José de la Cruz Gil y Ramón y Trinidad Rodríguez, indígenas originarios de la serranía de Coclé, acusados de la muerte de Pedro de Hoyos, conocido también como Pedro Espejo, en un incidente acontecido el 23 de junio de 1891, conexo con la pugna de jurisdicciones, pues nombrados regidores, uno por el alcalde de Capira y otro por el alcalde de Penonomé, se disputaban ante la pasividad de los superiores jerárquicos la autoridad sobre los caseríos de la Trinidad, del Cacao y del Cirí, y el cobro de las contribuciones, especialmente las de degüello.

En la tesis esgrimida por su defensor durante el proceso penal, se subrayaba que Victoriano Lorenzo se declaró autor de la muerte de Hoyos, pero a su favor alegaba defensa propia, respaldada por siete testigos, quienes afirmaban que Hoyos atacó a Lorenzo y este únicamente se defendió. Hoyos, nombrado por el alcalde de Capira, quien le tenía mala voluntad a Lorenzo, nombrado por el alcalde de Penonomé, con guardia de nueve hombres con machetes y escopetas, fue de noche a prender al “arbitrario” Lorenzo y lo encontró en la celebración de la víspera de San Juan, en la cual él y sus compañeros consumían bebidas de chicha y aguardiente. Lorenzo, quien en varias oportunidades había presentado quejas ante sus superiores de la actitud contra él por parte de Hoyos, frente a la agresión injusta de que todos eran víctimas por ese piquete armado, en defensa de su vida, repelió el ataque, al igual que sus compañeros, y como consecuencia se produjo la muerte de Hoyos.

Pese a que todos estos hechos estaban acreditados en el expediente, el jurado de conciencia halló culpables a Lorenzo y Rodríguez, mientras que absolvió a los demás procesados. En consecuencia, el juez superior fijó al primer procesado la pena de nueve años de presidio como autor principal del homicidio (en segundo grado), y al segundo procesado, la pena de seis años de presidio por su calidad de cómplice. Mendoza, en su escrito de apelación de la condena, que contiene extraordinarios argumentos, le solicitaba al Tribunal Superior del Distrito Judicial del departamento de Panamá que modificara la pena impuesta por el inferior a los dos sentenciados, porque la calificación del delito no se avenía con lo dispuesto en el Código Penal, toda vez que no había asesinato ni homicidio premeditado, sino homicidio voluntario (aunque él probó en la audiencia pública que Lorenzo actuó en defensa de su vida y la de sus compañeros, es decir, se configuró una excluyente de culpabilidad, pero el jurado no lo creyó de esa manera), de tal forma que ante la muerte del provocador, a causa de la ofensa inmediata ocasionada, debía graduarse dicha sanción entre seis meses y un año de prisión.

Al principio de su recurso, de fecha 11 de julio de 1892, Mendoza elaboró una reflexiva elucidación de las condiciones infrahumanas y de abandono en las que vivían los indígenas panameños. La causa debía ser célebre en los anales judiciales y forenses, porque las circunstancias que la rodeaban desmentían la jactancia de que el país fuese civilizado y las pruebas tendían a demostrar “cuán lejos está gran parte de la población de merecer semejante calificativo” ante la incapacidad gubernamental. Por “nuestra mala administración”, los habitantes de estas poblaciones vegetaban dispersos en las montañas, lejos de la acción directa de la autoridad, huérfanos de ley alguna, del orden político, religioso o moral; “sin gozar en el rudo batallar de la vida, de ninguna noble fruición”; sin otro respeto por los demás, salvo el innato en ellos provisto por la propia naturaleza; sin protección para sus vidas, sus propiedades y sus trabajos; y sin esperanza de modificación de ese miserable modo de vida. No tenían maestros, ni escuelas, ni moral; sus vidas no eran de hombres, sino de fieras. Se “trata de gentes a quienes la sociedad tiene en el más absoluto abandono en todo a lo que se refiere al bienestar de ellas”.

Este punto introductorio del recurso es interesante e innovador en el marco del liberalismo clásico, cuyo amparo exclusivo se restringía a los derechos individuales. En la década final del siglo xix la teoría liberal aún no había abrazado el reconocimiento de los derechos sociales. Ahora bien, de acuerdo con Antonio Rivadeneira Vargas, los radicales “fueron los primeros ideólogos que en Colombia insinuaron el liberalismo social, especie de humanismo republicano, según el cual el Estado debe dar protección a los débiles ante la arrogancia de los poderosos”. En 1904, el radical Rafael Uribe Uribe, “el más ilustre de los jefes del Partido Liberal Colombiano” (La Prensa, 21 de octubre de 1914), fue el primer liberal colombiano en plantear medidas intervencionistas del Estado tales como legislación laboral, accidentes de trabajo, pensiones y seguros; asistencia pública y seguridad social; reformas al régimen agrario; protección a la industria nacional; medidas contra la especulación de alimentos; cooperativismo; bancos hipotecarios y cajas de ahorro, entre otras, todas acordes con el liberalismo social, aunque él a su propuesta la denominó, con intrepidez, socialismo de Estado.

En este sentido debe afirmarse, sin temor a equivocación, que Mendoza, radical de vieja data, con esas consideraciones puntuales sobre la situación del desamparo de los aborígenes, fue el precursor del liberalismo social en el Istmo. A ellas deben sumársele, en abono a esta afirmación, lo publicado por el Diario de Panamá, la voz periodística de este líder popular, el 2 de abril de 1910, cuando ocupaba la Presidencia de la República, en el sentido de que “los obreros tienen derecho a que el Estado se ocupe de su presente y se preocupe de su porvenir y ese derecho no les será negado. […] Una ley de accidentes del trabajo, la provisión de viviendas higiénicas y económicas, la protección a la mano de obra nacional contra la ruinosa competencia extranjera, todo ello necesita el obrero panameño y a ello se atenderá […]”. En el contrato para el estudio del ferrocarril que comunicaría a las poblaciones de Panamá y David y prácticamente a todo el país, dispuso en protección del trabajador nacional, que en el servicio materia del contrato se prefería el trabajo de los panameños en la medida que “fuese practicable y constante con el trabajo eficiente”. Su gestión presidencial estuvo involucrada, en conjunción con los obreros, en la Ley 6ª, promulgada el 4 de octubre de 1910, cuatro días después de expirar su mandato, que reconoció el 1° de mayo, en honor a los mártires de Chicago, como día de los trabajadores y lo declaró feriado.

El juicio penal contra Lorenzo y Rodríguez era imperfecto en vista de que faltaban en el expediente muchas pruebas, aducidas por la defensa y admitidas por el juez superior, mandadas en comisión al juez de circuito de Coclé, que aun no se habían practicado cuando se celebró la audiencia pública.

Otra irregularidad relevante radicaba en que coexistían dos sumarios sobre la misma investigación, en los que el hecho de sangre “aparece bajo dos aspectos diametralmente opuestos y se presentan dos puntos de vista muy distintos”. Uno, levantado por el alcalde de Capira, con evidente parcialidad, con una serie de omisiones y testimonios, muchos de oídas y otros que parecen tomados “de un mismo patrón”, con “repetición de los mismos hechos, de las mismas palabras”, calificando de asesinato la muerte de Hoyos y culpando de ella a Victoriano Lorenzo y a sus amigos. Otro, iniciado por el alcalde de Penonomé, cuando el regidor se presentó ante su superior declarándose autor de la muerte de Hoyos, excepcionando defensa propia. Los testigos presenciales, bajo la gravedad del juramento, declararon que fue Hoyos quien lo atacó y el regidor no hizo otra cosa que salvaguardar su vida, ocasionándole la muerte al agresor.

No obstante este extenso y bien fundamentado recurso de apelación, que insistía en la legítima defensa en el incidente mortal, el Tribunal Superior confirmó la condena impuesta.

La guerra de los Mil Días

Mendoza, como hombre de leyes, era prosélito de la paz; mas con todas las ilusiones de cambio del statu quo desvanecidas por el control férreo, los fraudes y las artimañas de la Regeneración, estuvo presto en ir a la guerra —ya había estado en ella en 1885— aun a costa de su vida y del bienestar de su familia que, además de su señora madre y sus hermanos, tuvo después como tronco axial a sus hijos Carlos Ernesto, Josefa y María Isabel.

Ante la decisión del Partido Liberal colombiano, bajo la égida de los generales Gabriel Vargas Santos y Rafael Uribe Uribe, de derrocar por las armas al gobierno regido por el presidente Manuel Sanclemente (conservador-nacionalista, elegido en 1898, en representación del Partido Nacional y derrocado el 31 de julio de 1900 por su vicepresidente José Manuel Marroquín, conservador histórico del Partido Conservador), con levantamientos armados en diferentes partes del país (Santander, Boyacá, Tolima, Magdalena y Cauca), se inició y desarrolló la guerra de los Mil Días en Colombia.

Mendoza, miembro del directorio del Partido Liberal en el departamento de Panamá, se alistó en la expedición revolucionaria que, para extender esta guerra al Istmo, partió desde Nicaragua en el vapor Momotombo, con la ayuda del presidente José Santos Zelaya y arribó a Punta Burica, en Chiriquí, el 31 marzo de 1900, dirigida por el doctor Belisario Porras, proclamado jefe civil y militar del Istmo y con la responsabilidad militar del general Emiliano Herrera, jefe de operaciones.

A los expedicionarios no los recibió la metralla sino portentosa nube de mosquitos que, con sus certeras picaduras, obligaron a Carlos A. Mendoza, investido secretario de Gobierno y a Eusebio A. Morales, secretario de Hacienda, enviados con otros a tierra en un bote como vanguardia exploratoria, a pernoctar cubiertos de arena para evitar los embates de ese irritante, nocivo y a veces deletéreo insecto.

Desde ese lugar, Mendoza preparó el primer manifiesto del Ejercito Restaurador de la República democrática, dirigido a los habitantes del Istmo, suscrito por el jefe y sus secretarios, las máximas figuras civiles de la revolución en marcha. Frente al “yugo regenerativo”, los revolucionarios anunciaban que, sin vacilación y con la seguridad de la victoria, acudían al llamado de las víctimas y “en acatamiento a las órdenes de nuestros jefes nacionales, que nos excitan a hacer todo género de esfuerzos y sacrificios, a restaurar la República, a libertar a la patria aherrojada, a devolveros la justicia, escarnecida en tantos días de oprobio como han pasado y lanzada de la hermosa y amada tierra en compañía de buenos hijos que le rindieron el culto fervoroso que le tributaron nuestros padres”.

En la toma de David, tras haber llegado a la población de Alanje sin disparar un solo tiro, el jefe civil y militar incurrió en temeridad, a la que se le unió el secretario de gobierno, ambos “hermanos políticos siameses” (Turner, 1958), más por entrañable amistad que por buen juicio. El doctor Porras quería dirigir personalmente el ataque por el centro de las operaciones y Mendoza trató de disuadirlo, pero Porras, quien tenía la autoestima elevada y no conocía el miedo, insistió en su determinación, ante el comentario malintencionado que circuló entre las tropas sobre la duda de su coraje. Entonces Mendoza, cuya valentía fue proverbial, con lágrimas en los ojos le dijo: “Te acompañaré; donde quiera que caigas, caeré del propio modo” (Porras, 1973).

Tras algunas horas de combate, la capital chiricana cayó en poder de los revolucionarios. Acto seguido, unas al mando de Herrera y otras al mando de Porras, sus milicias avanzaron hacia Santiago y Aguadulce, ciudades que fueron ocupadas. El siguiente paso fue Bejuco, y allí acamparon. En la búsqueda de una zona estratégica para enfrentar el ejército conservador, se replegaron a La Negra Vieja, en donde ocurrió el glorioso combate de diez horas que puso a los liberales en control de La Chorrera y a las puertas de la ciudad de Panamá, lo que permitiría la victoria absoluta sobre el gobierno en el Istmo.

Desde Chame, Mendoza, en su carácter de secretario general de la jefatura civil y militar del departamento de Panamá, dirigió circular a los cónsules extranjeros en Panamá, en nombre del Gobierno revolucionario, ofreciendo garantías a todos los extranjeros residentes en Panamá y Colón con relación a la seguridad de sus bienes, como se había hecho durante toda la campaña. Con igual propósito, se dirigió en extensa nota al coronel James R. Shaler, superintendente de la Compañía del Ferrocarril y asimismo para persuadirlo de que no transportara en los trenes a los elementos de guerra y las tropas del gobierno.

Las divergencias entre Porras y Herrera —cuyo origen se remontaba al escogimiento de este como jefe de operaciones, pues el jefe civil y militar quería en esa posición al general Rafael Aizpuru, mientras que el presidente Zelaya se inclinaba por el general Herrera y prevaleció su criterio—, se acentuaron a medida que se desarrollaba la guerra. De esta suerte, si bien los revolucionarios triunfaron en la batalla de Corozal, estas desavenencias formaron crisis en los enfoques sobre las tácticas del ataque a la ciudad de Panamá, las cuales, aunadas a la descoordinación de los revolucionarios, ocasionaron la catástrofe del Puente de Calidonia, el 24 de julio de 1990, en donde la revolución sufrió alrededor de 500 bajas y se inmoló lo más granado de la juventud liberal, incluyendo a Juan Antonio Mendoza, hermano del secretario general del Gobierno de la revolución.

A Carlos A. Mendoza, pese a su duelo personal y a la amargura de la derrota, le fue encomendada la tarea de celebrar el convenio de capitulación en las condiciones impuestas por el general Carlos Albán, gobernador civil y militar del departamento de Panamá y comandante general de las fuerzas marítimas del Poder Ejecutivo Nacional en el Atlántico y el Pacífico. Porras salió para Centroamérica, mientras que Mendoza y Morales tuvieron que resignarse a permanecer en el Istmo, en donde fueron víctimas del odio y sufrieron “la persecución de los adversarios, que, con motivo de la guerra, habían perdido sus bienes o se encontraban rencorosos por los perjuicios experimentados; o temían que intentaran promover nuevos disturbios” (Isaza, 1994).

Para colmo de males, el general Albán los mandó a poner presos al mes siguiente de la rendición. Por fortuna fueron llamados al despacho de este jefe militar, quien habiendo examinado los libros y los papeles de la Revolución, en poder de Rodolfo Chiari, enalteció la honradez de los revolucionarios y la forma con que llevaron a cabo su movimiento: “con guante blanco”. Se identificaba plenamente con Porras y ellos, porque él, a su modo, también “estaba contra el desorden y el desgreño” que se vivía en Colombia; ordenó su libertad inmediata, sin fianza ni condiciones de especie alguna.

Tiempo después, Mendoza viajó a Costa Rica en donde se unió a Belisario Porras y con la ayuda del general Victoriano Lorenzo, bravío combatiente, quien mantenía su sistema de guerra de guerrillas que puso en jaque a las autoridades conservadoras, cuya base era La Negrita en la región de Coclé, regresaron al Istmo para proseguir con las acciones militares. Entre tanto, el general Benjamín Herrera, director de la guerra en el Cauca y en Panamá, nombrado Director Supremo de la Guerra por el general Vargas Santos, había organizado otra expedición militar que llegó al Istmo el 24 de diciembre de 1901, por el puerto de Búcaro, para alcanzar la redención del liberalismo colombiano y, por ende, “de ese pueblo que, despojado de sus bienes por un inicuo sistema fiscal y de peculados, es robado en su persona en la odiosa y bárbara forma de reclutamiento” (Benjamín Herrera). Inmediatamente, los liberales se tomaron las poblaciones de Tonosí y Aguadulce, no sin antes enviar una fuerza al mando del coronel Manuel Quintero Villarreal para someter a la ciudad de David. Conseguido este propósito, otra fuerza, a órdenes del coronel Ramón Buendía, ocupó Bocas del Toro. Todos los objetivos militares trazados por Herrera fueron alcanzados por el ejército rebelde, así como el hundimiento del buque Lautaro, artillado por el general Albán y en donde este perdió la vida, en el combate naval de la bahía de Panamá, en el que participaron por el lado liberal el crucero Almirante Padilla y el cañonero Panamá.

Porras, Mendoza y Lorenzo, quien contaba con cuatrocientos hombres, se integraron al ejército de Herrera. Sin embargo, las discrepancias entre Porras y Herrera fueron manifiestas. Por tales causas, Porras renunció al cargo de jefe civil y militar, y el general Herrera nombró al coronel Manuel Quintero Villarreal en su reemplazo. Enseguida, el doctor Mendoza, transitando “un camino decoroso”, e identificado completamente con las miras de Porras, presentó su dimisión a la secretaría general de dicha jefatura; así mismo solicitó permiso para separarse del ejército.

Luego de otros desencuentros entre el abogado Porras y el militar Herrera, que culminaron en un acto de agresión física de este contra aquel, el ex jefe civil y militar fue reducido a prisión, pero mientras lo conducían a la cárcel ubicada en las afueras de Santiago, logró evadir a sus custodios y huir a Costa Rica. Como los servicios de Mendoza eran muy valiosos para la revolución, el general Herrera no podía darse el lujo de prescindir de ellos, muy a pesar de que se hubiese identificado con Porras y fuere su amigo probado; en adición de otros asuntos propios de la disciplina de oficiales y tropas en los que Mendoza actuó en defensa de estos al tenor del fuero militar, y de su franca censura a todo lo que no le parecía conforme con los fines de la revolución, entendiéndose claramente entonces que tenía disensiones con el Director de la Guerra. Pero este, haciendo dejación de estas consideraciones, lo retuvo en las filas y lo nombró visitador fiscal del Ejército del Cauca y Panamá, aunque Mendoza, terminada la guerra, en polémica incitada por el conservador Nicolás Victoria Jaén, secretario de Instrucción Pública del gobernador del departamento, escribió: “No fui a buscar honores en los campamentos revolucionarios, y un puesto más humilde que el que tuve lo habría ejercido en servicio de mi causa”.

Conforme al general Lucas Caballero, seleccionaron “a gentes de reputación la más sentada [para el manejo de las finanzas], gentes cuya probidad tiene las más altas refrendaciones. […] Las contribuciones recaudadas son las que rezan los libros”. Mendoza, visitador fiscal, se caracterizó por su testimonio “irrecusable por cuanto lo estimo honrado y por cuanto tuvo especiales facultades de revisión en la recolección y distribución de los caudales del Ejército. […] El doctor Mendoza me merece el concepto de nombre muy competente y honrado”. En Pocrí de Aguadulce, el 5 de octubre de 1902, Carlos A. Mendoza, visitador fiscal de Hacienda, quien tenía el grado de coronel del Ejército Revolucionario, suscribió, con toda la plana mayor, una enérgica protesta contra el ministro de Guerra de Colombia, señor Fernández, por la “onda de sangre” derivada del “asesinato a mansalva y a sangre fría”, con el fusilamiento de prisioneros de guerra; por “la cínica afirmación de que el ejército (liberal) está compuesto de filibusteros”; y por la nefanda impostura de que los revolucionarios “somos instrumentos de gobiernos extranjeros para desmembrar al país”.

Tras los diferentes triunfos de los liberales en el interior del Istmo —incluyendo la segunda victoria en Aguadulce y la ocupación de Pocrí— , y su disposición desde La Chorrera de atacar a las ciudades de Panamá y Colón, se produjo la intervención de los Estados Unidos de América —que el general Lucas Caballero denomina ingenuamente “inesperada mediación”—, a través del cónsul de ese país y de un comandante de su marina de guerra. Ambos le comunicaron al general Herrera que la potencia norteña no permitiría combates en Panamá, Colón, ni en la línea del ferrocarril; toda la zona de tránsito estaba bajo la vigilancia de sus fuerzas armadas, y ninguna persona estaba autorizada para entorpecer la “circulación de los tránsitos” y obstruir dicha ruta de transporte. Esta intervención dio lugar al Tratado del Wisconsin, suscrito el 21 de noviembre de 1902, en el buque de guerra estadounidense Wisconsin, que puso fin a la guerra de los Mil Días.

En violación al tratado de paz, el general Victoriano Lorenzo fue apresado, pese a las gestiones del general Herrera para que se le dieran “garantías especiales” y las de los generales Caballero y Buenaventura Correoso para remediar los abusos, y las recomendaciones de Eusebio A. Morales y Carlos A. Mendoza, así como de muchos otros distinguidos panameños. A pesar de ello el general Lorenzo fue encerrado en un calabozo, con grilletes e incomunicado, juzgado injustamente y condenado por un consejo de guerra ad hoc, integrado por los conservadores y fusilado inicuamente el 15 de mayo de 1903.

“El día de sus honras, el liberalismo en procesión de más de cinco mil almas, colocó sobre su tumba una corona: la corona del recuerdo. El doctor Mendoza tomó la palabra al colocar la ofrenda de un pueblo, y se encontró cortado en su oración fúnebre por una escolta de policiales que, a todo correr, había llegado al cementerio para impedirlo todo, de orden superior” (El Lápiz, no. 85).

En relación con este estremecedor acontecimiento, el cual presagiaba el destino que se le deparara a los liberales, se alzó la enérgica palabra del escritor José María Vargas Vila: “Yo anuncié la separación de Panamá, cuando la inútil crueldad de José Manuel Marroquín, asesinando a Victoriano Lorenzo, estranguló en lo alto de la horca, la paciencia de aquel Pueblo”. En realidad, la paciencia del pueblo istmeño liberal no la asesinaron en lo alto de la horca los conservadores colombianos, como sí fue ultimado el abogado Prestán, sino, en el caso del general Lorenzo, con las balas del pelotón de fusilamiento.

El doctor Mendoza no se cansó por los periódicos de la pronta denuncia de los arbitrariedades contra los liberales: las autoridades civiles y militares destacadas en las provincias de Panamá, Colón, Coclé, Los Santos, Veraguas y, particularmente, las responsables de Chiriquí, “han perseguido, matado, encarcelado, flagelado, extorsionado y sumariado a liberales a quienes, por haber servido en el ejército con las armas o en cualquiera de los otros ramos del servicio organizado por la revolución, se les acusa para cohonestar actos de venganzas contra ellos ejercidos, de delincuentes comunes” (ibíd., no. 81). Con lujo de detalles, el doctor Mendoza desglosó los excesos de los conservadores en David, Chitré, Pesé, Las Tablas, Pocrí, Los Santos y en la provincia de Coclé, especialmente en Penonomé, en donde se levantó patíbulo para “ultimar a dos infelices indígenas” (ibíd., no. 85).

La secesión de Panamá

La separación de Panamá de Colombia, acontecida el 3 de noviembre de 1903, fue el resultado de la audacia panameña, la ambición estadounidense, la codicia francesa y la miopía colombiana.

La audacia panameña, porque los intereses comerciales de los conservadores istmeños, que vieron en peligro su propia supervivencia económica con el rechazo del tratado Herrán-Hay, se conjugaron con los intereses políticos de los liberales cansados de los atropellos reiterados, de la imposibilidad del libre juego de las ideas, de la privación de elecciones democráticas y de la lejanía del poder, anomalías que se extendían por largos dieciocho años.

El propio doctor Mendoza, en su impugnación a ese tratado, calificaba a los conservadores de “negociantes” cuya óptica se limitaba “a los intereses materiales y de los provechos inmediatos en sus propiedades, o en su comercio, o en sus relaciones sociales”, que les serían procurados “si se ejecutan los trabajos del canal con mucho dinero”. En otras palabras, los conservadores estaban en la búsqueda de los beneficios económicos derivados de la prestación de bienes y servicios en la construcción y el funcionamiento del Canal de Panamá y sus intereses se ligaban estrechamente con los intereses de los Estados Unidos de América, que se encontraban rumbo a su fase imperialista y su preponderancia mundial. Sin embargo, tienen razón quienes argüían, entre ellos el senador Juan B. Pérez y Soto, que los liberales istmeños, excepto Belisario Porras, se articularon a favor de la causa pro-tratado desde que ocurrió el exabrupto del ejército colombiano, que, sin conocimiento y luego con la protesta del gobernador Facundo Mutis Durán, y por órdenes emanadas del general José Vásquez Cobo, cometió un serio atropello contra el periódico liberal El Lápiz, al que le produjeron varios destrozos en la imprenta, y su director José Sacrovir Mendoza y sus empleados, fueron agredidos físicamente por los militares (Araúz, 2009).

Se entendía esta acción militar como represalia urdida contra el periódico, que había publicado los detalles del injusto fusilamiento del general Victoriano Lorenzo, provenientes de la prensa de Bogotá, así como los cargos formulados en sus páginas editoriales a los militares que formaron parte del consejo de guerra. Sin embargo, no debe descartarse que subyaciera también en la mente dictatorial de los conservadores entorchados la divulgación de las iniquidades reiteradas en las distintas regiones del Istmo en perjuicio de los liberales que habían depuesto las armas, narradas sin tapujos por el Mendoza.

Este último y repudiable acto, unido al ensañamiento en contra del general Lorenzo y la persecución desatada frente a los excombatientes, retrataba de cuerpo entero a las autoridades militares colombianas y no se avizoraba nada bueno ni cambio alguno en la política de mano férrea del altiplano destinada a los pobladores del departamento, que, como panameños, tenían “la aspiración muy natural de mandar en su casa”, conforme apropiadamente había escrito el doctor Carlos A. Mendoza en 1888.

La ambición estadounidense, encarnada por el presidente Theodore Roosevelt, en construir el canal ístmico que, con el paso de buques de carga o pasajeros, le permitiría a esa nación lograr la expansión significativa de sus actividades comerciales y le facilitaría la interconexión entre sus costas este y oeste de los, así como incrementar su poderío militar con el tránsito expedito de los buques de guerra de un océano al otro.

Y, con esos objetivos, “ellos —decía Vargas Vila con su estilo panfletario—, a ese Istmo noble y bueno traicionaron, despojaron de sus tierras, le quitaron una zona enorme y rica, y la hicieron tierra suya, y clavaron sobre ella su bandera desleal”.

La codicia francesa, personificada por Philippe Bunau-Varilla y reunida en los dueños de las acciones de la Nueva Compañía del Canal de Panamá, la sucesora de la Compañía Universal del Canal de Panamá, desesperados por recuperar como fuera, parte de su inversión ante el fracaso en el intento de construir la ruta interoceánica por el Istmo, llevando a la quiebra a miles de accionistas, provocando la caída del gobierno en esa nación y lastimando el honor del pueblo francés.

La miopía colombiana, porque con la supresión del régimen federal, que había prosperado por treinta años en el Istmo y la incuria de la Regeneración con respecto a los panameños, obnubiló a los gobernantes de la República de Colombia y les impidió advertir el rumbo de los intereses de los conspiradores conservadores, a los que se sumaron los sentimientos de prestantes figuras liberales, afligidas por la ejecución del general Lorenzo, los notorios desafueros contra sus copartidarios y la agresión infundada contra la prensa opositora. Sin embargo, no cabe la menor duda de que el rechazo del tratado Herrán-Hay por el Senado colombiano fue la mecha que prendió la idea de la separación definitiva de Panamá de Colombia, Estado al que se había unido voluntariamente en 1821, deslumbrados sus próceres por la gloria del Libertador Simón Bolívar. “Panamá era ‘la joya de la corona’, lo más preciado del territorio colombiano, pero no aguantó los errores del gobierno central establecido en Bogotá” (Llano, 2009).

El Acta de Independencia, elaborada por el doctor Carlos A. Mendoza, sumado a la conspiración, y en cuya revisión participaron los conservadores Samuel Lewis García de Paredes y Nicanor Villalaz, que fue adoptada por el Concejo de Panamá, refleja paladinamente el sentir de los liberales al que se mancomunaron sus antiguos adversarios nacionalistas e históricos. Pero este instrumento fundacional, en aras de mantener una postura armónica y uniforme, en la redacción objeta en su totalidad el trato colombiano, tanto en el federalismo como en el centralismo, con respecto al Istmo durante el largo tiempo que “espontáneamente asoció su suerte a la de la Gran República de Colombia”. No faltaba razón para sostener este punto de vista sobre el radicalismo, si nos atenemos al folleto de general Buenaventura Correoso, intitulado Sucesos de Panamá. Informe a la Nación, editado en 1886, en el que hizo un detallado recuento de las situaciones de crisis e inestabilidad en el Estado Soberano de Panamá (verbigracia: 1860, 1865, 1868, 1876, 1878, 1879 y 1885), cuya culpa recaía en la Guardia Nacional de los Estados Unidos de Colombia, es decir, en el gobierno colombiano. De esta suerte, el Acta indica:

Hiciéronse reflexiones tendientes a establecer que la unión del Istmo con la antigua y la moderna Colombia no ha producido los bienes que de este acto se aguardaban, y en extensas consideraciones se hizo mención particularmente de los grandes e incesantes agravios que al Istmo de Panamá le han hecho en sus intereses materiales y morales en todo tiempo los gobiernos que en la Nación se han sucedido, ora durante la federación, ora en las épocas del centralismo; agravios que en vez de ser atendidos y patrióticamente remediados por quienes debieron de serlo, cada día se aumentan en cantidad y agravan en importancia con persistencia y ceguedad tales que han desarraigado en los pueblos del Departamento la inclinación que por pura voluntad tuvieron a Colombia y demostrándoles que, colmada la medida de las querellas y perdidas las esperanzas de un futuro, es el momento de desatar unos vínculos que los retrasan en cuanto tiende a la civilización, que pone obstáculos inseparables al progreso y que, en suma produce infelicidad, contrariando y haciendo completamente nugatorios los fines de la sociedad política en que entraron movidos por la necesidad de satisfacer la obligación de prosperar en el seno del Derecho respetado y de la Libertad asegurada.

“Entre las quejas de los panameños, era importante la que resaltaba que, a través de los impuestos generados por el tránsito, las cuotas pagadas por la Compañía del Ferrocarril de Panamá y otras fuentes especiales de ingresos, Panamá producía para el tesoro de Bogotá mucho más de lo que recibía en forma de servicios gubernamentales. Sin duda, los panameños habrían tolerado este tipo de discriminación y su status de subordinados, si al menos hubieran continuado disfrutando del negocio del tránsito; y fue precisamente en torno a este asunto que la relación de Panamá con el resto de Colombia se rompió finalmente” (Bushnell, 1994).

Comoquiera que cada día trae su afán, el 4 de noviembre, el día siguiente del pronunciamiento independentista, en la plaza de la Catedral de la ciudad de Panamá se realizó el Cabildo Abierto, en el que el pueblo capitalino, integrado por ciudadanos conservadores y liberales, libre y espontáneamente se adhirió a la separación del istmo de Panamá de la República de Colombia y empeñó su palabra de honor “de sostener con fidelidad el Gobierno de la nueva República, iniciado bajo tan buenos auspicios, comprometiendo en aras de tan sublime ideal nuestras propias vidas e intereses y el porvenir de nuestras familias”.

La proclama de Independencia del Cabildo de Panamá, cuyo fin era el “de constituir una República con gobierno independiente, democrático, representativo y responsable, que propenda a la prosperidad”, fue respaldada por los municipios del Istmo. Otro servicio invaluable le prestó Mendoza a la causa de la Independencia. Ante los intentos del presidente Marroquín en el sentido de que Panamá se reintegrara al seno colombiano, el abogado liberal revalidó sus dotes de negociador. Marroquín, quien quería la reincorporación del Istmo por los medios diplomáticos o por la fuerza, autorizó al general Rafael Reyes, el encargado de la misión militar, para que negociara con los panameños. La Junta de Gobierno Provisional nombró para tales fines a Tomás Arias, miembro de esta junta; a Carlos A. Mendoza, ministro de Justicia; al general Nicanor de Obarrio, ministro de Guerra y Marina; a Carlos Constantino Arosemena y Antonio Zubieta, quienes se reunieron con los generales Reyes, Jorge Holguín, Pedro Nel Ospina y Lucas Caballero, en el vapor Canadá, fondeado en la bahía de Colón. Los delegados colombianos ofrecieron todo tipo de garantías para la reincorporación, que había dado resultado positivo a Colombia en ocasiones anteriores (como fue el caso del Estado del Istmo en 1841); incluso el general Ospina propuso que Colombia se uniera a Panamá y que la capital de la República fuera la ciudad de Panamá.

Sin embargo, se encontraron con la actitud firme de los comisionados panameños, que consideraban la medida de la separación como un acto irrevocable, la cual contaba con la sanción de los pueblos del Istmo y el reconocimiento internacional de potencias del continente americano y de Europa. “La discusión fue bastante acalorada y don Carlos A. Mendoza la suspendió haciendo ver lo inútil de un debate sobre los hechos cumplidos” (La Estrella de Panamá, 1903). El doctor Mendoza y el general Caballero redactaron el acta de esta difícil negociación.

Ministro de Justicia

La Junta de Gobierno Provisional, nombrada por el Concejo de Panamá, fue presidida por José Agustín Arango, el principal actor de la conspiración independentista; estuvo formada también por Tomas Arias y Federico Boyd, y extendió su mandato hasta el 20 de febrero de 1904, cuando tomó posesión de la Presidencia de la República Manuel Amador Guerrero, uno de los primordiales conspiradores de la Junta Revolucionaria que llevó a cabo la separación. Según el informe al gobierno francés del cónsul en Colón, monsieur Bonhenry, del 8 de noviembre de 1903, todas las tendencias políticas en boga estuvieron representadas en la Junta de Gobierno Provisional: Arango estaba afiliado al conservadurismo histórico; Arias, al conservadurismo nacionalista y Boyd, al liberalismo (Vega et. al., 2003). De tal suerte que todas estas corrientes fueron incorporadas a la nueva estructura gubernamental, que comprensiblemente se reflejó en el gabinete, en el que de seis miembros, se nombraron dos liberales: Eusebio A. Morales, ministro de Gobierno y Carlos A. Mendoza, ministro de Justicia.

El Poder Ejecutivo por conducto del ministro Mendoza, organizó la rama judicial, y el Ministerio Público nombró la Comisión Codificadora, estableció el sistema de Notariado y Registro con el nombramiento de notarios y registradores; puso en claro las relaciones entre la Iglesia y el Estado, que no se menoscabarían, ni tan siquiera se entibiarían los vínculos de la cordial amistad; y emprendió la organización y la regimentación de los establecimientos de castigo en Panamá, Chiriquí, Coclé, Colón, Veraguas y Bocas del Toro, entre otros. El órgano judicial lo estructuró con la Corte de Justicia, máximo tribunal, dividida en dos salas: Civil y Criminal; el Juzgado Superior de la República, los jueces de Circuito en Panamá, Bocas del Toro, Colón, Coclé, Chiriquí, Los Santos y Veraguas. El Ministerio Público lo constituyó con el procurador general de la República, los fiscales del Juzgado Superior, los fiscales de Circuito y los personeros municipales.

“La Junta de Gobierno tuvo señalado empeño en organizar el personal de magistrados y jueces seleccionando con singular cuidado entre las personas que por su idoneidad y antecedentes de rectitud y probidad son segura garantía de una recta administración de justicia. Así, escogió también para formar la nómina de empleados del Ministerio Público, a aquellas personas en cuyas manos puede depositarse toda confianza” (Mendoza, 2001).  Como quiera que fue atribuido a esa cartera la preparación de los códigos civil, comercial, de minas, judicial y penal, la Junta de Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, nombró dos comisiones codificadoras, presididas por el ministro Mendoza; una encargada de los proyectos de Código Civil y Código Judicial, y la otra que debía elaborar los proyectos de Código de Minas, Código Penal y Código de Comercio Terrestre y Marítimo.

Por el breve periodo que estos comisionados contaban para cumplir la importante tarea, que debía ser sometida a la Convención Nacional Constituyente, su trabajo no era otro “sino de una sencilla revisión de la legislación vigente para ponerla de acuerdo con la nueva nomenclatura de la República y sus tendencias progresistas (Ibíd.) Congruente con este propósito de dotar a la República de la legislación acomodada a su estatus independiente, pues se había decretado que las leyes colombianas, en lo que no fueran contrarias, regirían hasta que se promulgara la legislación correspondiente, el ministro Mendoza sometió a la Convención, a través de la secretaría, en la sesión del 6 de febrero de 1904, dos proyectos: uno del Código de Minas y otro del Código de Comercio Terrestre y Marítimo; y en la sesión del 16 de ese mismo mes presentó el proyecto de Código Penal.

El 16 de febrero de 1904 fue elegido presidente de la República Manuel Amador Guerrero, conservador, por la Convención Nacional Constituyente, en cuyo seno había 32 convencionales, 16 conservadores y 16 liberales, que fue regida sucesivamente por Pablo Arosemena, liberal, bajo cuya presidencia se votó unánimemente por el primer presidente y se adoptó la Constitución Política de 1904; el doctor Luis de Roux y el señor Nicolás Victoria Jaén, conservadores.

Ese mismo día en las designaturas fueron favorecidos dos liberales y un conservador: el doctor Pablo Arosemena, primer designado (26 votos a favor); don José Domingo de Obaldía, segundo designado (29 votos a favor); y el doctor Carlos A. Mendoza, tercer designado (26 votos a favor; 4). Esta Convención, sancionada y promulgada la Constitución, resolvió su metamorfosis en Asamblea Nacional.  Tomás Arias, conspirador de la Junta Revolucionaria, en inteligencia con Manuel Amador Guerrero, le propuso al ministro de los Estados Unidos, William Buchanan, para presuntamente evitar las guerras civiles y salvaguardar la estabilidad de la Republica y la de sus instituciones (en realidad, los conservadores le tenían temor a sus socios liberales) la necesidad de incluir en la Constitución una disposición parecida a la Enmienda Platt. Al estar el gobierno estadounidense de acuerdo con esa propuesta, Manuel Amador Guerrero puso el texto a la consideración de los convencionales.

En un exacerbado debate, la propuesta fue aprobada con ligeras modificaciones por el Pleno de la Convención Nacional en votación de 17 votos a favor y 14 en contra. Entre los liberales que la apoyaron estaba Pablo Arosemena, presidente de la Convención, y entre los conservadores que la adversaron se encontraba Juan Vásquez García, convencional por la provincia de Los Santos.

El texto adoptado quedó así:

El Gobierno de los Estados Unidos de América podrá intervenir en cualquier punto de la República de Panamá, para establecer la paz pública y el orden constitucional, si hubiere sido turbado, en el caso de que por virtud de Tratado Público aquella nación asumiere, o hubiere asumido, la obligación de garantizar la independencia y soberanía de la República.

El Tratado Hay–Bunau-Varilla —el alto costo pagado por el apoyo a la secesión—, ratificado por la Junta de Gobierno, garantizaba la independencia y la soberanía de Panamá, y los Estados Unidos gozaban del derecho de intervenir en las ciudades de Panamá y Colón, así como en sus áreas adyacentes, para el mantenimiento del orden público. Hubo protestas, como la del general Buenaventura Correoso, quien publicó dos hojas volantes en las que abiertamente se pronunció en repudio al contenido de esa norma, convertida en el artículo 136, el cual facultaba a las fuerzas militares de los Estados Unidos para intervenir en el territorio nacional, so pretexto de garantizar la paz y el orden constitucional de la República de Panamá, pero “con argucias diplomáticas, puede extenderse a los motines y aún a las simples riñas”.

Según el general Correoso, este artículo era “el poste donde quedarán atados nuestros derechos políticos. [El] Presidente puede, para debelar cualquier asunto interno, solicitar a los Estados Unidos que lo hagan por él. ¿Será que los conservadores dudan de la buena fe de los liberales y en su ceguera por permanecer en el poder, olvidan hasta la dignidad de la República?”. Igualmente, hubo oposición, como la del doctor Carlos A. Mendoza, ministro de Justicia, quien, según Buchanan, “puede considerarlo como contrario a la teoría de nuestra intervención en los asuntos del país.

Mendoza es muy inteligente, cortés y observador, elemento de color con considerable respaldo político […]. Mendoza es uno de los hombres fuertes en el movimiento de independencia y no es un hombre malo en forma alguna”. Domingo H. Turner, mucho tiempo después, narró este “episodio al que no se le ha dado relieve y que sin duda, lo tiene, y es muy pronunciado, en la historia nacional. […] Encabezada por el doctor Mendoza, el ala liberal de la Constituyente votó en contra de la onerosa disposición, que menoscabó nuestro albedrío y tiznó la frente de los panameños, contra su voluntad, con inri infamatorio. […] Como es justo reconocerlo, este […] varón inició en la forma expresada la lucha panameña por una honorable formación de la nacionalidad, a renglón seguido del golpe de mano de 1903”.

El ministro Mendoza renunció a su cargo siete días antes de que declinara el mando de la Junta en el primer presidente constitucional de la República, a los efectos de que el nuevo mandatario dispusiera de la libertad necesaria para designar a sus inmediatos colaboradores. Posesionado el presidente Amador Guerrero, le ofreció el cargo de Magistrado de la Corte, pero Mendoza por escrito rehusó la oferta. La Convención Nacional Constituyente aprobó la primera Ley Orgánica del Poder Judicial, la ley 58 de 27 de mayo de 1904 sobre Organización Judicial, que también fue redactada por Carlos A. Mendoza, quien “al redactarla, tomó en cuenta con las respectivas modificaciones necesarias, el Libro I de Organización Judicial del Código Judicial del Estado Soberano de Panamá, redactado en 1869 por el doctor Justo Arosemena” (Cuestas, 2009).

En virtud de esta ley, la administración de la justicia la ejercería la Corte Suprema de Justicia (desaparecía la Corte de Justicia), con tres salas: Sala de Acuerdo, Sala Civil y Sala Criminal; el juez superior, los jueces de Circuito, los jueces municipales y cualquier otra entidad que hubiere necesidad de crear en concordancia con las necesidades y los tratados públicos. La Asamblea Nacional realizaba funciones judiciales en los casos especiales determinados por la Constitución, lo mismo que los tribunales militares, las autoridades administrativas en lo de su incumbencia y los individuos particulares que intervenían como jurados, árbitros o amigables componedores, árbitros de derecho o cualquier otro cargo de esta misma naturaleza, que solían participar en funciones judiciales.

El presidente de la República, en agosto de 1904, nombró a Mendoza magistrado de la Corte Suprema de Justicia, pero este renunció al desempeño de tan alto cargo, aunque vaciló algunos días en dar a conocer su determinación por cuanto creyó “que no sería imposible que usted y los que han sido apartados de concurrir al afianzamiento de la obra del 3 de noviembre, pudieran llegar a entenderse y se armonizasen los intereses con los políticos que están en pugna, prevaleciendo los últimos”. Retirado de las actividades oficiales, Mendoza se radicó en Bocas del Toro, donde se dedicó a la abogacía y al periodismo. Desde esa provincia remitía sus despachos de prensa sobre temas políticos variopintos, al capitalino Diario de Panamá, portavoz del Partido Liberal.

Secretario de Hacienda

En la campaña política para las elecciones presidenciales encaminadas a renovar el Poder Ejecutivo se enfrentaron, por un lado, el comerciante y latifundista Ricardo Arias Feraud (descrito como liberal moderado atrapado en las redes del conservadurismo al que decididamente se afilió), por el Partido Constitucional, fundado durante la presidencia de Amador Guerrero —gobierno del que hacía parte como secretario de Relaciones Exteriores— para imponer a su candidato y, por el otro, el latifundista conservador José Domingo de Obaldía, el último gobernador del departamento de Panamá y primer designado (1906-1908), por la llamada Coalición Republicana, de conservadores disidentes y lúcidos liberales, ideada por Carlos A. Mendoza, quien regresó de Bocas de Toro, cuando “miró en peligro los intereses trascendentales del Partido Liberal” (La Información, San José, Costa Rica, 16 de febrero de 1916); alianza electoral apuntalada por el “baluarte del liberalismo auténtico [que] se sostuvo íntegro alrededor de Obaldía y las elecciones de 1908”, e hizo saber “a la minoría clasista que el pueblo no temía salpicar las baldosas de Santa Ana en sangre para defender su legítimo patrimonio” (Sosa, 1945). Julio B. Sosa aducía que:

Ha querido sostenerse ingenuamente que el Partido Liberal se dividió en 1908 ante las candidaturas de Obaldía y de Arias, cuando en realidad no podían aquellas unidades aisladas que trataron de fortalecer al Partido Constitucional ocultar su reaccionarismo tras una incolora enseña liberal. Frente a Pablo Arosemena, Belisario Porras, Carlos Mendoza, Eusebio Morales, Francisco Filós, Juan B. Sosa, Guillermo Andreve, no había más liberales. Los que apoyaron a Ricardo Arias fueron los integrantes de una eterna “clique” antiliberal que se fortaleció con la independencia y que ha venido lenta y poderosamente ocupando posiciones de poder, unas veces bajo el manto prestado de la “unificación nacional” y otra bajo el odioso método de la traición (Sosa, 1911).

No obstante la anterior afirmación inicial de este periodista y laureado novelista, lo cierto es que sí hubo desavenencias en el liberalismo y así este lo reconoce, porque liberales probados, aunque minoritarios, como el general Manuel Quintero Villarreal, secretario de Gobierno y Justicia, acodaron al candidato oficial. De conformidad con Baltasar Isaza Calderón, “La consulta electoral de 1908 marca […] un hito histórico. Entregado el poder a un conservador de ideas liberales y dotado de un amplio espíritu de convivencia, obtuvo sin dificultad el apoyo de las figuras más prominentes del liberalismo, lo mismo para triunfar en la contienda que le llevó a la Presidencia de la República, que para realizar su tarea de gobierno.

En el ejercicio de su mandato se verifica una transición pacífica del poder, de manos conservadoras a manos liberales, que en adelante, con algunas excepciones, lo mantendrán de modo permanente”. Luego de su triunfo, en un torneo electoral supervisado por las autoridades de los Estados Unidos y del que se retiró el candidato gobiernista, el presidente electo, José Domingo de Obaldía, evocando a su padre, José de Obaldía, partidario de los gobiernos con gabinete bipartidista, planteaba la divisa siguiente: “Menos conservadores y menos liberales: seamos más istmeños”. En palabras de Julio B. Sosa (1911): “Bajo la presidencia de Obaldía la libertad para todos y el respeto a la personalidad de los ciudadanos constituyeron la raíz de su gobierno”.

El doctor Eusebio A. Morales, presidente de la Asamblea Nacional, en el discurso de toma de posesión del presidente De Obaldía, invocó los signos de la nueva era que se inauguraba: la necesidad de la renovación en el país.

“Renovación de hombres, de prácticas, de costumbres y de sentencias. Renovación […] es la idea que corresponde al anhelo actual del pueblo panameño”. El presidente De Obaldía, fiel a sus ideas, conformó el gobierno “con amplitud de miras, sin fanatismos religiosos ni exclusiones caprichosas”, denominado de conciliación, abarcando las dos tendencias políticas: los conservadores y los liberales. Con sus conocimientos probados en finanzas y contabilidad, adquiridos durante el radicalismo y la guerra de los Mil Días, la faena del secretario Mendoza en el ramo de Hacienda y Tesoro fue titánica.

Así, reorganizó las materias concernientes a su despacho. Logró que mediante ley se reformara el Tribunal de Cuentas —organismo encargado de examinar, para su finiquito o su alcance, las cuentas rendidas por parte de los empleados o individuos particulares que recaudaran o manejaran fondos de la nación—, en cuanto a su composición, pues a los tres jueces contadores se le agregó otro, cuyo nombramiento radicaba en la Asamblea Nacional, conforme a la Constitución Política, en cuanto a su reglamentación interna y en cuanto a ciertas reglas del procedimiento de cuentas.

Del mismo modo, por ley determinó las atribuciones y las facultades del visitador fiscal, que quedaba autorizado para investigar administrativamente las irregularidades en el manejo de los caudales públicos. Su labor comprendía la investigación del Tribunal de Cuentas para corroborar si cumplía con lo dispuesto en la ley referente al examen y fenecimiento de las cuentas de los responsables del erario. Este funcionario debía rendir mensualmente un informe escrito de su labor al secretario de Hacienda y Tesoro.

El secretario Mendoza también reorganizó la Tesorería General de la República y sancionó normas relacionadas con la contabilidad oficial, con la creación de la Sección de Contabilidad, a cargo de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro, y la centralización y la refundación en esta cuenta las de todas las oficinas nacionales de Hacienda, así como aquellas relativas a la confección de cuentas públicas y la fiscalización de gastos del Estado, etcétera. De ahí entonces que mejoró el servicio de la contabilidad oficial. Por decreto ejecutivo señaló las funciones del contador auxiliar de la secretaría de Hacienda y Tesoro.

El jefe del despacho de Hacienda, mediante decreto ejecutivo, promulgó medidas dirigidas a prevenir o eliminar el contrabando de ganado, proveniente de Cartagena de Indias, que se introducía por Colón, y en cuyo transporte en el territorio nacional tenía injerencia la compañía del Ferrocarril de Panamá, complementadas por la ley sobre impuesto de introducción al ganado vacuno, salvo las reses importadas desde Europa, Estados Unidos y Jamaica; adicionada por otra excerta legal que aclaraba que la exoneración del impuesto de importación de reses de esos países se limitaba a las razas finas que propendían al mejoramiento de las crías en el país; de igual modo, adoptó medidas en torno al comercio ilícito de cocos importados a Bocas del Toro desde el archipiélago de San Andrés, y la de la sal en grano introducida a Colón desde Curazao.

Además, sancionó medidas para disciplinar el tráfico en los puertos habilitados en la República, y para organizar el servicio del mercado público y el muelle anexo a la ciudad. Paralelamente, tomó acciones ejecutivas para regular la exportación de productos nacionales y la reexportación de artículos nacionalizados, y otras relativas a las sanciones contra los comerciantes e industriales que defraudaran al fisco nacional.

Otras medidas de política fiscal y aduanera estaban relacionadas con la exoneración de los derechos de introducción del hielo, del guano, de las plantas vivas, de las semillas, los barbados y los mugrones; el carbón mineral; “las monedas de oro legítimo de igual o mejor ley que las emitidas por la nación”; “los periódicos y los libros impresos que vinieran por conducto de oficinas postales”;  “las materias primas propias para elaborar velas y jabones”; “las maquinarias que se introdujeron para la irrigación de las sementeras o granjas agrícolas”; “los efectos o artículos que importaran las corporaciones municipales para las escuelas y para embellecer las poblaciones”, y “los destinados exclusivamente a los cultos religiosos”; “los efectos o artículos que recibieran los diplomáticos acreditados en la República exclusivamente para su uso personal”, y “las maquinarias, víveres y otras mercancías importadas por la Comisión del Canal Ístmico”, de conformidad con el Tratado del Canal, extensivas a la Compañía del Ferrocarril Transístmico, según el contrato correspondiente (Araúz, 1999).

Para resolver el juego clandestino de la lotería china, la charada china y la rifa china, convocó licitación para la celebración de juegos de suerte y azar chinos en los distritos de Colón y Bocas del Toro, y convino el contrato respectivo con el ganador, basado en reglas claras y favorables al fisco nacional, que envolvían los pertinentes ingresos. En términos semejantes formalizó el contrato con José Gabriel Duque, gerente de la Lotería Nacional, en el que este se comprometía a establecer en la provincia de Colón la charada china y la lotería china. Le correspondió “coordinar con el agente fiscal de la República, William Nelson Cromwell, lo relacionado con el movimiento de los fondos nacionales depositados en Nueva York, también conocidos como los millones de la posteridad ” (Ibíd.).

Se advierten los giros que la secretaría de Hacienda y Tesoro ordenó para el pago de funcionarios del Estado, empresas particulares, nacionales y extranjeras, para comprar camas destinadas a un hospital y para pagar las becas de los estudiantes panameños enviados a cursar estudios en el exterior. Reglamentó la destilación y redestilación de licores, el servicio de las oficinas de las tierras baldías e indultadas de la nación y el servicio técnico para la mensura de estas tierras, y determinó el número de hectáreas indultadas que podían concederse para labranzas transitorias.

Un asunto de lo más espinoso hubo de enfrentar el secretario Mendoza. Se trató del contrato firmado, en representación de la Secretaría de Hacienda y Tesoro, y con el cual el gobierno nacional le vendía, en evidente monopolio, al concesionario Juan Ehrman  —quien actuaba a nombre de un consorcio estadounidense—, ciertas especies de árboles maderables propios de los bosques naturales de la nación, ubicados en la costa norte de las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí, Veraguas y Colón, contrato cuya duración se extendía a 52 años y encerraba cadena de ventajas fiscales para el concesionario y sus sucesores. “Típico contrato leonino —apunta Alfredo Figueroa Navarro—, revelaba la penetración de intereses norteamericanos en nuestro suelo y la explotación de nuestras riquezas forestales para economizar la destrucción de los pinares de los Estados Unidos. […] Semejantes acuerdos fueron moneda corriente a la sazón en toda Latinoamérica y reflejaban la hegemonía y el poderío del coloso del norte respecto a nuestros bosques y maderas”.

El presidente De Obaldía y el secretario Mendoza, al someter este contrato a la consideración de la Asamblea Nacional, lo justificaron aludiendo a la situación de abandono de la tierra sita en las orillas del mar Caribe, con excepción de Colón y Bocas del Toro, en donde existían inversiones de capital norteamericano. Por lo tanto, se hacía necesaria la presencia de “fuerzas extrañas que la despierten del sopor en que vegeta”. No exenta de tintes políticos, se desató la polémica: el general Santiago de la Guardia Fábrega, procurador general de la República y dirigente conservador, lo objetó en carta abierta: el contrato era malo porque los negociantes eran pícaros, explotadores de los débiles y engañaban a los panameños; mientras que el doctor Ramón M. Valdés, secretario de Gobierno y Justicia, refutó sus débiles argumentos y defendió la honestidad del concesionario, del consorcio detrás de él y de los funcionarios que acordaron la concesión; aunque podría pensarse que el asunto concernía únicamente a la cartera de Hacienda y Tesoro, “en los actos del Gobierno la responsabilidad moral es solidaria”.

Otros actores y simpatizantes gubernamentales defendieron la contratación. En la oposición “Voces enardecidas atisbaron, en este contrato, la idea de la venta del territorio panameño a través de tan generosas concesiones” (Figueroa, 2000). El contrato no fue aprobado por el Órgano Legislativo. Eusebio A. Morales, cuando ya Mendoza había dejado el Palacio de Gobierno, justipreció su ingente labor en la secretaría de Hacienda y Tesoro: “Mendoza reveló capacidades no conocidas antes ni aún por sus amigos íntimos.

Él transformó aquel Departamento, que era un caos, en el centro ordenado y metódico en donde podía conocerse al instante el estado exacto de las finanzas nacionales; organizó las rentas, estableció estrecha vigilancia en la recaudación de éstas, moralizó el ramo persiguiendo sin descanso los fraudes, y por último llevó a cabo una reforma de mayor trascendencia, cual es la centralización de la contabilidad nacional en la Secretaría de Hacienda”.

Presidente de la República

El doctor Carlos A. Mendoza ascendió al solio presidencial con motivo del fallecimiento inesperado del presidente José Domingo de Obaldía el 1° de marzo de 1910, tras 17 meses de gestión. Asumió el poder en su calidad de segundo designado, elegido para el período 1908-1910, porque el primer designado, José Agustín Arango, había muerto el año anterior. El mandato se extendía por siete meses, debido a que la Asamblea Nacional debía elegir a los nuevos designados, que tomarían posesión el 1° de octubre. No obstante, podía proseguir hasta el 30 de septiembre de 1912 si esta corporación lo elegía primer designado para el bienio 1910-1912.

La llegada de Mendoza a la primera magistratura de la República no estuvo libre de malestar y confabulación por parte de elementos opositores recalcitrantes y prejuiciados. De carta enviada por el doctor Belisario Porras, ministro de Panamá en los Estados Unidos de América, al general Santiago de la Guardia y a los señores Nicolás Victoria Jaén, Aristides Arjona, Ricardo J. Alfaro y Juan Demóstenes Arosemena —en la cual se congratulaba del amor a la patria de los destinatarios, contrario a las pretensiones de unos panameños de que Washington definiera el escenario de la sucesión presidencial (rumores que circulaban en esta ciudad)—, Celestino Andrés Araúz deduce con buen tino que existía una situación política tensa a la muerte del presidente De Obaldía y los adversarios esperaban “que el gobierno de los Estados Unidos determinara lo que debía hacerse. […] Si bien esos rumores fueron disipados por los propios conservadores, está claro que la resistencia de algunos sectores obedecía al hecho de que era la primera vez que los liberales asumían directamente el poder en la época Republicana y, peor aún, Mendoza era un hombre ‘de color’, es decir, un mulato.

Había, pues, en esta posición, recelos por las medidas que podían adoptar los liberales contra sus adversarios políticos, aunado con sentimientos racistas en esta ciudad de los opositores al nuevo mandatario”.  En su alocución, el segundo designado encargado del Poder Ejecutivo de la República —fórmula empleada por la Constitución de 1904, heredada del Panamá colombiano, para identificar en esta situación al primer mandatario de la nación, es decir, al presidente de la República—, quien consideraba el doloroso suceso como “desgracia personal y nacional” (Decreto no. 12 de 1° de marzo de 1910), en “tributo a la memoria del jefe, del ciudadano y del amigo”, expresó que se inspiraría en “la política de concordia, de moderación y de tolerancia”, de que había hecho gala el mandatario malogrado.

En cuanto a su futuro desempeño, Mendoza anunció a los panameños: “Humilde hijo del pueblo como lo soy y como siempre me he enorgullecido en proclamarlo, mis conciudadanos no tendrán en mí caprichoso director de sus destinos, sino el primero de sus servidores”. En tanto, inclinado ante la tumba del presidente, Mendoza exclamó que la pérdida sufrida por la República tenía características de “tragedia nacional”, y pedía a los istmeños inspirarse en el carácter y en las virtudes del jefe que cayó “mientras trabajaba por el bien del país”, y recoger “los instrumentos de su labor” para seguir “la marcha silenciosa, unidos y fuertes, imitando su ejemplo”.

El presidente Mendoza mantuvo prácticamente a todo el gabinete de su antecesor. Solo nombró al secretario de Hacienda y Tesoro, distinción que recayó en la persona de Ramón F. Acevedo, aunque el cargo se lo ofreció a un hijo del fallecido presidente, José Domingo de Obaldía Jované, quien lo declinó. Durante su breve mandato, también designó como subsecretario de Relaciones Exteriores a Manuel A. Herrera Lara. El presidente estaba dispuesto a gobernar con “los hombres capaces y probos, sin distinción alguna, sean quienes fuesen […] teniendo en mira el buen servicio”.

En su programa de gobierno anhelaba el desarrollo de la riqueza con la promulgación de buenas leyes de tierras, la construcción del ferrocarril de Panamá a David, incluyendo los ramales indispensables; el establecimiento de al menos dos estaciones experimentales de agricultura y la obtención de los Estados Unidos de América de tarifa especial para el azúcar que facilitara su producción a gran escala. Asimismo deseaba el progreso de la cultura a través de un plan de educación dirigido a formar la juventud con “educación moral sólida”, y así crear ciudadanos “útiles, sanos y morales”, que hicieran posible elevar la vida social a estadios en donde hubiera “condiciones de felicidad”. Se propuso la economía en los gastos de la nación, porque el gobierno que no ponía en orden sus finanzas no podía llevar a cabo “aspiraciones nobles” de ninguna especie; por lo tanto, no se haría ningún gasto que no fuera justificado.

Ligado a lo anterior estaba el asunto de la pureza de la administración pública y prometió “ser absolutamente inexorable con todo empleado público infiel a su juramento y a la confianza en él depositada”. En consecuencia, todo aquel que atentara contra la absoluta pureza administrativa, sería destituido y puesto a órdenes de las autoridades judiciales competentes. En cuanto a las elecciones para diputados que debían celebrarse en los próximos meses, el presidente aseguró que serían “absolutamente limpias y puras. No permitiré que se coarte la voluntad de ningún sufragante, ni que se suplante la voluntad popular”.

El gobierno del presidente Mendoza acometió los más disímiles problemas nacionales propios de Estado incipiente, que debía resolver los proyectos más apremiantes en materia de ordenación administrativa, instrucción pública, construcción de escuelas, educación laica, enseñanza agrícola y becas, calles, caminos y demás obras públicas, higiene de los habitantes y sanidad de las poblaciones, trabajo, tierra, agricultura, ganadería, comercio, industria, auxilios, donaciones y beneficencias, bienes nacionales, rentas y gastos, créditos extraordinarios y suplementarios, correos nacionales, policía nacional, elecciones populares para diputados y concejales, civilización de indígenas, reparación de edificios públicos, trabajo de los reos rematados en el servicio de obras públicas, relaciones internacionales, límites entre Panamá y Costa Rica, congresos internacionales, nombramiento de los personeros municipales en toda la República, etcétera. Iniciativa de lo más importante del presidente Mendoza, que acariciaba la idea de llevar a feliz término uno de los proyectos emblemáticos del presidente De Obaldía, fue la firma del contrato con la Panama Railroad Company, así como la correspondiente provisión de fondos, para realizar los estudios de la construcción de la vía férrea encauzada a unir las ciudades de Panamá y David, con diversas estaciones intermedias.

Se estudiaría, además, la posibilidad de unir a este ferrocarril un ramal que se desprendería de la línea principal y llegaría hasta la población de Pedasí, conectado con estaciones intermedias, y otro ramal hasta la población de Antón.  El gobernante realizó profunda reforma a la estructura de la secretaría de Fomento, que permitió proseguir el plan de obras públicas de su antecesor. Autorizó la celebración de varios contratos para la construcción de los edificios de diversas escuelas, entre ellos el edificio del Instituto Nacional. Estimó que los objetivos de la enseñanza pública no eran sectarios y no debían convertirse las escuelas “en sucursales de seminarios conciliares”.

Estos objetivos debían enderezarse a “cultivar las inteligencias” para formar “la juventud moral y físicamente, para las luchas y trabajos de la vida moderna”, lo que era muy diferente a la formación de los jóvenes que se dedicarían al “estado eclesiástico” (mensaje a la Asamblea Nacional). Presentó a la consideración del poder legislativo la convención celebrada entre Costa Rica y Panamá, negociada por Luis Anderson y Belisario Porras, que acordaba someter al arbitraje del presidente de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de América los puntos en pugna contenidos en el laudo arbitral emitido por Émile Loubet, presidente de la república francesa.

Prohibió que las obras nacionales se bautizaran con personas aún con vida y los retratos en las oficinas públicas de las autoridades en ejercicio. Propició elecciones libres y puras para concejales y diputados, que “fueron las primeras de la etapa republicana en las que la ciudadanía pudo ejercer el sufragio sin coacciones de ninguna especie y en un ambiente de libertad y respeto a los derechos individuales” (Araúz, 1999).

El presidente recorrió el país en gira sin precedente en el Panamá republicano, dado que se hizo acompañar de sus secretarios de Estado o sus subsecretarios, y de otros funcionarios. Visitaron las provincias de Chiriquí, Veraguas, Los Santos, Bocas del Toro y Colón, e inspeccionaron exhaustivamente las oficinas de la gobernación, de la alcaldía municipal, del cuartel de policía, de la administración provincial de Hacienda, de los juzgados y de las fiscalías de Circuito, de la administración de Tierras Baldías e Indultadas, de la Agencia Postal Nacional, de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y Privados, de las Notarías de Circuito, etc.

También hicieron un recorrido por la costa de San Blas, visitando varias poblaciones y entrevistándose con autoridades indígenas. Según el Diario de Panamá, no es “sólo el primer Presidente, sino la primera autoridad desde nuestra independencia de España (que) visita los territorios de los indios […]”, lo cual demostraba ampliamente que se preocupaba “por el bienestar de los panameños sin distingos de ningún género” (citado por Araúz). Contra el presidente Mendoza, un grupo de dirigentes conservadores y sus mentores estadounidenses, encabezados localmente por Richard O. Marsh, encargado de negocios de los Estados Unidos de América, ante las expresiones espontáneas de seguidores y amigos en torno a la conveniencia de que fuera elegido primer designado para que permaneciera en el cargo más allá del 30 de septiembre de 1910, orquestaron obstinada y despiadada campaña en Panamá y Estados Unidos, incluso ante el propio presidente William Taft, formulando insustanciales acusaciones para impedir que la Asamblea Nacional, dominada por la Coalición Republicana (con 20 de los 28 escaños), lo eligiera primer designado.

La objeción aparente de Marsh y sus adláteres criollos fue la inconstitucionalidad de su elección a primer designado, argumentando que el espíritu de la Constitución —no su letra— “prohibía a su Presidente que se reemplazara a sí mismo” (Araúz, 1999). En realidad, la Carta Magna prohibía la reelección presidencial y la elección para el cargo de presidente de la República al ciudadano que hubiese ejercido ese empleo dentro de los seis últimos meses precedentes a su votación.

Los partidarios de Mendoza replicaron que tal elección no era inconstitucional porque no se trataba de que la Asamblea Nacional eligiera al presidente de la República, sino de la elección del primer designado que completaría el mandato del presidente fallecido, que Mendoza venía ejerciendo temporalmente en su condición de segundo designado y esta situación no estaba prohibida, porque la Constitución Política no impedía la reelección de los designados. Pero, además, no se estaba ante la reelección en el mismo cargo; Mendoza era Segundo Designado y la elección recaía sobre el primer designado, quien debía encargarse del Poder Ejecutivo ante la falta absoluta del titular.

La objeción real: Mendoza “es medio negro. […] Hay en Panamá una gran población de negros que idolatran a Mendoza debido a su sangre negra y los negros son ignorantes, irresponsables e incapaces de cumplir con las obligaciones de un ciudadano de la República. Con su fuerza numérica parece desafortunado estimularlos en la reelección de uno de su raza para la posición más alta en la tierra” (Marsh, citado por Araúz, 1999). Estos malquerientes no recurrieron a las antiguas acusaciones, pues no lo culparon de ateo, masón, comunista o pecador imperdonable, recriminaciones pueriles que históricamente los conservadores, clericales hasta la médula, les endilgaban con efectos infructuosos a los liberales para intentar descalificarlos. Mendoza sí era masón. “No hay duda que la masonería en Colombia aportó ideas y creencias como ayuda al cambio de mentalidad que pretendieron los liberales radicales; es decir, pasar de la mentalidad tradicional a una mentalidad moderna, abierta, amante de la ilustración y las libertades” (Báez, 2002).

En el siglo XIX ingresó a la Logia Estrella del Pacífico no. 33 y en 1915 contribuyó a la fundación del Supremo Consejo Nacional de la República de Panamá, del cual fue su primer Soberano Gran Comendador. Esta vez le imputaron el ridículo cargo de que corría por sus venas “sangre negra”, sin reparar que en un país catalogado de crisol de razas, objetar o menospreciar a las personas por el color de la piel es una descomunal sandez; sin reparar que el presidente tuviera de sobra a su favor cualidades atesoradas, talentos notorios, sacrificios inigualables y servicios invaluables, todos estos en beneficio de la nación panameña; sin considerar que fue hijo de figura relevante en el régimen federal, quien ocupó la presidencia provisional del Estado Soberano de Panamá y nieto de un libertador de Sudamérica.

La vituperable conducta racista del tristemente célebre Marsh no merece ningún comentario, salvo su repudiable y prepotente injerencia en los asuntos internos de Panamá, a contravía de las normas y las prácticas internacionales. En cambio, ese grupo de dirigentes conservadores panameños producen profunda pena por tan repudiable comportamiento, contrario a las enseñanzas de Jesucristo y a la moral cristiana; amén de su absoluta sumisión a los dictados de las autoridades norteamericanas. ¿Cómo se explica este irracional racismo? Celestino Andrés Arauz indica que la clave de la cuestión parece brindarla la tesis delineada por Michael Conniff, que, en lo medular, afirma que, “hasta la llegada de los norteamericanos en 1904, el racismo no estaba exacerbado en Panamá.

Es más, algunas familias consideradas distinguidas y aceptadas por el grupo dominante, tenían ascendencia mulata o mestiza. Mulatos como Juan Mendoza y su hijo Carlos A. Mendoza habían ocupado altos cargos durante la pasada centuria. Incluso hubo un Partido Liberal Negro, cuyos principales integrantes dominaron el escenario político en la capital del Istmo hacia la segunda mitad del decimonono. Pero el racismo desplegado por los constructores del canal fue contagioso, y las principales familias descendientes de españoles y otros extranjeros comenzaron a cambiar de actitud.

A partir de entonces tendieron a monopolizar los cargos de gobierno y los puestos diplomáticos, máxime cuando se hizo evidente que los estadounidenses preferían tratar con gente de su color. Además, algunos diplomáticos norteamericanos se inclinaron por los candidatos del partido conservador, integrado por las familias de ascendencia hispana, y se opusieron a la candidatura de otros no tan blancos que eran fervientes liberales”.  Para poner fin a esa agria discusión, seriamente comprometedora del porvenir nacional, por las intrigas y las amenazas abiertas o veladas de los norteamericanos, el presidente Mendoza renunció a la candidatura para primer designado, a pesar de que tenía el voto mayoritario asegurado en la Asamblea Nacional.

Esta decisión la adoptó como “deber patriótico, […] evitando conflictos que habrían dañado al país”. Frente a los hechos cumplidos, los diputados escogieren a Pablo Arosemena, primer designado; Federico Boyd, segundo designado y Rodolfo Chiari, tercer designado. El doctor Arosemena regresó desde Chile en donde representaba a Panamá y se encargó del poder ejecutivo, prometiendo un “Gobierno de paz y concordia” (El Oposicionista, 12 de enero de 1912). Al renunciar Mendoza a la presidencia, el presidente Arosemena le confió la misión diplomática, en extremo complicada, que el expresidente aceptó por su compromiso ineludible con la patria, de dar inicio a los arreglos diplomáticos entre Colombia y Panamá, así como la conciliación y la amistad entre las dos naciones soberanas. La misión fue bien recibida en Bogotá, porque se trataba de Mendoza, de grata recordación para los colombianos, pero fue ardua y si bien no rindió los frutos esperados sentó las bases para que en la siguiente década los aspectos pendientes entre ambos países llegaran a feliz término y estos establecieran sus relaciones di- plomáticas.

Presidente del Partido Liberal

En las elecciones populares del 14 de julio de 1912, supervisadas por los estadounidenses, el Partido Liberal conquistó la Presidencia de la República con candidato propio. Los dos contendientes pertenecían al liberalismo. Pedro A. Díaz, hijo del otrora gobernador provisional del Estado de Panamá, Manuel María Díaz, hermano del general Domingo Díaz y presidente del Club Liberal Istmeño, fue el candidato del gobierno, presidido por el doctor Pablo Arosemena, por la alianza denominada Unión Patriótica, en vista de que el primer designado encargado del Poder Ejecutivo, quien se echó “en los brazos de la parte más apasionada del partido conservador” (Carlos A. Mendoza), se vio precisado por las circunstancias políticas adversas a desistir de su esperanza de ser elegido jefe del Ejecutivo con el título de presidente de la República, en un contexto en que se reprochaba a su gobierno de “oligárquico”, pues se convirtió “en patrimonio exclusivo de sus allegados, quienes desde su encumbrada posición asestan golpe mortal al pueblo” (El Oposicionista, ibíd).

Mientras que Belisario Porras, candidato opositor, fue el escogido por el partido para derrotar al oficialismo, al cual se añadió el respaldo “de la mejor parte del partido conservador” (Mendoza, s.f.), gracias a la decisión de su directorio nacional, en una alianza que se llamó Concentración Liberal. La bandera roja empuñada por Belisario Porras, Carlos A. Mendoza, Eusebio A. Morales, Juan B. Sosa, Ciro L. Urriola, Guillermo Andreve, Rodolfo Chiari, Francisco Filós y otros insignes dirigentes del Partido Liberal, tremoló de norte a sur, de este a oeste, por todo a la geografía del territorio de la República de Panamá, de triunfo en triunfo, tal como marcharon victoriosas de campanario en campanario un siglo antes en Europa las águilas de Napoleón (Porras, 1973).

La labor de Mendoza, presidente del Directorio Nacional del Partido Liberal, fue incansable, incluyendo las denuncias, en relación con los atropellos cometidos por funcionarios de distinta jerarquía de la administración Arosemena, en perjuicio de los prosélitos del candidato Porras, perpetrados en los diferentes puntos de la geografía nacional, muchas dirigidas mediante memorial al propio presidente.

Contaba Ricardo A. Pardo una reveladora anécdota que retrata de cuerpo entero el arrojo de Mendoza. Este se encontraba en la sede del directorio del partido en Santa Ana, ubicada en los altos del edifico en cuya primera planta funcionaba la famosa cantina “La Plata”, el club de los sectores populares, y de pronto se presentaron al lugar algunos correligionarios heridos que fueron atacados por elementos de la “palomilla”, “gente pendenciera”, “sujetos de la peor ralea”, tropa de choque adicta al candidato Díaz.

“Informado de los pormenores del incidente ocurrido en el barrio del Marañón, de la parcialidad manifiesta de las autoridades gobiernistas, el doctor Mendoza, gallardo e impetuoso, descendió por las escaleras acompañado de don Samuel Lewis, don Rodolfo Chiari y el doctor Francisco Filós, confundiéndose con el pueblo congregado en calle 12 oeste […], pronunciando las siguientes frases, más o menos textuales: ‘Si lo que quiere el gobierno es someternos a prueba, y si la palomilla […] se ha organizado para provocar a nuestros copartidarios, entonces si es que quieren pelear con palo, con palo vamos; si es con piedra, con piedra vamos; y si es con armas, con armas vamos’”.

“La reacción del ilustre conductor del liberalismo se justificaba en un instante peligroso para la vida nacional y cuando un grupo de individuos, amparados por inmunidad inexplicable, mantenían a la ciudadanía, en particular a los partidarios del doctor Porras en jaque y en estado de nervosismo atroz”. “Por fortuna, la intervención del doctor Mendoza y de los señores Lewis, Chiari y Filós, fue suficiente para convencer al gobierno […], el cual encabezaba el doctor Pablo Arosemena […], de la necesidad de tomar medidas que pusieran término a un estado de cosas inconvenientes para el prestigio de un ciudadano eminente que tantas glorias y brillo habíale proporcionado al Istmo con sus actuaciones en el Congreso de Colombia, y con su vida ejemplar de repúblico sin tacha”.

Al final de esta campaña política, en la que el Partido Liberal logró “un triunfo ruidoso y definitivo”, Eusebio A. Morales decía que la ocasión era propicia para destacar que Carlos A. Mendoza, “Ese jefe prestigioso y meritorio del liberalismo istmeño, [fue el] hombre que después del candidato doctor Belisario Porras se ha distinguido más en la lucha de vida o muerte que el partido se vio obligado a aceptar durante los seis meses últimos”. Mendoza, quien declaró que se dedicaría al ejercicio de la abogacía, en acto popular en su honor, el 1° de agosto de 1912, explicó las cualidades que adornaban al Presidente electo y lo que se esperaba de su obra de gobierno: “por primera vez […] regirá los destinos un jefe de gobierno provisto de extensa cultura intelectual, conocedor de los elementos de vida con que el Estado cuenta y de sus necesidades, y con un presidente como el doctor Porras, a quienes rodean, apoyan y sostienen con firme adhesión el Partido Liberal y parte muy importante y apreciable del Partido Conservador nuestro aliado en la tremenda lucha que hemos sostenido y nuestro copartícipe en el reciente heroico triunfo electoral; un presidente como el doctor Porras […] corresponderá a lo que la patria espera de él, satisfaciendo con creces los anhelos de que se establezca un gobierno del pueblo, por ser éste quien lo ha designado mediante los más grandes sacrificios, y para el pueblo, porque no será el del doctor Porras gobierno de familia, ni sociedad política industrial, sino generosidad hábil, inteligente y honrada de los servicios públicos”.

El presidente Porras no podía prescindir de las luces y la experiencia de Mendoza. Así, cuando en octubre de 1913 creó la Comisión Codificadora, compuesta de siete miembros, que se encargaría de redactar los proyectos de los códigos, Civil, de Comercio, Penal, Judicial, Administrativo, Fiscal y de Minas, los cuales debían regir la Nación, no dudó en nombrarlo presidente de esta comisión y, además, le encomendó la redacción del Código Civil.

El doctor Mendoza era el hombre indicado para dirigir la Comisión Codificadora, si se toman en cuenta sus denodados esfuerzos para dotar al país de los códigos innovadores requeridos, cuando fue ministro de Justicia de la Junta de Gobierno, y su empeño como presidente de la República, cuando puntualizó que los códigos vigentes en la República, heredados de Colombia, constituían “un conjunto informe de ideas atrasadas, incongruencias y reformas que embarazan y muchas veces impiden que se dé a cada cual lo que es suyo”. Por lo tanto, se hacía absolutamente necesaria la tarea de modernizar la legislación en los ramos civil, comercial, penal y procesal, para ponerla “al nivel de los adelantos de las ciencias sociales y políticas” (mensaje a la Asamblea Nacional).

En 1914 se produjo el choque de trenes. En este año, el presidente de la República y el presidente del Directorio Nacional del Partido Liberal pusieron fin a su antigua amistad de hermanos “en toda la extensión del término, por la conformidad de nuestras vidas y por el afecto que a la patria guardamos” (Mendoza, 2001), que había soportado dichas y desdichas, éxitos y adversidades, la cumbre de la gloria y la sima de las incomprensiones humanas. La ruptura no fue por motivos personales; fue por razones políticas, ni más ni menos. Esta enconada pugna trajo el distanciamiento personal y el cisma en el partido, que fue la constante en esa colectividad desde su establecimiento. Gólgotas y draconianos, radicales y draconianos, radicales (o doctrinarios) e independientes, guerreristas y pacifistas, secesionistas y antisecesionistas, ministeriales (Ricardo Arias Feraud) y obaldistas (José Domingo de Obaldía), diístas (Pedro A. Díaz) y porristas (Belisario Porras), y ahora porristas (Belisario Porras) y mendocistas (Carlos A. Mendoza).

El affaire tuvo lugar por la selección de los candidatos a diputado en las elecciones que debían conformar la Asamblea Nacional. La convención liberal de Chitré confió al directorio del partido para que escogiera y recomendara tales candidatos —luego de consultar a los directorios provinciales y municipales, así como a otros miembros prestigiosos del colectivo—, tomando en consideración los servicios al país y al liberalismo, sus capacidades intelectuales, sus dotes de probidad, firmeza y lealtad, y “la decidida cooperación que como diputados puedan ofrecer para el mejor éxito de la actual administración liberal”.

El directorio actuó en consonancia, incluyendo, naturalmente, en las consultas al presidente Porras, quien formuló su lista completa para principales y suplentes en las siete provincias de la República, que fue aceptada con ligeras modificaciones; pero este proceder no gustó al mandatario, quien persistió que en Veraguas se postulara a Ladislao Sosa y a Milcíades Rodríguez, en vez de Samuel Lewis García de Paredes (conservador), quien sostuvo “con decisión e inteligencia poco comunes la candidatura del doctor Porras para presidente de la República” y del general Federico Barrera, liberal “de una sola pieza y su consecuencia y firmeza con sus amigos políticos, así como de su adhesión a la candidatura del doctor Porras no datan de ayer” (Mendoza, s.f.).

El presidente Porras, con la ayuda de Ramón Maximiliano Valdés y otros leales, hizo valer su criterio, lo que fue entendido correctamente como imposición oficial. En Chiriquí también hizo cambios en la candidatura para diputado principal y los suplentes. En Bocas del Toro se excluyó al candidato a diputado principal sugerido por el Directorio Nacional. En Panamá se intentó borrar de la lista de candidatos a Próspero Pinal y Carlos A. Mendoza, y se hizo figurar en la de los suplentes los nombres de Aizpuru Aizpuru, Hortensio de Icaza, Ricardo Miró, Everardo Velarde y Wenceslao Guial. Porras, decía Mendoza, fue elegido presidente de la República y no jefe absoluto para que desconociera la voluntad del directorio nacional del partido, investido de autoridad “por delegación de sus miembros reunidos en convención”.

Digna frase aplicable a un país con sistema parlamentario, en el cual impera en el Gobierno la línea del partido y no de un sistema presidencial, calcado mutatis mutandis de la Constitución de Núñez y Caro, en la que el presidente de la República, en este caso con personalidad fuerte y dominante, gozaba de los más amplios poderes y desde el punto de vista político no incurría en responsabilidad alguna.

La pugna se agudizó. Mendoza apelaba a los mandatos de la Convención, a los principios partidistas y no se cansaba de impugnar que se calificara de liberal el sistema que regía, porque “Liberal es el gobierno que garantiza los derechos individuales en toda su plenitud, defiende la libertad del sufragio, mantiene sin trabas ni intimidaciones la libre exteriorización del pensamiento por medio de la prensa y se afana porque cada ciudadano se sienta rodeado de seguridad”.

Porras, lamentablemente, reducía la causa de la polémica a provechos y exaltaciones. Así, aseguraba que “La lucha no puede ser hoy de doctrina, por lo que estamos viendo, ni entre partidos tradicionales, sino de intereses y de pasiones, y aunque esto es así, no puedo creer que ni aun en semejante caso sean permitidas las armas de la perfidia para mejor satisfacer esas pasiones y sentir las dulzuras de la venganza”.

Valdés, quien tildó la actitud del directorio de “insurrección” y la conducta del presidente en el marco del  “reclamo de la razón y del buen juicio”, terció explicando que el doctor Porras reclamaba el derecho que “le asiste de dar consejo a los directores del Partido, para impedir errores políticos”; el ejercicio de la Presidencia de la República “no puede haber cortado los vínculos con la comunidad que lo llevó al poder, ni puede cancelar los deberes que necesariamente tiene esa comunidad de apoyarlo con lealtad”.

En esos comicios, en los que se denunciaron irregularidades oficialistas, Mendoza resultó elegido diputado por la provincia de Panamá y capitaneó la oposición de ocho diputados contra la mayoría oficialista de 25 diputados, 23 liberales y dos conservadores. Ramón Maximiliano Valdés fue escogido primer presidente de la Asamblea Nacional y primer designado a la Presidencia de la República. En el hemiciclo se presentaron debates candentes entre la oposición y el gobierno. Hubo, además, enfrentamientos verbales y por la prensa entre el presidente de la Asamblea y el líder de la oposición sobre los principios liberales, la defensa de la libertad y la pureza del sufragio, la libertad de prensa, el derecho de las minorías parlamentarias, la creación de distritos en la República, la división del Partido Liberal, las elecciones de 1914, etcétera.

Esta Cámara Legislativa, no obstante el clima caldeado, adoptó en la legislatura ordinaria de 1914 y en la extraordinaria de 1915, leyes de incidencia para el rumbo de la nación, concernientes al establecimiento de la Lotería Nacional de Panamá, la convención de límites con los Estados Unidos, la extranjería y la naturalización, el servicio consular, las mejoras materiales en las provincias de Bocas del Toro, Colón, Coclé y Veraguas, la higiene pública, la rendición de cuentas, la codificación nacional, el recurso de hábeas corpus, las reformas judiciales, civiles y penales, el Código de Policía, los archivos nacionales, el registro público, la imprenta nacional, el servicio de bomberos, las becas para hacer estudios en el extranjero y en el Instituto Nacional, la fundación de escuelas normales inferiores, la adquisición de terrenos de propiedad particular para aérea y ejidos de algunas poblaciones, la división de la provincia de Los Santos y la creación de la provincia de Herrera, la policía nacional, los médicos escolares, los límites provinciales y distritoriales, los correos y los telégrafos nacionales, el impuesto comercial, etcétera. Asimismo, votó la ley 6ª de 29 de octubre de 1914, en la presidencia parlamentaria del doctor Ciro L. Urriola y a propuesta del diputado oficialista Andrés Mojica, que reglamentó el trabajo de los obreros y de los empleados de comercio, la primera ley que reguló el tema laboral en Panamá.

No se tiene información sobre el papel desempeñado en el debate por el diputado Mendoza, político preocupado también por estas materias, pero de lo que sí se tiene constancia es que le entregó al diputado Mojica el proyecto de ley sobre accidentes de trabajo, que él había preparado; mas tanto el doctor Valdés como el diputado Mojica, no se preocuparon en lo más mínimo en “darle vida”. No es coincidencia, entonces, que en la legislatura de 1916, ya Mendoza había muerto. La Asamblea, durante la presidencia de Andrés Mojica, decretó la ley 17 del 16 de noviembre de 1916, sobre los accidentes de trabajo, que fue modificada por la ley 43 del 30 de noviembre del mismo año. El 31 de octubre de 1914, los partidarios del jefe liberal Mendoza le tributaron una manifestación en su honor.

Las principales figuras del partido y connotados conservadores acudieron a su residencia a rendirle el “justo homenaje al viejo luchador por la causa del pueblo”. La manifestación fue ofrecida en poéticas y patrióticas frases por el doctor Joaquín Pablo Franco, y fue “contestado con vigoroso discurso del doctor Mendoza, en que manifestó su lealtad a la causa y marcó con el estigma de la más altiva protesta las actuaciones del jefe del Ejecutivo, contrarias a las doctrinas liberales y lesivas a los intereses nacionales, acabando de excitar a sus compatriotas a principiar la lucha no sólo para conservar en alto los ideales políticos traicionados por el jefe del Ejecutivo, sino para salvar las instituciones seriamente amenazadas” (La Estrella de Panamá, 1° de noviembre de 1914).

La polémica Mendoza-Porras siguió su curso con renovado vigor, rozando incluso con la amistad personal y política de más de treinta años, el pasado común, la integridad moral y política de sus personas, las actitudes pasadas y presentes, y el ejercicio profesional. Entre 1914 hasta los primeros días del mes de febrero de 1916, Mendoza debatió con el presidente de la República sobre los temas electorales, las leyes de inmigración y extranjería, los derechos de propiedad, el ferrocarril de Chiriquí, las modificaciones al tratado del Canal de Panamá, la Administración de los Correos Nacionales, el candidato a la presidencia, el “despotismo imperante”, el derecho de petición, el derecho a la protección de la vida, los bienes y la honra de los habitantes, la libertad y la pureza del sufragio, las arbitrariedades contra la oposición, etcétera. Con miras a las elecciones de 1916, el presidente Porras, con la fuerza y la popularidad del gobierno, ungió a Ramón Maximiliano Valdés, abogado prestigioso y competente, quien en su haber republicano se le sumaban los cargos de secretario de Gobierno y Justicia, diputado, presidente de la Asamblea Nacional y abogadoconsultor de la secretaría de Relaciones Exteriores, con la candidatura a la Presidencia de la República.   Mendoza ponía en tela de juicio el liberalismo de Valdés, “un hombre que no tiene el valor de sus convicciones”, quien fue conservador toda su existencia en tanto Panamá estuvo ligada a Colombia. Suplente del fiscal superior de la República, alcalde de Colón, diputado en la Asamblea Departamental, representante al Congreso Nacional, secretario de Instrucción Pública del departamento y redactor de un proyecto de Código Fiscal, su adhesión fue siempre interesada al régimen de la Regeneración, pero tras producirse la independencia y otear el horizonte político y convencerse de que los liberales tenían mayor porvenir en la nueva República, cambió de toldas, convirtiéndose, en palabras del propio Valdés, en tránsfuga; es decir, persona “que no logra plena confianza en los nuevos camaradas, sino a fuerza de ulteriores merecimientos”, pues hay momentos en que se pierde “la estimación sincera de los hombres honrados” y, además, lleva “tras sí la maldición y el escarnio de los que se consideran traicionados”. Si en el gobierno de Obaldía “debía servir a los liberales”, por su talante conservador se inclinaba a “prácticas absolutistas”, como la creación del “servicio de policía secreta” y la tentativa “de reprimir a la prensa”.  El doctor Mendoza, presidente del partido y con el mandato de la mayoría de su directorio nacional, presentó la candidatura de Rodolfo Chiari, con amplia experiencia en los sectores público y privado, quien había sido convencional en 1904, subsecretario de Hacienda y Tesoro, gerente del Banco Hipotecario y Prendario, tercer designado y encargado del Poder Ejecutivo en 1912, cuando Pablo Arosemena se separó de la máxima magistratura por tres meses. En febrero de 1914, Porras lo nombró secretario de Gobierno y Justicia, pero el 6 de julio de ese mismo año, pasadas las elecciones para diputados, “restablecida la calma y vuelta la situación a su estado de normalidad”, concretó su determinación tomada mucho antes de renunciar al cargo, aduciendo consideraciones íntimas. Rodolfo Chiari, decía Mendoza, industrial de fortuna, fue liberal de toda su vida. “El señor Chiari siempre ha cumplido sus designios de liberal convencido y de sincero demócrata, sin que jamás haya tenido claudicaciones vituperables”, acotaba Rodolfo Aguilera. Desde “muy joven dispuso de bienes de fortuna” —continuaba Mendoza—; “ya en 1906 disfrutaba de holgura y de un capital considerable”. Tan “pronto se establecieron bancos en esta ciudad, dispuso de crédito casi ilimitado”. Era “hombre discreto y parco en palabras”, y “poseedor de una modestia que suele acompañar a los hombres de verdadero mérito, que se resisten a ser objeto de demostraciones, pensando con buen juicio, que es muy plausible, que la ocasión de hacerlas y recibirlas es cuando el que es objeto de ellas vuelve a confundirse con sus compatriotas”.   Los seguidores de la candidatura gobiernista atacaron fieramente a sus antagonistas desde las páginas del diario La Prensa, dirigido por el diputado Gonzalo Santos. Entre esos ataques, hasta el día en que feneció el doctor Mendoza, publicaron su llamado “Calendario oposicionista”. El 12 de febrero de 1916 en dicho calendario se decía:

Hoy se cumplen 845 días de haberse unido en matrimonio político Nicolás Victoria J., José Gabriel Duque, Samuel Lewis, Demetrio H. Brid y César Saavedra Zárate, conservadores de tuerca y tornillo, con Carlos A. Mendoza, Rodolfo Chiari, Francisco Filós y Próspero Pinel, liberales decepcionados, para laborar en contra del Partido Liberal y del Gobierno del doctor Porras. Les faltan a estos “pacíficos ciudadanos” 232 días para que efectúen irremisiblemente el divorcio político a que están sujetos por sistema y por las leyes naturales del Destino.

En el fragor del combate electoral cayó el comandante liberal de la oposición. En efecto, el 13 de febrero de 1916 sucumbió el doctor Carlos A. Mendoza fulminado por un aleve ataque cardíaco.

El presidente Belisario Porras, mediante el decreto no 36 de 13 de febrero de 1916, en vista de que la República perdía a “uno de sus más esclarecidos hijos”, lamentó la inesperada muerte del “prócer de la Independencia panameña y eminente hombre público”, cuyas virtudes cívicas confiaba “a la gratitud e imitación de sus compatriotas”.

Le rindió honores de Estado y nombró la comisión oficial que organizó los funerales. ¡Honrar honra! El Directorio Nacional del Partido Liberal lamentó la muerte de su presidente, quien por más de treinta años ocupó en este partido cargos de honor y responsabilidad, aun en las situaciones más difíciles; estimó que el acontecimiento infausto “revestía el carácter de una desgracia nacional”; recomendó que sus virtudes cívicas y su memoria debían conservarse y de seguirse por “su fidelidad incontratable, por su patriotismo, por su integridad de carácter y por su abnegación”; y comisionó al expresidente Pablo Arosemena para que llevara la palabra en el acto de inhumación del cadáver.

Ramón Maximiliano Valdés se pronunció, en esa hora solemne, en los términos siguientes:

La muerte del Dr. Carlos A. Mendoza es motivo de honda aflicción como una pérdida de inmensas proporciones para el Partido Liberal. Sus múltiples dotes, su fecunda y brillante inteligencia, son luminares que acaban de extinguirse perpetuamente tras el horizonte de la Patria. La República, que tan eficazmente él contribuyó a formar, está de duelo. La hora es solemne y deben enmudecer los sentimientos mezquinos y las pasiones exacerbadas por la contienda electoral. Para honrar a sus caudillos que sucumben, el Partido Liberal sólo tiene un corazón para sentir y una sola voz para clamar su amargura.

“La muerte del doctor Carlos A. Mendoza es una desgracia nacional”, opinó también el diario opositor La Estrella de Panamá. “La sociedad de Panamá fue anoche dolorosamente sorprendida por la infausta noticia de la muerte de uno de los hombres públicos más connotados del Istmo, el doctor Carlos A. Mendoza, quien, víctima de un ataque al corazón, dejó de existir a las 7:30 p. m.”, reportó el diario oficialista La Prensa, el día siguiente del deceso, y agregaba: “Fue el doctor Mendoza una de las más conspicuas personalidades de Panamá y por eso su muerte causó general estupor desde los primeros momentos”.

Los integrantes del gabinete participaron en las concurridas ceremonias oficiales, en donde pronunció su discurso el historiador Juan B. Sosa, secretario de Gobierno y Justicia, en representación del Ejecutivo, pero el presidente de la República no asistió a las exequias, “de su protector y compañero de todos los tiempos, el que compartió con él siempre sus desdichas y amarguras” (La Voz del Pueblo, 19 de febrero de 1916). En la Historia Universal, maestra de la vida, se encuentran repetidos ejemplos que demuestran indudablemente la existencia de una parte pequeña en la extraordinaria alma de los grandes hombres. ¡Qué paradoja!

Epítome

Carlos A. Mendoza, como conductor popular, es la personificación de la síntesis de los Mendoza, los Iturralde, los Correoso, los Aizpuru y los Ruiz. Nunca olvidó ni renegó de sus orígenes humildes; abogó por la reivindicación de los indígenas y de los sectores menos favorecidos de la sociedad. Citemos de nuevo a Miguel Ángel Ordóñez: “Fue ante todo, un símbolo de los depauperados, a quienes enjugó llanto y abrió corazón como una corola milagrosa”. Nació y vivió hasta su muerte en el barrio de Santa Ana, aun cuando se desempeñaba en el gabinete o en la Presidencia de la República, con el que se complementaba “en una especie prodigiosa”, “integración perfecta del caudillo y el medio en que se agita”, tanto en los momentos en que fulguraban “los destellos de aquella inteligencia excelsa”, cuanto llegaba “la hora gris de los infortunios y las incomprensiones”.

Su talante fue invariable con los suyos, sus conciudadanos, su organización política y su país, dado que su mayor virtud fue la lealtad. “Lealtad absoluta para con sus amigos; lealtad para con su Partido; lealtad para con la Patria”, como reconocía noblemente el doctor Eusebio A. Morales. Perteneció a esa trilogía sin paralelo en el tiempo y en el espacio, formada con el doctor Belisario Porras y el doctor Eusebio A. Morales, que se forjó al calor de la defensa de la vida humana y la libertad individual, del libre juego de las ideas políticas, del sufragio efectivo y de la democracia republicana, del ejercicio de la abogacía, de la tribuna, de la prensa, de la lucha partidista, de los campos de batalla y de la administración del Estado.

Los doctores Mendoza y Porras fueron enaltecidos con la primera magistratura de la nación. Mendoza, segundo designado, prócer de la independencia, fue llamado a ejercer el cargo debido a la muerte del presidente José Domingo de Obaldía, y fue el primer liberal de la era republicana elevado al palacio presidencial. Porras —quien no creyó desde julio de 1903 que debíamos separarnos de Colombia, porque caeríamos bajo el control estadounidense, hasta que en 1904 aceptó los hechos consumados—, fue elegido en dos oportunidades (una por el voto indirecto y otra por el voto directo del electorado), y en su condición de primer designado prácticamente completó el periodo que dejó vacante la muerte del presidente Ramón Maximiliano Valdés. A Morales, la reforma constitucional de la década del diez, que lamentablemente quedó frustrada, procuró allanarle las amplias alamedas hacia la Presidencia de la República.

Si bien no fue un caudillo al estilo de Porras, ni un ideólogo o pensador al estilo de Morales, fue en cambio luchador perspicaz, bizarro y sin pausa, dirigente cabal, brillante orador, jurista destacado, organizador del sistema de justicia y del sistema jurídico, en fin, un organizador del Estado panameño; un político de tradición y profesión —de aquellos que sinceramente se someten al juego democrático para alcanzar el gobierno y, como estadistas, velan sin dobleces por el bien común—, y un liberal de pura cepa, digno vástago del liberalismo radical abrazado por su padre, su tío y otros patricios santaneros. Su entrega a la causa republicana, su devoción por los principios del liberalismo y sus aportes indiscutibles reservados a consolidar la nación, deben verse en función de que fue gran panameño, un ser humano superior, de aquellos que son como los grandes cuerpos celestes —bien expresó Napoleón Bonaparte— que aparecen de vez en cuando en el firmamento y con su brillo alumbran un momento en la historia de la humanidad; en este caso, para brindar luz a la humanidad panameña, colombiana y latinoamericana.

 

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