• img-book

    Jorge Luis Roquebert León

SKU: 2464882b1738 Categoría: Etiquetas: ,

Ricardo J. Alfaro

by: Jorge Luis Roquebert León

Con justicia se dice que el doctor Alfaro fue el Justo Arosemena del siglo XX. Mientras que el doctor Arosemena defendió en el siglo XiX la creación de la nación panameña enfrentando el centralismo del gobierno de Bogotá, el doctor Alfaro logró hacerlo enfrentando el intervencionismo del gobierno de los Estados Unidos.

Tags: ,
Meet the Author
avatar-author
Es magíster en Asuntos Internacionales por la Universidad de Ming Chuan, becado por el programa de la Democratic Pacific Union de Taiwán; y magíster en Administración de Negocios con énfasis en Recursos Humanos por la Universidad Latina de Panamá. Sus estudios de licenciatura los realizó en la Universidad de Panamá, en la Facultad de Humanidades, obteniendo su especialización en Filosofía e Historia. A lo largo de su vida profesional se ha desempeñado como educador en la Oficina del Casco Antiguo de Panamá; profesor de Historia Social y Política en el Instituto Superior Juan D. Arosemena de Santiago; y administrativo de recursos humanos en la Autoridad del Canal de Panamá. Además, participó en el programa de asistente de profesor de Español del Ministerio de Educación de Francia, en la Academia de Orleans-Tours. Actualmente, trabaja en la Vicerrectoría de Investigación y posgrado de la Universidad de Panamá, en la Coordinación de Calidad; y se encuentra cursando sus estudios de doctorado en Humanidades y Ciencias Sociales, con especialización en Historia Cultural y Social de Panamá, en la Facultad de Humanidades.
Books of Jorge Luis Roquebert León
About This Book
Overview

En los pueblos donde la ilustración es escasa y la mala fe abundante, donde la mayoría carece de ideas fijas y los pocos que las tienen las posponen a sus intereses del momento; donde la política no es una ciencia sino una industria, y donde la aspiración suprema consiste en escalar posiciones en el poder más para satisfacer ambiciones propias que para labrar la felicidad general, en esos pueblos, decimos, es imposible que los partidos representen doctrinas políticas, económicas o sociales y que desarrollen cuando se hallan en el mando programas armónicos y homogéneos, formuladas sobre la base ennoblecedora de los principios.

“La Política y los Principios” (La Palabra, 1910).

Este ensayo pretende explicar los aconteceres de la vida nacional desde una perspectiva que nos dejó el doctor Ricardo J. Alfaro Jované para cada momento narrado.(1)

  1. La información se encuentra en los documentos que preserva la Fundación Ricardo J. Alfaro en el Museo, Archivo, Biblioteca Ricardo J. Alfaro, entidad por la que tenemos sentimientos de gratitud por mantener disponible al público la vida y la obra de este ilustre personaje de nuestra historia.

 

Junio de 1898

Con mucho regocijo, recibí hoy la carta del Secretario de Instrucción Pública del Departamento de Panamá, que me transmite la buena noticia de que fui becado para terminar mis estudios secundarios en la ciudad de Cartagena de Indias, en el vecino Departamento de Bolívar. Estoy contento y doy gracias a Dios por el acontecimiento, pero no puedo negar que hay sentimientos cruzados: para un chico como yo, el vivir en otra ciudad de nuestro país será una experiencia única, pero el alejarme de mi familia, por muy cerca que estemos, me causa tristeza. También sé que no soy el único panameño becado que está yendo a Cartagena; hay otros que el Departamento está pagándoles sus estudios, sobre todo porque los colegios donde estábamos han cerrado, y se necesita preparar a los futuros funcionarios. Además, mi madre me recuerda constantemente de la importancia que es el educarme desde la pérdida de mi padre.

Por desgracia, el Señor se lo llevó a su gloria siendo yo más niño. Esto no significa que lo haya olvidado, porque lo recuerdo todavía sentado cuando copiaba el Acta de Independencia de 1821. Para esos tiempos, el abuelo, el sargento mayor José Alfaro y Guevara, no habría todavía llegado a nuestras tierras del istmo desde Venezuela. Él vino después, en 1830, para suprimir el intento de separación de José Domingo Espinar y, luego en 1831, de Juan Eligio Alzuru. Aquí se casó con la abuela, Fermina Jiménez Miraño, oriunda de estas tierras, a quien su padre fusilaron por pertenecer a los realistas durante las guerras de separación de España.

Mi padre, Luis Ramón del Carmen, recibió una buena educación. Teniendo en cuenta las restricciones de la familia, estudió una carrera comercial en Estados Unidos, y, si bien él era conservador, y el gobierno estatal era liberal, al regresar desempeñó diferentes cargos públicos. Recuerdo que cuando yo tenía como ocho años me enviaba a comprar los lápices especiales, para que, en su calidad de calígrafo, pudiera copiar el Acta perdida. Al recobrar las firmas de los próceres, se la donó luego al Ayuntamiento capitalino.

Él casó en 1870 con Hortensia Jované, mi madre, que debo decir que es una mujer bella, y no solo por ser aquella mujer que me trajo a este mundo. Juntos formaron la familia de cinco hijos: mis hermanos Horacio y Luis, mi persona, y mis hermanas Beatriz y Adelina. Hasta el momento, siendo un joven de dieciséis años, estuve en la primaria en la Escuela de las Hermanas de San Vicente de Paul y parte del bachillerato, antes de que cerraran, con los Padres Escolapios. El recibir esta beca para estudiar en el Colegio Universitario de Fernández Madrid me ofrece la oportunidad para cumplir mis deseos de prepararme para un futuro más próspero.

 

Marzo de 1904

Desde finales del año pasado nuestro departamento se convirtió en una república independiente de Colombia. Nuestro país nació a la vida el mismo año en que yo llegaba a mi mayoría de edad. Creo que las principales causas que ocasionaron este sacrificio doloroso, pero a la vez necesario, fue la guerra civil, que afectó nuestro suelo por tanto tiempo, y el rechazo por parte del Congreso en Bogotá de aprobar el tratado que permitiría la construcción del canal, que brindaría la recuperación que tanto anhelamos. Aunque hubiésemos preferido que fuera un istmeño el que firmara el tratado, lo cierto es que desde ahora somos dueños de nuestro destino. Horacio, mi hermano, sigue en Cartagena. Si bien hemos temido por su seguridad y la de su negocio, la comunicación se ha establecido regularmente con él, y otros amigos allá; nos ha enviado cartas regularmente despreocupando sobre represalias contra los istmeños.

Nos ha escrito sobre algunos desaciertos del gobierno central; él dice que se creen aún nuestros amos, y si bien hablan de volver a recuperar el istmo, enviando algunos batallones acá, también nos alivia con la noticia de que cree que solo lo dicen con motivo de las campañas electorales que comienzan, incluso nos ha dicho que el Presidente Marroquín ha dicho antes que no tienen los recursos materiales al momento para alguna guerra contra Panamá que involucre a Estados Unidos. Por nuestro lado, creo que nos hemos establecido como república independiente. En el mes pasado, se eligió al doctor Manuel Amador Guerrero como primer presidente de la república. Puedo mencionar el servicio que le he dado a nuestra nueva nación, cuando serví en diciembre del año pasado como principal de jurado de votación en la mesa de Santa Ana.

Debemos esforzarnos como ciudadanos de la nueva nación en formación para dar lo mejor, para que, unido al proyecto de construcción de canal retomado por los Estados Unidos, se forme el emporio de las Américas que nuestros ancestros siempre desearon. Aunque no puedo negar que avecino obstáculos en el camino. Por mi parte, en octubre de 1899, terminé mis estudios de bachiller en la Facultad de Filosofía y Letras del Colegio Fernández Madrid, que luego cerró sus puertas. Regresé al que todavía entonces era Departamento de Panamá, y fui contratado temporalmente por la Compañía del Ferrocarril como apuntador. A partir de mayo de 1900, he trabajado en diferentes puestos públicos en las secretarías del departamento, como la de Instrucción Pública, la del Cuerpo de Sanidad y la de Hacienda.

Todo esto, a pesar de la guerra entre los dos partidos que en ese momento se desarrollaba tan cerca de nosotros. El estudiar para hacer mi carrera como funcionario público ha dado sus frutos y espero continuar aprendiendo para poder desempeñarme en los mejores puestos que un ciudadano de nuestra nueva república pueda jamás haber soñado ocupar. Así trabajé por tres meses, de diciembre del año pasado hasta el mes pasado, como Oficial Mayor y Traductor de la Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestra nueva república, cuando fui nombrado en la Secretaría de Gobierno, en la Sección de Relaciones Exteriores, como Oficial i. También un artículo mío fue publicado en uno de los periódicos. Escribí sobre los arbitrios fiscales de los comisariatos del Canal en perjuicio del comercio panameño, y que han incrementado el contrabando en la ciudad. Creo que este será un tema que, de no remediarse, podrá traer conflictos entre las autoridades de la nueva Zona del Canal y nuestro gobierno nacional.(2)

 

  1. Los comisariatos en la Zona del Canal eran las tiendas de la Compañía del Canal y del Ferrocarril de Panamá, que vendían mercancías a casi precio de costo y exentas de impuestos. Su existencia ocasionó el contrabando y el tráfico ilegal a la República de Panamá, produciendo pérdidas al país, y fue una de las razones de conflictos entre los gobiernos de Panamá y de los Estados Unidos.

Octubre de 1908

Desde mayo de este año hasta el presente he estado asignado al puesto de cónsul de Panamá aquí en Barcelona. Si bien en agosto entregué carta de renuncia, no es sino hasta este mes que recibo la notificación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la cual aceptan la renuncia y solicitan que entregue el archivo y los enseres al vicecónsul. En el consulado trabaja conmigo Ricardo Miró Denis.

Aunque fuimos compañeros de infancia, acá he vuelto a retomar la amistad, y hemos ido juntos a museos a saborear las maravillas artísticas en ellos encerrados, a contemplar los monumentos arquitectónicos, y añorar la tierra natal lejana, comparando el mundo nuestro, joven e ingenuo, con el mundo europeo, extraño y complejo. Acá vine en compañía de mi familia. En diciembre de 1904 formalicé el compromiso con Amelia Lyons Orillac, hija de Emanuel Lyons, inglés radicado en nuestras tierras, y Honorina Orillac Jované. Al quedar ella huérfana, vivió con sus tíos en Londres de 1896 a 1903, cuando regresó al istmo, por lo que tuvo oportunidad de ver todas las actividades que se realizaron con motivo del nacimiento de la república.

Nos casamos en octubre de 1905, y nuestro hijo, Víctor Ricardo, nació el año pasado. Desde 1904 mi trabajo como funcionario público ha continuado y en ascenso. En 1905, renuncié al puesto en el Ministerio de Gobierno, para ser Traductor en las Cortes de la Zona del Canal en Ancón, pero por un breve período, menos de un mes, para pasar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, en donde comencé en agosto de 1905 como Subsecretario de Gobierno y Relaciones Exteriores. En febrero del año pasado, también se me designó que entregara al gobierno de Costa Rica la Ley 6 de ese año, que aprobó el tratado de Límites Guardia-Pacheco de 1905. Si bien Costa Rica no estaba de acuerdo con el Laudo Rambouillet, fue bueno la muestra que nuestro país dio de llegar a un desenlace confraternal entre dos repúblicas hermanas, sin injerencia extranjera.

Lastimosamente no se ha llegado todavía a un desenlace feliz. Luego en septiembre fui nombrado Subsecretario de Relaciones Exteriores, antes de venir acá. En estos cuatro años, Panamá se ha ido estableciendo como república independiente de Colombia. En ese proceso de ganar experiencia, en junio se llevaron las primeras elecciones para presidente de la república, siendo electo, el 12 de julio, José Domingo de Obaldía. Él estaba postulado por el Partido Unión Patriótica, de tendencia conservadora, pero que tenía el apoyo de muchos liberales. El Partido Coalición Republicana, en su mayoría conservadores, y donde militaba el expresidente Don Manuel Amador Guerrero, postuló a Don Ricardo Arias. El Partido Unión Patriótica, temiendo algún posible fraude, publicó en junio, en el diario que lo respaldaba, La Opinión, que el Presidente Amador había sido el hombre que en 1906 había batido el récord en los fraudes eleccionarios.

Aprovecharon la visita del Secretario de Marina y Guerra de los Estados Unidos al Istmo, el señor William Taft, para expresarles su necesidad de protección y respaldo, porque el gobierno de don Amador respaldaba la candidatura de don Arias. Aunque el Gobierno aseguró que la situación solo creaba un ambiente comprometedor para la dignidad y soberanía nacional, confrontado a los memorandos recibidos por el gobierno de los Estados Unidos en los cuales comunicaba que se esperaba que la maquinaria electoral fuera manejada por personas imparciales, y que no hubiese violencia como en las elecciones de 1906, porque, de otra manera, el gobierno de los Estados Unidos se vería en la necesidad de intervenir, de acuerdo a nuestra Constitución de 1904.

El gobierno de don Amador accedió para que se creara una Comisión Investigadora Electoral, en la que agentes del gobierno de los Estados Unidos formaban parte. Temiendo después una intervención militar de los Estados Unidos a nuestro territorio, don Ricardo Arias, muy patrióticamente, declinó a su candidatura. Una meta que logré estando aquí en Barcelona fue el terminar la obra comenzada por don Jerónimo Ossa de escribir sobre la vida del general Tomás Herrera, pero que, por pasar a mejor vida, no pudo concluir. Con este propósito recibí las cartas y papeles del general, compiladas por Manuel Toribio Gamboa, y que fueron de gran ayuda en el trabajo propuesto. Para mí, este personaje histórico del siglo XiX representa el mejor héroe nacional, al que siempre recuerdo por sus hazañas cantadas y celebradas por los tipos de afuera, al compás del tamborito.(3)

  1. Los tipos de afuera eran las personas que vivían fuera del muro de la ciudad de Panamá.

Creo que es necesario que nuestro joven país encuentre figuras como estas para orientar a la juventud en cuanto al mejor rumbo para seguir, conociendo las acciones de un hombre siempre al servicio de su patria. Aunque debo confesar que detuve la obra en varias ocasiones por diversas razones. Para julio escribí con alegría a Angélica, viuda de Ossa, la conclusión del trabajo acometido. También escribí a la Secretaría de Fomento en agosto solicitándoles una subvención para su publicación, y en agosto recibí la grata de su aceptación. Estoy en contacto con las imprentas de aquí para su futura publicación.

 

Diciembre de 1912

En este año nació nuestro tercer hijo, Iván. Hernán nació y murió el año pasado con solo diez meses de edad. Si bien he mantenido una vida activa, contribuyendo en varios campos, a veces no me he sentido muy bien de salud. Después de mi regreso de España, en noviembre de 1909, comencé a trabajar en el Instituto Nacional, primero como profesor de Geografía e Historia, y el año pasado fui nombrado como profesor de Historia a finales de junio, pero renuncié en agosto por no sentirme bien.

De todas formas, fui uno de los primeros profesores de la institución que se fundó en abril del 1909, cuando funcionaba en la calle 14 Oeste en Santa Ana, y en 1911 se mudó a las faldas del cerro Ancón, a un lado de la avenida 4 de Julio, enfrente de la Zona del Canal. Su arquitectura clásica aumenta su majestuosidad, y, si bien es un proyecto que se ha concretado en este gobierno, la existencia de un instituto de educación del Estado data desde que iniciamos como república. Por fortuna, a mi renuncia como profesor de Historia en el Instituto Nacional, fui nombrado al mes siguiente por la Secretaría de Instrucción Pública en el puesto de Inspector General de Enseñanza Secundaria y Profesional. Pero luego la Secretaría de Instrucción Pública me aceptó la renuncia en marzo, cuando me nombraron por seis meses, en enero de este año, como abogado consultor de la legación de Panamá en Washington, en lo relativo a la cuestión de límites con Costa Rica, que se está sometiendo al arbitrio del Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos.

Aunque existía la posibilidad de una extensión de nombramiento, en el caso de que el ministro de Panamá en Washington lo considerara conveniente, esta oportunidad no ocurrió por el cambio de administración en octubre pasado. De todas formas, en agosto de este año, y estando aún en el extranjero, la Secretaría de Gobierno y Justicia también me nombró como segundo suplente de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, para el período legal que principió en junio último.

A mi regreso a la patria, decidí enviar el 15 de noviembre una carta al nuevo presidente, el doctor Belisario Porras, explicando los estudios que realicé estando en Washington de las cuestiones históricas, geográficas y jurídicas relacionadas con las litis de frontera con Costa Rica, que para mí no son nuevas, porque han prestado mi atención desde que entré a desempeñar en la Subsecretaria de Relaciones Exteriores. En la carta explicaba que, como el objetivo era servirnos de los datos y observaciones recogidos, y de los argumentos que han ocurrido en cada punto de la compleja cuestión, para formular el alegato que Panamá presentaría al alto Juez, quien deberá fallar en nuestro pleito internacional, y sabiendo que cesaría en mis funciones para cuando llegara ese momento, me dispuse a compendiar una Memoria o Exposición, que también se la presentaba al Ejecutivo.

Le explicaba la estructura del trabajo en sus cuatro partes, ponía mis servicios a su disposición y le solicitaba si el libro podría ser impreso por la Imprenta Nacional. Hasta el momento no he recibido noticia. Confío que habiendo el doctor Porras trabajado anteriormente en la negociación de los límites, estando primero en San José y luego en Washington, la nueva administración tendrá una ventaja al conocer el manejo de los asuntos internacionales. Aunque no he tenido aún respuesta de mi carta, les expresé que era un excelente trabajo para defender nuestra causa ante el nuevo árbitro en Washington.

En diciembre del año pasado comencé a participar en el Club Liberal Istmeño, cuando fui nombrado vocal, y en enero de este año, delegado de esta provincia a la Convención Liberal que se reuniría el 18 de ese mes. Por unanimidad de votos fui elegido como miembro principal del Directorio Nacional del Partido Liberal Istmeño. Desde diciembre de 1909, en compañía de Eduardo Chiari y Juan Demóstenes Arosemena, nos pusimos en contacto con otros ciudadanos que combatimos la candidatura del doctor De Obaldía, para formar un periódico de oposición al Gobierno, que pasado un año en el poder, seguían cometiendo las mismas faltas que se le atribuían al gobierno anterior.

El proyecto se concretó y en enero de 1910 se publicó por primera vez el semanario La Palabra, donde serviría como editor hasta abril de ese año, si bien he seguido contribuyendo con mis opiniones. Desde un inicio se planteó que el propósito que nos guiaba era que existiera un órgano de publicidad en que tuviera cabida todas las opiniones de buena fe en relación con los sucesos de la vida nacional. También establecimos desde un inicio que se consideraría como responsables a los secretarios de Estado y, por respeto, se prescindiría de la figura del presidente de la república, siempre que no violase el poder que la Constitución le confiere. Eusebio A. Morales, Secretario de Instrucción Pública, y en nombre del Gobierno, me respondió desde El Diario, donde ejercía también el puesto de director político, haciendo debates públicos en cuanto a la posición del Gobierno y de la oposición. El doctor Morales justificó que era bueno tener una oposición que le instruyera al Gobierno un mejor camino a seguirse, pero a la insinuación que debíamos decir cuál era la república modelo que buscábamos, añadía que el Gobierno pasado había cometido fraudes y peores actos de violencia que el de entonces, pero que no recibió críticas por mi parte en ese momento.

Yo le respondí que las críticas las hice desde la propia administración. Además, en sucesivas ediciones presenté actos que los secretarios, incluyendo al doctor Morales, estaban cometiendo a espaldas del presidente y en contra de la nación. Si bien no había insultado ni insultaría a nadie en el periódico, les daba la libertad de hacerlo a quienes quisieran hacerlo en mi contra, porque mi conciencia sabía que no me alcanzarían. Sin embargo, y bastante para nuestro pesar, el presidente De Obaldía pasó a mejor vida el 1 de marzo de 1910. A pesar de nuestro carácter de adversarios, no le hicimos ningún reproche y, antes bien, rendimos tributo a la honradez y al celo que le inspiraban los asuntos públicos. Asumió el puesto de presidente el doctor Carlos A. Mendoza, quien había sido inicialmente nombrado segundo designado, pero tras la muerte de José A. Arango había asumido la primera designación. Sucede que nuestra Constitución establece en su artículo 67, numeral 4, que “Son funciones administrativas de la Asamblea Nacional elegir en sesiones ordinarias, y para un bienio, los designados que, en defecto del presidente de la república, y en su orden ejerzan el Poder Ejecutivo.

Cuando por cualquier causa la Asamblea Nacional no hubiere hecho la elección de designados, conservarán el carácter de tales los anteriormente elegidos, en su orden”. Con este evento, el semanario decidió no alabar ni despotricar contra el doctor Mendoza hasta ver sus actuaciones. También se llamaba a no tener que estar hincándose ante su presencia, como ya lo estaban haciendo algunos de los ciudadanos, sino comportarnos con serenidad. Sin embargo, ante la posibilidad de que fuera reelegido como designado para el siguiente bienio de 1910 a 1912, y estar la Asamblea controlada por el Partido Liberal, comenzaron a escucharse las voces en contra de que ejerciera el mando más allá de los siete meses prescritos, y que no debía prorrogarse en él dos años más.

En apoyo a la posición en contra de la reelección del doctor Mendoza como presidente designado, se encontró el Encargado de Negocios de Estados Unidos en Panamá, el señor Richard Marsh, quien tomó la oposición de una forma muy personal, a tal punto de que en una entrevista le recomendó a Mendoza que retirara su candidatura. Ante los supuestos rumores de una intervención, se logró que el designado Mendoza desistiera finalmente, si bien el ministro panameño en Washington, D.C., a nombre del gobierno, envió un memorándum al Departamento de Estado, manifestando su desacuerdo por la actitud de los EE. UU., y señalando que aunque nuestra Constitución otorgaba el derecho a su país a intervenir en nuestras elecciones, no le daba motivo para pensar que están autorizados a interpretarla, tal como lo hizo el Encargado de Negocios Marsh.(4)

 

  1. El señor Marsh estaría presente en otro evento de la historia panameña: en carta a su hermano en marzo de 1925, el doctor Alfaro se refiere a la insurrección de San Blas y, aunque reconoce que existía un sentimiento de descontento en la población ante los abusos de las autoridades, menciona a Marsh por haberla provocado.

Desde que veíamos venir esta situación, nosotros solo opinamos que las intervenciones son un signo de nuestra incapacidad para autogobernarnos, cuyo origen debe buscarse más en nuestros defectos y pasiones políticas que en nuestro adelanto intelectual: somos hábiles para regir nuestros propios destinos, pero nuestras pasiones nos hacen aparecer incapaces de darnos un gobierno serio y honorable.

Nuestro país es pequeño y débil, sujeto a la hegemonía de los Estados Unidos. Frente a la pasión política que considera irritante esa influencia, opinamos que debemos moralizar y perfeccionarnos para que alcancemos la vida política independiente que tanto ambicionamos. El sector liberal de la Asamblea Nacional designó a Belisario Porras y Pablo Arosemena como candidatos a designados, pero ambos llegaron a un acuerdo, por el cual el doctor Porras renunciaba a la candidatura ese año, pero lo apoyarían en su postulación en 1912, y mientras tanto era nombrado como Ministro de Panamá en Washington. Así quedaron elegidos en septiembre de 1910 para el siguiente bienio el doctor Pablo Arosemena como Primer Designado, Federico Boyd como Segundo Designado, y Rodolfo Chiari como Tercer Designado.

 

Noviembre de 1918

A un nivel personal, algo positivo que sucedió en agosto pasado fue el recibir el título de doctor en Derecho y Ciencias Políticas de nuestra Facultad Nacional de Derecho, con quienes además laboró como profesor de Derecho Civil desde mayo. En años anteriores, también he desempeñado temporalmente la función de profesor de Historia en el Instituto Nacional, o en el curso preparatorio para la universidad. Desde comienzo de este mes he sido nombrado como Secretario de Gobierno y Justicia, encargado del Despacho de Relaciones Exteriores, en el nuevo gobierno del Presidente designado, doctor Porras.

No es la primera vez que él me concede el honor de desempeñar un cargo bajo su mandato. Por ejemplo, en septiembre de 1915, durante su período presidencial de 1912 a 1916, fui nombrado como miembro de la comisión mixta de arbitraje, que buscaba cumplir el artículo vi del tratado Hay–Bunau-Varilla referente al avalúo de las tierras y de las propiedades particulares, y los daños causados a las mismas con motivo de la construcción, mantenimiento, funcionamiento, saneamiento y protección del Canal.

Recuerdo que durante las elecciones de 1916, frente a las solicitudes de intervención por parte del grupo opositor y del gobierno de los Estados Unidos, el gobierno del entonces presidente electo doctor Porras se opuso dudando de la efectividad en las intervenciones y recomendando a los Estados Unidos a que no se involucrase en disputas locales, para así mantener los lazos amistosos con todos los bandos políticos de la república, pues en las elecciones anteriores solo le había traído contratiempos a su ministro en el país. Frente a las críticas del grupo opositor, al negarse a la supervisión de los Estados Unidos, recordando al doctor Porras que fue gracias a estos medios que llegó al poder en 1912, se envió un memorándum, a través de Antonio Burgos, en el cual se explicaba que el doctor Porras era el jefe liberal más popular y prestigioso, y fue por esa razón que ganó en las elecciones de 1912, y que no necesitaba acudir a abusos, arbitrariedades, coacción y amenazas contra los ciudadanos, como sí lo hizo el grupo oficial en la época electoral de 1912.

De igual forma, en 1916 los sostenedores de la candidatura de Ramón Valdés estaban seguros de que su partido era el más numeroso y que, sin dudas, triunfaría en elecciones libres y honradas, sin necesidad de recurrir a métodos impositivos o violentos, por lo que las acusaciones o denuncias de la prensa u otros medios de los oposicionistas solo buscaban engañar al gobierno estadounidense, pintando una situación que no existía y conseguir una intervención estadounidense, como en las ocasiones anteriores, cuando el gobierno panameño intentó imponer a su pueblo un presidente en contra de la voluntad de la mayoría. Aunque el presidente Valdés resultó electo, murió el 3 de junio de 1918, ocasionando una crisis similar a la que ocurrió en 1910 con la muerte del presidente De Obaldía. No obstante, en esta ocasión con algunos agravantes, porque que en marzo de 1917 se había aprobado un anteproyecto de reforma a la constitución, que originó un grupo a favor y otro en contra.

Le hubiese correspondido a la nueva Asamblea que se formaría en las elecciones de este año el debatir y aprobar las reformas por la mayoría de sus dos terceras partes. Al asumir la Presidencia el primer designado Ciro L. Urriola, el grupo opositor a las reformas tomaba el mando. Para controlar al grupo reformista, el 20 de junio, con el apoyo de la plana mayor del Partido Liberal y miembros del Partido Conservador, el Poder Ejecutivo expidió un decreto por el que se aplazaban las elecciones hasta el 1 de enero del siguiente año. A causa de las voces nacionales en contra del decreto y la opinión de la Legación Americana de que el decreto violaba la Constitución de Panamá y ponía en duda la conveniencia de reconocer a un presidente de Panamá que fuera resultado de una elección pospuesta, el gobierno de los Estados Unidos decidió tomar las ciudades de Panamá y Colón.

El gobierno de Panamá protestó porque la intervención y ocupación armada de nuestro territorio era innecesariamente lesiva a nuestra soberanía, y auncuando había informado que se temían disturbios, nunca había declarado que no podría mantener el orden público. El gobierno de Panamá también manifestó que la ocupación ocurrió sin darse el tiempo suficiente para deliberar sobre la situación y dictar medidas para evitar la intervención; de hecho, los militares estadounidenses entraron en la ciudad de Panamá y Colón haciendo ostentación innecesaria de fuerza y actuando más como un ejército conquistador que como un cuerpo de Policía, a pesar de que la nuestra estaba desarmada. También ordenaron el cierre de todas las cantinas y establecimientos en donde se venden licores, causando con esta medida repentina, graves perjuicios al comercio local. Además, el ejército estadounidense, actuando como si Panamá se hallara bajo ley marcial, definió nuevos delitos e impuso nuevas penas a los delitos ya castigados por nuestras leyes, y amenazó con apoderarse de nuestros juzgados de policía si la orden no era cumplida. No es secreto alguno que el mayor interés de los Estados Unidos por ocupar ambas ciudades se encuentra en la excusa de proteger a sus soldados, por la guerra actual en contra del imperio alemán. A pesar de que el 29 de junio el presidente designado y su gabinete expidieron una proclama en que daba cuenta al país de los hechos relacionados y la situación creada con la intervención estadounidense, su Policía militar impidió la circulación de ese documento oficial y un oficial del ejército estadounidense fue a la imprenta y rompió la plancha de la proclama. Esto fue tomado como un gravísimo insulto a los más altos representantes del Gobierno, un desconocimiento de su autoridad y un atentado contra la libertad de imprenta.

A pesar que después el Encargado de Negocios Americano y el Comandante General de la ocupación se excusaron, nunca se informó de que se hubiese sancionado al autor de la falta. El proceso electoral se efectuó luego como estaba programado. El 30 de junio se realizaron las elecciones municipales, mientras que las elecciones de los diputados, que eran las decisivas (porque la nueva Asamblea elegiría al nuevo designado a la Presidencia) se realizaron el siguiente domingo 7 de julio. Ante la actitud triunfadora de la oposición, el 2 de julio, el Gobierno decidió eliminar el decreto que ocasionó la ocupación y aceptar la oferta de la Legación Americana de intervenir, como medio de disminuir la ventaja del grupo reformista al controlar las Corporaciones Electorales.

Aunque la oposición reformista venció en las provincias de Panamá, Colón y Coclé, en el resto de las provincias venció el gobierno antirreformista. Sin embargo, ni las elecciones ni la intervención terminaron aquí, porque teniendo la oposición el control de las Corporaciones Electorales, se procedió a la anulación de los votos donde había ganado el Gobierno. Ante esta situación, el gobierno de Panamá reclamó ante la impasividad de las Corporaciones Electorales, y solicitó la revisión por parte de los Estados Unidos.

El 15 de agosto se aprobó la instalación de una Comisión Investigadora, y al día siguiente se iniciaron las sesiones en el Edificio de la Administración en la Zona del Canal, donde se detallaron el plan de acción y la formación del grupo de trabajo. El gobernador Chester Harding, el Coronel L. F. Landers, y el Juez Frank Feuille eran los miembros de la Comisión para Examen de las Elecciones en Panamá. Julio Fábrega, Guillermo Andreve y yo éramos los representantes del partido gobernante, y Eusebio Morales, Pablo Arosemena y Samuel Lewis, los del partido opositor. La nueva Asamblea logró reunirse para el 1 de septiembre, si bien quedaban algunos diputados por esclarecer. Tras el debate para elegir al nuevo designado para el bienio de 1918 a 1920, el 16 de septiembre se eligió al doctor Porras, quien se desempeñaba como Ministro en Washington, D.C.

 

Enero de 1923

En 1920 fueron las elecciones presidenciales para el presente cuatrienio. A pesar que el doctor Porras fue elegido por la Asamblea Nacional como Primer Designado para el bienio que comenzaba en 1918, al renunciar en enero de 1920 no violó el Artículo 83 de la Constitución, que prohíbe a un ciudadano llamado a ejercer la Presidencia a ser elegido para este empleo si hubiere ejercido en él dentro de los seis meses últimos antes del día de la elección. Con el nuevo gobierno se me confirmó en mi puesto de encargado de la cartera de Relaciones Exteriores de la Secretaría de Gobierno y Justicia, que ya ocupaba desde 1918.

Sin embargo, desde julio del año pasado, se me ha asignado a Washington, D.C., como enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de Panamá para una negociación al Convenio Taft vigente. No es la primera vez que esta administración me envía a esta ciudad, porque en febrero de 1921 fui encargado a esta ciudad de la misión de negociar el conflicto armado en la región de Coto entre Panamá y la República de Costa Rica. Trabajando en la Secretaría de Gobierno y Justicia, me correspondió tratar con la Legación Americana en Panamá el tema desagradable de la ocupación de soldados estadounidenses en la provincia de Chiriquí. Esta había comenzado con la excusa de vigilar las elecciones de 1918, pero luego continuaron en esas provincias con la excusa de proteger las vidas y negocios de los ciudadanos de su país. Recuerdo que antes de las elecciones de 1920, en abril nos reunimos en mi despacho de la Secretaría de Gobierno y Justicia, don Evenor Hazera, subsecretario de Relaciones Exteriores encargado del Despacho, el señor William Jenning Price, Ministro de los Estados Unidos ante el Gobierno de Panamá, el señor Frank Feuille, abogado especial del canal de Panamá, quien acompañaba al señor Price en calidad de concejero legal, y yo. Tuvimos una reunión acalorada de tres horas, en la cual los estadounidenses preguntaban sobre los derechos del señor William Gerald Chase, y sobre un fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia, por su caso de posesión de tierras en San Juan, en el distrito de San Lorenzo de Chiriquí. Les expliqué que ese caso era complicado, que el dictamen de la Corte estaba en lo correcto y les mostré pruebas que sustentaban lo anterior.

Luego de discutir el caso suficiente tiempo, tuve que confrontar a ambos señores si su visita era en calidad de abogados del señor Chase. Ante su negativa, les dije que yo tampoco actuaba en calidad de abogado de nadie en contra del señor Chase, y una discusión tan prolongada de ese asunto estaba fuera de lugar, porque yo lo único que buscaba era obtener el retiro de las tropas estadounidenses de la provincia de Chiriquí. Argüí, pues, que la presencia de estas tropas era una humillación para la patria y un acto arbitrario de los Estados Unidos, hecho que además contradecía el Derecho Internacional y el tratado del Canal.

Por esta razón le había propuesto al Secretario de Relaciones Exteriores que se hiciera una investigación conjunta de las cuestiones de hecho y de derecho relativas a la posesión y propiedad del señor Chase sobre las tierras en San Juan, porque, al punto en que se encontraban las cosas, era la principal o única causa de la ocupación. La discusión giró en lo complicado que sería llevar esa investigación, pero les expliqué nuevamente que por lo complicado del caso se debían ver en su totalidad, y no solo una fase del mismo, que era como estaba sucediendo con ellos en este momento. La conversación llegó entonces a la situación de Chiriquí en general. El ministro Price se empeñó en justificar la ocupación militar y yo en condenarla como un acto de fuerza injustificado e innecesario. Aunque él admitió que la situación de la delincuencia y la moralidad había mejorado notablemente, se lo atribuía a la presencia de las tropas estadounidenses en el lugar.

Yo le repuse que este era el fruto de la campaña moralizadora emprendida por el Gobierno actual, y le di como ejemplos el castigo de la delincuencia, el consumo restringido de las bebidas alcohólicas y la eliminación de ciertas clases de diversiones públicas. El ministro Price nos dijo que nosotros también dábamos alas al elemento criminal en Chiriquí, al permitir propaganda a favor de la familia del asesino del gobernador Perigault. Yo le respondí que el Gobierno nacional no podía hacer nada para amordazar a la prensa porque nuestra Constitución garantiza la libertad de pensamiento, y le recordé el caso en 1904, cuando el miembro de la Cámara de Representantes que insultó en el Congreso de la manera más soez a la República de Panamá y sus principales hombres, y aunque la República de Panamá protestó ante el Departamento de Estado, la respuesta fue que ellos no podían coartar la libertad de palabra a los representantes del Congreso.

El señor Price dijo que eran casos diferentes por aquel tratarse de un miembro del Congreso, y que el Gobierno debía contradecir o desmentir lo expuesto en la prensa a favor de las familias del asesino, pero yo le observé que esa no era función del Gobierno, y que para hacer todo lo que la Legación Americana deseaba o quería, sería necesario ejercer el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y mientras tuviésemos instituciones democráticas y republicanas, no se podría hacer más de lo que hasta el momento se hacía. Ante la acusación final del señor Price de que el Gobierno de Panamá animaba al elemento criminal de Chiriquí, al haber quitado al Mayor Pace el uso de las líneas telegráficas de la república para comunicarse con Panamá, yo le respondí que ese era un cargo directo que hacía contra el presidente de la república, y que lo rechazaba, porque con la muerte del gobernador Perigault el Presidente se dio cuenta de la manera arbitraria como el Mayor Pace y sus soldados se habían apoderado de las líneas telegráficas y se resolvió entonces terminar ese estado de cosas.

Porque, ¿a quién le habían pedido permiso para utilizar nuestras líneas? Si la ocupación de Chiriquí es en nuestro concepto un acto arbitrario e injusto, no la queremos y la rechazamos, no se pretenderá que también se les brinde las facilidades para esa ocupación. La ocupación de Chiriquí por las tropas estadounidenses no ha sido el único evento que ha enfrentado nuestro gobierno en años recientes con el de los Estados Unidos. En febrero de 1921 fui nombrado como enviado especial de Panamá a Washington, D.C., para la toma de posesión del presidente Warren Harding. Sin embargo, por la manera como se dieron los eventos, se me envió instrucciones para que permaneciera en Washington para participar en la negociación para solucionar el conflicto armado que inició Costa Rica, precisamente a finales de ese mismo mes. La situación era crítica porque los Estados Unidos disolvieron nuestro Ejército en 1904 y desarmó a la Policía Nacional en 1916, razón por la cual Panamá se encontró inerme frente a la agresión del vecino. Aunque se compartiera la idea de que se debía repeler por las armas el ataque, tal como lo logró hacer el cuerpo de voluntarios, el rechazar la mediación estadounidense también podría perjudicarnos, más si Costa Rica llegaba a aceptarla.

Por esto, cuando el Secretario de Estado se comunicó con el Ministro de Panamá en Washington, se le expresó que su mediación sería bien recibida, si bien él nos dijo que sabía que en Panamá no se pensaba igual. Al comunicarnos inicialmente con el gobierno en Panamá, les expusimos una meditación cautelosa del caso, porque si Costa Rica rechazaba la mediación de los Estados Unidos, estos se podrían sentir desairados y proporcionar a Panamá los elementos necesarios para rechazar la agresión. A comienzos de marzo logré entrevistarme con el Jefe de la División Latino Americana del Departamento de Estado, y lo confronté: frente ante las agresiones de Costa Rica, ¿cómo explicaban el artículo 1 del tratado del Canal, por el cual Estados Unidos defendería la independencia de nuestro país? Aunque contestó que los Estados Unidos consideraban que la invasión del territorio disputado no afectaba la independencia de Panamá, solo si Costa Rica rechazaba la mediación estadounidense, entonces entraría a considerarse el cumplimiento del tratado, y si bien no logré ninguna declaración concreta, pareció que los Estados Unidos estaban dispuestos a presionar a Costa Rica para evacuar el territorio derecho del Sixaola. Días después dejó un sinsabor cuando declaró que se podía regresar al estado existente antes que iniciaran los conflictos, el 19 de febrero de 1921, pero a sabiendas de que si los Estados Unidos fueran mediadores en la negociación, en el futuro existiría la gran posibilidad de que el Laudo White se tendría que aceptar, porque al haber sido expedido por el presidente de la Corte Suprema de su país, para ellos tenía estatuto de ley.

Panamá no se dejó intimidar, y se buscaron otras soluciones. Sin embargo, en una conferencia que se sostuvo con el jefe de la División Latino Americana y otro experto del Departamento de Estado, se trataron algunos puntos importantes de la relación de nuestros países, y se llegó a la conclusión que bien se podía pensar en la idea de un nuevo tratado que revisara lo establecido en el convenio Taft o el tratado Hay–BunauVarilla. Esta posición fue de mi total agrado. Recuerdo que desde 1915, con motivo de la Conferencia Financiera Panamericana, se hicieron los primeros sondeos con funcionarios del gobierno de los Estados Unidos sobre la conveniencia de un nuevo tratado entre ambos países. En diciembre de 1919, la delegación panameña ante la Comisión Mixta de Reclamaciones entre Panamá y los Estados Unidos, en la que participó mi hermano Luis, redactó un extenso memorándum sobre los perjuicios comerciales y económicos causados por las actividades del canal de Panamá y el ferrocarril de Panamá.

En noviembre de 1920, la Cámara de Comercio de Colón dirigió una carta al entonces senador Harding, que se encontraba alojado en el hotel Washington, y se le pedía que se hiciera una revisión a los tratados del Canal, y se detallaban los contratos celebrados por la Compañía del Canal de Panamá que afectaban las relaciones comerciales entre nuestros países. Las negociaciones propiamente dichas no iniciaron sino hasta comienzos de este mes cuando le envié al Secretario de Estado una nota en que exponía los objetivos y aspiraciones panameñas. Durante el tiempo de mi llegada, conversé también con la prensa local, buscando que el público estadounidense conociera también nuestras peticiones.

Brevemente le hice al Secretario de Estado, el señor Charles Hughes, un recuento del punto de vista panameño de la firma del tratado de 1903. Si bien el principal asunto era la conclusión del tratado para la construcción del canal interoceánico, también se debía recordar que el rechazo del tratado del Canal por el Congreso en Bogotá fue la causa determinante de la separación de Panamá. Aunque la opinión general en ese momento, incluso expresado en la prensa de los Estados Unidos, era que el tratado firmado con la República de Colombia sería concluido con la República de Panamá, una idea que apelaba a la justicia, ya que nuestro país facilitaba la construcción de la vía acuática. Sin embargo, un nuevo tratado fue negociado y concluido de una manera presurosa, sin esperar la llegada de los comisionados panameños. Contrario a las expectativas generales, se realizaron varias modificaciones, por lo cual el tratado con Panamá era menos ventajoso para nuestra nación que aquel firmado con Colombia. La jurisdicción conjunta de los Estados Unidos y Colombia sobre la Zona del Canal fue remplazada por una jurisdicción absoluta y exclusiva por los Estados Unidos, y el término de 99 años fue remplazado por una concesión a perpetuidad.

El tratado también incluyó un nuevo artículo sobre las compensaciones por los daños a las propiedades, causados con propósitos del Canal, que ha servido en varias ocasiones a interpretaciones injustas por parte de los oficiales estadounidenses hacia los demandantes panameños. Ante el argumento de que la garantía de independencia que el nuevo tratado otorgó a nuestra república compensaba todas las nuevas concesiones otorgadas por el ministro Bunau-Varilla a los Estados Unidos, hay que arremeter que la misma no solo beneficiaba a Panamá, ya que sirvió como un respaldo a los Estados Unidos para la construcción del Canal, porque sin ella no hubiesen podido construir física o legalmente el Canal, ni mantener sus derechos jurisdiccionales sobre la Zona del Canal, ya que ninguna otra potencia tenía derecho a destruir nuestra independencia.

El sentimiento del pueblo panameño era, no obstante, que todos estos sacrificios realizados para la construcción del Canal se compensarían con la gran cantidad de bienestar, progreso y desarrollo resultante del establecimiento de los trabajos formidables y de la inversión millonaria necesitada en este trabajo. Sin embargo, cuando la Zona del Canal fue transferida por la República de Panamá a los Estados Unidos, el pueblo panameño se espantó y escandalizó por la toma de los puertos de Ancón y Cristóbal estipulado en los tratados, lo cual dejaba a las ciudades de Panamá y Colón sin puertos y las convertía en dependiente de las terminales del Canal para el comercio exterior.

Si bien es cierto que en enero de 1904 el Ministro Bunau-Varilla dirigió una nota al Secretario Hay, dando una interpretación a lo que sirvió como una justificación a los Estados Unidos para tomar estos dos puertos, y que dicha nota, a pesar de no estar autorizada, fue subsecuentemente aprobada por el entonces Ministro de Relaciones Exteriores, el doctor Espriella, lo cierto es que el pueblo de Panamá nunca entendió que por el tratado del Canal se perderían los dos puertos a través de los cuales las ciudades realizaban su comercio de importación y exportación. Debido a la controversia ocasionada, el presidente Roosevelt decidió enviar a su Secretario de Guerra, el señor William Howard Taft, quien concluyó un convenio con el gobierno de Panamá, conocido por su nombre. Una breve historia del Convenio Taft nos lleva a junio de 1904, cuando el gobernador de la Zona del Canal promulgó una orden ejecutiva por la cual aquella franja de territorio quedaba abierta al comercio mundial.

Se designó que los puertos terminales del Canal estarían calificados para propósitos de importación y exportación, y se declaró que la tarifa proteccionista promulgada en los Estados Unidos, conocida como la Tarifa Dingley, estaría en vigencia en la Zona del Canal, y se establecieron oficinas de correos y de aduanas independientes. La República de Panamá protestó enérgicamente de inmediato contra estas medidas que consideraba que eran una violación al tratado del Canal, porque creía que la Zona del Canal no podía ser considerada como una entidad política capaz de mantener relaciones internacionales de ningún tipo con el mundo exterior, que el uso y ocupación de la franja de territorio de 10 millas concedidas tenía el único y específico propósito de la construcción del Canal, y que las funciones gubernamentales de los Estados Unidos en la Zona del Canal debían limitarse al mantenimiento del orden público y de la administración de la justicia.

En otras palabras, que las funciones del gobierno estadounidense en la Zona debían limitarse a aquellas necesarias para la construcción del Canal, y no debían resultar en la creación de una Zona del Canal competitiva, que debido a su posición geográfica privilegiada y el apoyo financiero colosal, literalmente destruirían la vida comercial y económica de la República de Panamá. Para los panameños, la interpretación que daban las nuevas autoridades de la Zona era un asunto de vida o muerte. Es por eso que se dio un fuerte debate, al que las autoridades en Washington no permanecieron sordas. El presidente Roosevelt ordenó al Secretario Taft en octubre de 1904 venir al istmo, y en su carta de instrucciones le decía que los Estados Unidos no tenía la menor intención de establecer una colonia independiente en la mitad del Estado de Panamá. Después de difíciles negociaciones, el Convenio Taft entró en vigencia en diciembre de 1904.

Este convenio determinaba el estatus jurídico de la Zona del Canal. Ningún bien extranjero y de ningún país, a no ser de aquellos importados por el gobierno de los Estados Unidos para el Canal y sus empleados, podría ser importado a la Zona del Canal a través de los puertos terminales sin el pago de aranceles de aduana a la República de Panamá. Los envíos de mercancía a través de los puertos de la Zona debían ser oficialmente autorizados por los cónsules panameños en el extranjero. Los correos de la Zona del Canal serían operados por la Oficina de Correo Americana, pero el coste de envío sería utilizando estampillas de la República de Panamá con el sello de “Canal Zone”, y estas estampillas serían compradas a la República de Panamá con un descuento de su valor nominal. Finalmente, mientras que la Zona del Canal estuviese habitada por población civil, los derechos de exportación serían pagados a la República de Panamá en los productos naturales de la tierra a la cual fueran exportados desde la Zona y a través de sus puertos.

Todas estas estipulaciones están conformes con la teoría del gobierno de Panamá de que la jurisdicción fiscal de la Zona del Canal desde un punto de vista internacional, es decir, en lo que se refiere a las importaciones y exportaciones, no ha cesado de estar establecidos en la República de Panamá. Panamá siempre ha asegurado que las jurisdicciones sobre el comercio internacional nunca fueron cedidas o transferidas por el tratado del Canal, dado que el objetivo del tratado era brindar a los Estados Unidos todo lo ne- cesario para la construcción, operación, mantenimiento, saneamiento y protección del Canal, y más nada. Y para alcanzar estos propósitos los Estados Unidos no necesitan convertir a la Zona en una colonia o una entidad internacional capaz de darle muerte a la misma nación que abrió su territorio con la visión de facilitar la construcción de la gran vía acuática, la cual es tan vital al comercio mundial y a la fortaleza y seguridad de los Estados Unidos como potencia mundial. Para la República de Panamá, el Convenio Taft se ha constituido en una forma de legalizar la ocupación de los puertos terminales del Canal por los Estados Unidos, los cuales no fueron cedidos por Panamá de acuerdo al tratado del Canal, porque, sin importar la nota del señor Bunau-Varilla, estos puertos son los “puertos adyacentes” a las ciudades de Panamá y Colón, y están específicamente excluidos de la Zona del Canal por el artículo II del tratado. A pesar que el convenio Taft resolvió los problemas fundamentales en ese momento, y que en lo relativo a estos problemas constituyó una interpretación satisfactoria del tratado, también es cierto que desde 1904 han surgido numerosas controversias relacionadas con la aplicación de ciertas cláusulas del tratado del Canal, y que para Panamá es necesario llegar a un acuerdo sobre el carácter indefinido del tratado, así como la cantidad de concesiones que la República de Panamá está obligada a hacer.

De acuerdo a la redacción del tratado, Panamá tiene que dar indefinidamente las tierras y aguas auxiliares necesarias para la construcción del Canal. Interpretado de una manera notablemente injusta por ciertos funcionarios de la Zona del Canal, Panamá está obligada a recibir los precios vigentes en 1903 por las tierras y propiedades que fueran expropiadas de sus habitantes veinte, cincuenta o cien años después. Pero como la justicia lo señala, la construcción del Canal se ha completado y ha estado en operación exitosamente desde 1913, y las fortificaciones del Canal se han construido, razón por la cual estas cláusulas vagas, indefinidas y unilaterales no deben existir para siempre. En consecuencia, el momento ha llegado para estipular o declarar en conjunto y de manera formal que los Estados Unidos han tomado toda la tierra y propiedades necesarias para la construcción, operación, mantenimiento, saneamiento y protección del Canal.

En la carta al secretario de Estado se le expuso también las aspiraciones comerciales panameñas. Se le explicó el sentimiento de que la mayoría de la inversión millonaria por la construcción del Canal se quedó en los Estados Unidos, y, aunque la razón inicial que inspiró el Convenio Taft no lo permitía, las interpretaciones por parte de los funcionarios de la Zona del Canal han dado lugar a una competencia desleal por parte de la Compañía del Canal y del Ferrocarril de Panamá, que excluye al comercio panameño de llegar a un mercado existente por el tráfico marítimo, aparte de los empleados de la Zona que sí pueden utilizar los servicios de la Compañía. Porque si por algún evento desconocido los Estados Unidos dejasen a un lado las funciones de construcción, operación, mantenimiento, saneamiento y protección del Canal, se quedarían sin el motivo legal de poseer una franja de nuestro territorio, por lo cual los servicios que brinda la Compañía del Canal y el Ferrocarril de Panamá, tales como hoteles, lavanderías, comisariatos, panaderías, diversión y otros, no serían válidos porque no responderían a ninguna de las funciones establecidas en el tratado del Canal y, menos válida sería la excusa de que por estar localizados en la Zona del Canal no pagasen los debidos impuestos a la República de Panamá.

 

Enero de 1927

A finales de este mes, la Asamblea Nacional resolvió suspender las consideraciones del tratado suscrito en julio del año pasado hasta que el Poder Ejecutivo tuviese la oportunidad de gestionar soluciones más satisfactorias para nuestra Nación. Esta acción por la Asamblea no significa que el tratado haya sido rechazado, sino que su consideración fue pospuesta para que el gobierno panameño entre en nuevas conversaciones con los Estados Unidos hasta buscar mejores soluciones al país. Esto sucedió una semana después de que el Senado de los Estados Unidos comenzara también su discusión. El que una Asamblea partidaria del Gobierno haya rechazado unánimemente el tratado muestra que el desagrado, con el resultado final de más dos años de negociaciones, es general. Mientras que los opositores del tratado han sido acérrimos en sus denuncias, los simpatizantes con el Gobierno han escrito o dicho a favor de los nuevos arreglos, no como buenos, sino como lo mejor que se pudo obtener. Es claro que el gobierno panameño no podía imponer el tratado como un tema político, y que el instar a la Asamblea de considerarlo como tal solo habría resultado en su rechazo, lo cual hubiese ocasionado una situación muy desagradable entre los Estados Unidos y Panamá. La mayor objeción que tuvo el nuevo tratado fue el sentimiento de que los Estados Unidos no está dando a Panamá el trato adecuado como un país soberano e independiente, además de que se está aprovechando de una manera inapropiada por su posición en la Zona del Canal para dedicarse a actividades comerciales que no están autorizadas o contempladas en el tratado de 1903.

Los hombres de negocios del país, reunidos en la Cámara de Comercio poco después de la publicación del tratado, se muestran contrarios a este y sienten que se está haciendo caso omiso del compromiso del presidente Roosevelt en 1904 de no crear una colonia comercial en la mitad de nuestro territorio, por la extensión extraordinaria que reciben los comisariatos del Canal, las ventas oficiales que se hacen a los barcos en tránsito y el establecimiento propuesto de almacenes de depósito en la Zona del Canal. Se alega que todas estas medidas han operado, y continuaran operando, en detrimento de Panamá, llevándose un comercio próspero y prometedor de la república. Aunque el proyecto de tratado haya comenzado en el gobierno pasado del doctor Porras, en el actual gobierno de nuestro también amigo, presidente Rodolfo Chiari, se ha continuado.

En todo el periodo transcurrido se han encontrado contratiempos, por una parte porque los Estados Unidos no estaban dispuestos a ceder a nuestras peticiones, o solo estaban dispuestos a hacerlo a cambio de nuevos beneficios a su país. La actitud del gobierno de Estados Unidos de no ceder ante las opiniones de los ciudadanos panameños conocedores del tema llevó al gobierno panameño a enfrentar el dilema de no celebrar tratado alguno y comprometer, tal vez, la futura vida económica de la república o convenir en la cesión demandada. Por esta razón el gabinete aceptó las condiciones y, en marzo de 1926, el proyecto quedó redactado en forma definitiva. Desde el tiempo del inicio hasta el año pasado, hubo momentos en que se dieron prolongadas discusiones antes de una reapertura oficial de las negociaciones.

Esto condujo a que a finales de 1923 el gobierno del doctor Porras decidiera nombrar una comisión que estudiase todo lo relacionado con el tratado. Aunque en un inicio se me había escrito desde Panamá que se pensaba enviar a Washington una comisión con el fin de asesorarme o de llevar a cabo conjuntamente las gestiones en mí confiadas, una carta del mismo doctor me tranquilizó al decirme que la comisión en proyecto sería nombrada únicamente para estudiar lo relativo al nuevo tratado, pues para mí hubiese sido un desaire que me causaría profunda herida el que se me manifestara la desconfianza que implicaría el mermarme o restarme mis atribuciones y representación, después de haber prestado mis servicios por más de un año en forma que recibiese la aprobación de la opinión pública. Yo le respondí señalándole que la cuestión era conocer la manera como podría conseguirse que el gobierno estadounidense accediese a nuestras demandas, después de que había denegado todos nuestros derechos a formularlas. Le señalaba que, para determinar ese punto, se precisaba tener en cuenta factores acerca de los cuales yo debía ser oído, porque había sido el negociador y me hallaba en contacto directo con la situación en el sitio de la negociación. Este fue el inicio para que en enero de 1924 se me nombrara Presidente de la Comisión con pleno poder para poder entenderse con otra comisión análoga que nombrara el gobierno de los Estados Unidos para ajustar un nuevo convenio entre los dos países.

Nuestra comisión estuvo integrada por el doctor Eusebio Morales, Eduardo Chiari y yo, y la de Estados Unidos, por el señor Frank B. Kellogg, Secretario de Estado, y Francis White, subsecretario de Estado. Creímos en vano que en septiembre de ese año se firmarían los tratados. Al principio, en la comisión hubo un sentimiento de que se tenía que cambiar las impresiones que existía de los miembros hacia nuestro país, mal informados tal vez por las autoridades de la Zona del Canal o el partido oposicionista. En junio de 1924, se recibió una carta del doctor Porras en la Legación de Panamá en Washington, que pedía que ante lo escrito por Eduardo Chiari a Rodolfo desvaneciéramos las malas impresiones del señor White.

La expresión de una muestra de la amistad que siente nuestro país por los Estados Unidos se manifiesta en el nombramiento por el gobierno de Panamá de ciudadanos estadounidenses en los puestos de rector del Instituto Nacional, en el de inspector de Instrucción Pública, en el de inspector general de la Policía, en el de agente fiscal y el de subagente fiscal, en el de jefe de Materiales y Compras, en el de auditor del Banco Nacional, en el de ingeniero en jefe de la Junta Central de Caminos, además de media docena de ingenieros al servicio de esta Junta Central. Esta carta del doctor Porras se recibió luego de que Chiari escribiera a Panamá, cuando el señor White nos comentó, en una manera amigable, que en Panamá se había erigido un monumento a los franceses que fracasaron en construir el canal, mientras que no nos habíamos acordado de los estadounidenses, a pesar de su éxito; que, de los países en el continente, nosotros éramos los que presentábamos mayores obstáculos a los Estados Unidos, y que éramos los más difíciles con quienes entenderse. A nuestro juicio, creímos haber dejado en su ánimo una impresión distinta al hablarle de las numerosas ocasiones en que Panamá ha demostrado su amistad invariable para con los Estados Unidos, y de que en el mismo monumento del que hablaba se elogiaba a los estadounidenses y se hacía un reconocimiento a Roosevelt, Goethals y otros.

Sí creo que en más de una ocasión los comisionados estadounidenses propusieron a Panamá cláusulas a la vez onerosas y humillantes, que nosotros rechazamos, unas veces con éxito y otras sin él. En algunas conferencias salimos completamente descorazonados y convencidos de que no íbamos a celebrar ningún tratado, en vista de lo irrazonables que se mostraban. No olvido las propuestas originales sobre expropiación de tierras, sobre inalámbricos, sobre navegación aérea, sobre sanidad, sobre nombramiento por el presidente de los Estados Unidos del Ingeniero en Jefe de la Junta de Caminos, sobre el arreglo de nuestra cuestión de límites con Costa Rica. En este último punto, la comisión panameña logró desvincular la firma del tratado con el cumplimiento del Fallo White. También hice un buen alegato para que dejaran de hacer reclamaciones por el fuego de Colón de 1885, pero teniendo siempre la impresión que no contestaban nada en el momento, reservándose sus impresiones para revivir el asunto más tarde en una ocasión que consideraran propicia para ellos. Para contrariar nuestras peticiones siempre encontraban un argumento o utilizaban una nueva petición suya a cambio de aprobar la nuestra. En el caso de las cláusulas comerciales más importantes, en un inicio solo aceptaban que el nuevo tratado las abordara por quince años, al final del cual debía negociarse nuevamente. Así, mientras que sus beneficios quedaban pactados a perpetuidad, los nuestros tenían caducidad a corto plazo. Luego aceptaron la perpetuidad de las cláusulas comerciales a cambio de la entrega de Nuevo Cristóbal en Colón. Por otro lado, considerando que la comunicación de radio y la navegación aérea en la República de Panamá era vital para la seguridad del Canal, incluyeron un artículo que los beneficia. Igual sucedió con la abrogación del Convenio Taft.

A pesar que en 1922 el Departamento de Estado pidió al presidente Harding que solicitara al Congreso la derogación del Convenio Taft, porque lo consideraba un acuerdo temporal y ya no proveía las bases adecuadas para las cuestiones surgidas entre los gobiernos de Panamá y los Estados Unidos por causa de la Zona, y de que el presidente consiguió el permiso del Congreso, la fecha para su abrogación fue fijada hasta que se lograra un nuevo sistema de relaciones con un nuevo pacto. Sin embargo, en abril de 1924 la comisión estadounidense anunció que el Convenio Taft se abrogaría el 1 de junio de 1924, pero brindando algunas garantías, como las restricciones de comisariato, la evitación del contrabando, el abasto a los buques, la libertad de tráfico, la prohibición de futuros negocios particulares en la Zona, y el no arrendamiento de residencia a particulares. En lo personal, algo positivo que se dio el año pasado fue la celebración del Congreso Bolivariano, con motivo del centenario del Congreso Anfictiónico de 1826. A pesar que he estado viviendo fuera del país, la Facultad Nacional de Derecho, y luego la Unión Panamericana (UPAN) en Washington, me enviaron invitaciones a ser su delegado. Expuse “El Panamericanismo Bolivariano y el Actual”, en el cual señalo que mientras la idea del Libertador Bolívar era una liga de naciones para defenderse del algún ataque de reconquista por España, y que por lo tanto incluía solo a las naciones de habla hispana, en la actualidad el panamericanismo se debe entender como una corriente inspirada por la continuidad geográfica, la similitud de instituciones, los intereses económicos, el amor de los principios democráticos y la comunidad de anhelos internacionales.

Esta visión fue objetada, pero creo que sigue mi propuesta sobre la nueva visión de la Doctrina Monroe, publicado hace unos años con motivo también de su centenario. Esta doctrina, según mi parecer, no debía ser vista como la razón por la cual los Estados Unidos extendieron su territorio, ya que lo hubiesen hecho incluso sin ella, sino que fue la razón por la que estuvieron dispuestos a defender posiciones en nuestro continente que estaban en contra de los de ellos. No obstante, al coincidir sus intereses con los nuestros, benefició también a América Latina, creándose un estado de ánimo de unión en las naciones de nuestro hemisferio, en busca de la defensa de los valores de la democracia.

 

Octubre de 1928

El nuevo presidente, Florencio Harmodio Arosemena, tomó posesión de su cargo este mes, pero con gusto recibí en septiembre pasado la notificación de la Asamblea Nacional, por la que se me eligió Primer Designado para el bienio de 1928 a 1930. Antes, en mayo, la X Convención Nacional Liberal me había nombrado miembro principal del directorio nacional liberal para el cuatrienio de 1928 a 1932. Las elecciones de este año fueron la culminación de un ambiente político que me ha tenido alarmado desde antes de 1926.

A pesar de que Rodolfo es amigo de la familia, y mi hermano Horacio estuvo nombrado como Secretario de Relaciones Exteriores en su Gabinete, recuerdo que en 1926 los enfrentamientos entre el duquismo, simpatizantes de Tomás Gabriel Duque, y el porrismo, simpatizantes del doctor Porras, en ocasiones intrigando para quebrantar los nobles propósitos de Rodolfo de eliminar las reelecciones, solo causaron cuestionamientos muy puntiagudos en el Departamento de Estado, a las que yo solo contestaba con evasivas algunas veces, y otras, insistiendo en la alteza de miras de Rodolfo.

A él le envié notas desde Washington explicándole por qué no debía acceder a las peticiones de reelecciones. Sin embargo, sabía que las fracturas existían desde 1925, cuando Horacio me escribió que mientras Porras estuviese en Panamá, Rodolfo no tendría seguridad para gobernar ni habría tranquilidad política en el país, por lo que todos aceptaron con beneplácito su nombramiento para Europa. Al año pasado recuerdo que mi opinión de los posibles candidatos era que Octavio Méndez Pereira y Guillermo Andreve eran hombres meritorios, pero no despertaban la simpatía de los estadounidenses y más bien despertaba sus recelos, que Florencio Harmodio Arosemena y Francisco Pancho Arias serían figuras presidenciales improvisadas, por carecer del suficiente prestigio para contrarrestar al de Porras, sin contar el efecto de las promesas antipatrióticas que este hombre sería capaz de hacer, como lo hizo en 1918, procediendo como ministro en Washington por su cuenta, sin conocimiento ni autorización del Gobierno. En lo personal, también recibí cartas en que Horacio me afirmaba que los amigos decían que tenía oportunidad de ser candidato para presidente, pero yo no podría pensar en formar un partido propio para sostener mi candidatura. Para hacerlo necesitaría gastar una fortuna y dedicar a esa labor todo mi tiempo. Necesitaría también separarme de la Legación e irme a Panamá, cosa que no podría hacer con solo considerar que desertaría un puesto donde estoy prestando y creo poder prestar servicios de importancia al país, para ir en persecución de lo que no podría calificarse sino como pura ambición de mando.

Para mí es cuestión de honor llevar a una u otra conclusión del tratado. Si esa conclusión es ventajosa, para mí será mayor satisfacción la victoria del país que la mía en las urnas, y por un buen tratado yo daría gustoso no una sino diez presidencias. Hay que añadir que es indudable que mi presencia fuera del país significa mucho. La distancia entibia las relaciones. Mis enemigos podrían cebarme con calumnias e imputaciones de las que no podría defenderme y no podría escribirles a todos mis amigos, y la falta de correspondencia los resentiría o los enfriaría. Por Horacio me enteré cómo mi amigo Demóstenes consideraba que estaba fuera de concurso por la cuestión del tratado y por considerarme demasiado yancófilo por mi actuación del Congreso Bolivariano, si bien luego le dijo que yo estaba entre los mejores presidenciables. Creo también que mi candidatura no podría surgir si no hubiese sido apoyada por Rodolfo y por la maquinaria electoral y gubernamental que él movía, y para que él se decidiese a apoyar mi candidatura se necesitaba que estuviera convencido de que le daría el triunfo en las urnas y eliminaría la posibilidad de intervención. Sí estuve siempre seguro que de todos los candidatos; yo era el único que eliminaba por completo la posibilidad de la intervención y que inclinaba las simpatías estadounidenses absolutamente en favor del gobierno. Pero haciendo honor a la verdad, carezco de esa sed de mando y de honores que hace a otros correr desalados tras la Presidencia.

Mentiría si dijera que soy insensible al halago que representa el supremo honor de las democracias; pero no puedo dejar de pensar en la lucha cruel que tendría que sostener en el poder un hombre de mis ideas y de mis principios. Con el concepto que se tiene del gobierno y de la cosa pública, yo habría de pasar por mayores amarguras con los amigos que con los enemigos. En septiembre y octubre del año pasado recibí las visitas en Washington de Florencio Harmodio y de Pancho Arias Paredes. Con ambos se habló acerca de Porras; con Florencio Harmodio, de su sistema corrupto, y con Pancho, sobre la necesidad de una declaración de los posibles candidatos, a fin de presentar a Porras un frente unido. Pancho también creía que el Presidente Chiari no impondría a ningún candidato y que optaría por el laissez-faire.

Ninguno mencionó mi posible candidatura, aunque Pancho insinuó, muy gentilmente, su creencia de que el tratado me había inhabilitado como candidato, por lo que le mostré una carta que mostraba lo contrario. Por como sucederían los hechos, pronto se percataría Pancho de que Rodolfo no estaba dispuesto a un laissez-faire. En octubre, Horacio me escribió cómo Rodolfo aprobó que se hiciera propaganda en los centros obreros a favor de Florencio Harmodio, y se promocionó que se concurriera a su recibimiento, mientras que mostró abiertamente su desaprobación al recibimiento de Pancho, a la vez que en privado le expresó a Horacio que la candidatura de este era una locura. Supe también que El Tiempo publicó una carta firmada por varios íntimos del presidente, por lo que se cree que era una cosa convenida con él, o sino que contaba con su aquiescencia, en que parecen mostrarle su apoyo a Florencio Harmodio, y en la que consideran que era la persona quien debía remplazar a Rodolfo Chiari, y le ofrecían sus esfuerzos para llevarlo a la Presidencia. Otra visita que se tuvo en Washington en diciembre del año pasado fue la del doctor Porras. Se presentó como candidato de la oposición para entrevistarse con el Secretario de Estado, el señor Kellogg, pidiendo la intervención de los Estados Unidos en las elecciones de este año, en concepto de que la actual administración buscaba la reelección.

El secretario Kellogg le dijo que si bien por los tratados existentes garantizaban la independencia de Panamá, también la respetaban, y que no intervendrían en nuestros asuntos internos, a menos que estuviera amenazado el orden público o se pusieran en práctica procedimientos inconstitucionales. En su viaje, el doctor Porras solo manifestó un estado de ánimo curioso por sus declaraciones en contradicción perpetua. Al salir de Panamá rumbo a los Estados Unidos anunció a tambor batiente que iba en demanda de la intervención. Llegó a La Habana y negó rotundamente ese propósito. Al arribar a Nueva York declaró que el fin de su viaje era iniciar los planes para la erección de un monumento a Roosevelt.

Acosado por los periodistas, dijo primero que eran sus enemigos quienes le atribuían con fines malévolos el deseo de pedir la intervención, pero luego admitió que el monumento a Roosevelt era el fin principal del viaje, y la cuestión política, el secundario. Más tarde confesó que se proponía pedir la “supervigilancia” de las elecciones, no la intervención, y, por último, al referirse sobre los peligros, humillaciones y desdoro de la intervención extranjera, nos sale con la conclusión de que Panamá no está preparada para el gobierno propio y necesitaba un poder “supervisor” para guiar nuestra vida política. La inconsecuencia del doctor Porras acerca de las intervenciones es tan manifiesta que la pidió en 1906, se aprovechó de ella en 1908, subió al solio mediante ella en 1912, la rechazó en 1916, la usufructuó en 1918, la protestó en 1920, la repudió en 1922, y volvió a combatirla en 1924, hasta el extremo de pedir para los solicitantes las penas aplicables a los traidores a la patria, y ahora en 1927 él mismo imploró lo que antes había condenado con tanta indignación.

Si bien existe el derecho a rectificar errores y a cambiar de opinión, también existe el derecho de no creer en la sinceridad cuando los cambios coinciden siempre con las propias conveniencias. Porque el doctor Porras es partidario de las intervenciones en la oposición, mientras siempre ha sido enemigo de ellas en el poder. La deducción es clara de que o el doctor Porras fue un usurpador cuando gobernó, o la República de Panamá solo es apta de regir sus destinos cuando él la gobierna. Logré hacer públicas mis opiniones en el mismo mes de su visita. Horacio me hizo llegar a Washington una nota de Acción Comunal en la cual criticaba mi actuación contra el doctor Porras y en el Congreso Bolivariano. No hacía falta esa defensa, porque él mismo no demoró su respuesta pública, acusándome de mostrarme en contra de la intervención de Estados Unidos en nuestras elecciones, pero que habiendo formado parte del gobierno en 1904 no estuve opuesto cuando se incluyó en nuestra Constitución el artículo que permite la intervención. Recordaba que en 1918 fui delegado ante la comisión intervencionista, y al ganar el gobierno la decisión de la comisión escribe que yo usufructué de ella, porque fue entonces que él, en su calidad de Primer Designado de Presidente, me nombró en el primer puesto en la serie de empleos que él me daría hasta ser nombrado en mi puesto actual como ministro de Panamá en los Estados Unidos.

El doctor Porras hizo una analogía por la que ser intervencionista en la oposición y no intervencionista en el poder es igual al haber sido conservador en los tiempos de Colombia y luego convertirme a liberal en los tiempos de la república, porque así convenía a mis intereses. Para el doctor Porras mi publicación el año pasado en la Estrella de Panamá sobre la guerra de Coto, y de cómo los Estados Unidos nos coaccionaron y amenazaron para retirarnos del territorio que habíamos defendido, y, que al apoyar las pretensiones de Costa Rica, nos atropellaron, despojaron y agraviaron, era inconcebible, porque decía que hubiese estado bien que cualquier ciudadano lo escribiese, pero no que yo criticara al país en donde estaba acreditado como ministro. El doctor Porras declinó a su candidatura, y en su lugar quedó el doctor Jorge E. Boyd, nieto de estadounidense y casado con una dama de este país. En su afán por buscar la intervención, pensarían que la posición del gobierno estadounidense cambiaría con el cambio de nombres. Sin embargo, tanto el Departamento de Estado como el Gobierno de Panamá se mantuvieron claros que si cada vez que se realizara una elección se necesitaría de la intervención extranjera, Panamá no llegaría a ser un país independiente. Nuestro gobierno tiene el derecho y el deber de acatar las leyes y mantener el orden público, y no existió ningún interés de solicitar una intervención.

 

Enero de 1931

En estos momentos estoy en el vapor chileno Aconcagua, con destino a mi país. Llegaré el 16 a la ciudad de Colón, a tomar el cargo de presidente como primer designado. En Panamá ocurrió un movimiento revolucionario, liderado por Harmodio Arias Madrid, quien quitó del poder al hasta entonces presidente Florencio Harmodio Arosemena, quien comenzó su gestión en octubre de 1928, el mismo mes que recibí la noticia de haber sido elegido Primer Designado por la Asamblea Nacional. Aunque el expresidente Arosemena, en su calidad de excelente ingeniero civil, tenía a su favor el haber construido excelentes obras en Panamá y en el extranjero, como el Palacio Nacional, el Instituto Nacional y el ferrocarril en Puerto Armuelles, cuando su presidencia coincidió con la concreción de trabajos del Estado y la reducción del gasto en los salarios de los empleados públicos, su popularidad bajó notablemente. Creo que la crisis económica en Wall Street solo agravó la situación. A finales del año pasado la opinión popular era que su gobierno, además de ser corrupto e irresponsable, tenía al país en bancarrota y lo abría al vicio a cambio de dinero.

El 2 de enero los miembros de Acción Comunal se tomaron primero el cuartel de la Policía, y luego la Presidencia, donde combatieron por más de dos horas hasta conseguir el triunfo. Inmediatamente se entendieron con el ministro estadounidense en Panamá, y así evitaron que decidieran mandar a las tropas estadounidenses a la ciudad. En un principio los gobernadores y los comandantes fueron encarcelados, pero al momento que tomé el vapor la situación estaba tranquila en todo el país; el expresidente Arosemena había renunciado frente al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Manuel Herrera, quien me escribió el mismo 2, solicitando que aceptara el puesto de presidente, porque consideraba inconstitucional el nombramiento de los tres designados en 1930. Mi amigo Harmodio Arias también me escribió, diciendo que el expresidente Arosemena le pidió que se hiciera cargo del gobierno de transición, detalló quiénes eran los nuevos secretarios de Estado nombrados, y que los bomberos se harían cargo del orden público por el momento. Estando como ministro de Panamá en la ciudad de Washington, D.C., me correspondió explicar los eventos acontecidos al Secretario de Estado, quien estaba sobre todo interesado en saber si el movimiento era constitucional y legal.

Les expliqué que la Corte Suprema de Justicia de Panamá consideraba inconstitucional la designación de Tomás Gabriel Duque, Carlos L. López y Enrique Linares, porque fueron elegidos en octubre de 1930, y no en septiembre, y consideraba que la elección debía ser “para un bienio” y no que se hiciera “en el bienio”. Por lo tanto, consideraban que los ciudadanos que terminaron su período en este puesto el 30 de septiembre de 1930 conservarían su carácter de designados. Si bien mantuve mis relaciones oficiales cordiales con el presidente Hoover y el Departamento de Estado hasta el momento de mi partida, que no discutieron abiertamente la constitucionalidad o legalidad del nuevo movimiento, sí hubo un artículo en la prensa de la ciudad argumentando que no se me ponía en duda como diplomático en el país, pero se criticaba la aprobación de la política del Secretario Stimson de reconocer gobiernos que llegaran al poder luego de revoluciones o golpes de Estado. Recordaba la situación crítica en América Central, trayendo los casos de Guatemala y Panamá, donde los presidentes fueron derrocados.

En el caso nuestro, esta situación se evidenció después de tener al expresidente Arosemena bajo una fuerte presión. En los casos de El Salvador y Honduras, se trataba del reinado de la intranquilidad, y el de Nicaragua, de la imposibilidad de Moncada para acabar con Sandino, y donde una columna de infantes de los Estados Unidos, que estaba prestando su ayuda, cayó en una emboscada a finales del año pasado, dejando ocho muertos. Razones estas suficientes para que los Estados Unidos supieran que la región no vivía en un estado de tranquilidad. Aunque oficialmente se mantuvo que mi partida estaría condicionada al reconocimiento por los Estados Unidos, el diario criticaba que el caso del nuevo régimen lo dejaban sujeto a la capacidad para cumplir las obligaciones internacionales y el efecto de los intereses especiales para los Estados Unidos, incluyendo la serventía del canal de Panamá y los derechos concedidos mediante tratado. Se ha cuestionado mi posición de aceptar el puesto principal en el Gobierno que depuso al que hasta ahora yo representaba en el extranjero. También cablegramas y notas de felicitaciones han venido en chorro continuo desde el pronunciamiento de la noticia. Aunque en un inicio redacté un cablegrama en el que me identificaba con las aspiraciones y propósitos que habían inspirado al movimiento y unía mi suerte a la de ellos, luego de consultar a un amigo muy autorizado sobre el particular, caí en la cuenta, gracias a él, de que yo no debía cambiar mi posición de diplomático reconocido por la de miembro y agente de un movimiento revolucionario, y que por el mismo éxito del movimiento no convenía asumir esa actitud de una manera expresa. Por esta razón voy decidido a darle a mi país la institucionalidad que creo que le hace falta para formar una mejor democracia.

 

Octubre de 1932

Mi período como designado de presidente de la república ha terminado con una enorme satisfacción personal y nacional. Las elecciones se realizaron en un clima de transparencia, libertad y pureza, en el cual se les brindaron garantías a todos los ciudadanos, proselitistas y adversarios, sin llevar a algún candidato oficial al torneo, tanto así que por primera vez en nuestra historia republicana uno de los candidatos reconoció públicamente el triunfo de su adversario. Espero que esto quede como un ejemplo para las futuras elecciones en mi país.

Al asumir la presidencia, sabía que en tres puntos fallaba nuestra democracia desde inicios de la república hasta 1930: 1) la existencia en todas las elecciones de un candidato oficial, 2) la exacción del 5% de los sueldos de los empleados públicos, para sostener con ese fondo a la maquinaria de los candidatos oficiales, y 3) la coacción y falsedad en las elecciones por los agentes del Poder Ejecutivo o por los miembros de las corporaciones electorales, o por ambos en colusión. Sabiendo que estas fueron las razones que trajeron al movimiento revolucionario de enero del año pasado, busqué extirpar estos viejos vicios, con el fin de que el electorado recobrase la confianza de la opinión pública y no temiese a la fuerza aneja al poder gubernamental, porque en una democracia es la voluntad de ellos, y no la del presidente, la que marca el factor decisivo.

Teniendo esto en cuenta, dejó de cobrarse el 5 % a los empleados públicos, no se llevó a la fuerza pública a votar en las elecciones en sitios designados y con papeletas previamente ordenadas y entregadas, y aunque algunos miembros del gobierno me sugirieron intervenir al Jurado Nacional de Elecciones, por estar compuesto en su mayoría por los liberales chiaristas del gobierno pasado, yo preferí llamar a sus miembros a una negociación por el bien del país y hacer todo de acuerdo a la ley. Una ley que, si bien fue modificada bajo el presidente Arosemena en 1930, ampliando el período de nombramiento de sus miembros de dos a cuatro años y el número de sus integrantes de cinco a siete, ha existido desde el comienzo de la república con algunos cambios, como su nombre de Consejo Electoral de la república hasta el actual, en 1916 bajo el presidente Porras, y los requisitos de sus miembros, en 1925, bajo el Presidente Chiari. Desde junio del año pasado se tiraron las bases para un arreglo amistoso entre los diversos sectores del Gobierno de filiación liberal. Se presentaron cinco sectores con sus respectivos jefes: los partidarios de don Domingo Díaz, siendo él su jefe; la Juventud Liberal, siendo su jefe Arnulfo Arias; los partidarios de don Francisco Arias P., siendo él su jefe; los partidarios del Centro Liberal Nacional, siendo su jefe Alcibiades Arosemena, y los Liberales sin compromisos personales, siendo su jefe Guillermo Andreve.

Ellos presentaron las nóminas de veinticinco candidatos, de las cuales se debían elegir a quince. Sin embargo, tal como se presentaron los hechos, para enero del presente existían tres candidatos: el Partido Liberal Nacional, conocido como el chiarista, postuló a Augusto Samuel Boyd; el Liberal Doctrinario, a Harmodio Arias, y el Liberal Renovador, a Francisco Arias Paredes. Sin embargo, en marzo, el doctor Boyd retiró su candidatura. En ese momento, no se sabía si decidirían nombrar un nuevo candidato o apoyar a alguno de los candidatos. Esta segunda opción, desde mi punto de vista, no me parecía la más acertada porque ofrecía un grave peligro para los postulados del nuevo régimen que se había instaurado para luchar a este grupo, y significaba un descrédito para quienes de alguna manera contribuyeron a establecerlo, organizarlo y mantenerlo. Llamé en ese momento a la unidad de los elementos amigos de la Administración y sostenedores de los ideales y propósitos que ella encarna. Conversando con Víctor Goytía ese mismo mes, le expresé que en esos momentos se debía hablar de los “contaminados” y los “incontaminados”.

No veía con buenos ojos la unificación de los panchistas con los chiaristas porque estos se mantuvieron en rebeldía contra el nuevo régimen instaurado, planificaron asesinatos políticos y abrigaban la esperanza de reconquistar la hegemonía a cualquier precio. La unión con ellos no llevaría a nada porque el elemento honrado del panchismo sería desplazado al poco tiempo, y los chiaristas ocuparían las posiciones dejadas. Creía que con un poco de desprendimiento se podría provocar un acercamiento entre el harmodismo y el panchismo, y así el Partido Liberal Renovador y sus hombres más salientes quedarían bien ante la historia porque no contribuyeron al derrocamiento del chiarismo, para luego amalgamarse con él, ayudándolo a reconquistar el poder que supuestamente habían perdido para siempre, haciendo posible la continuación de la inmoralidad política. Aunque ambos grupos negociaron con los chiaristas, en mayo aclaré que mi posición era de completa y escrupulosa abstención, pues no aprobé ni desaprobé en la escogencia de los candidatos chiaristas que aparecían en la lista lanzada al final por el Partido Liberal Renovador para diputados de la Asamblea Nacional. Incluso cuando amigos del Partido Liberal Nacional, al acercárseme y preguntarme mi opinión sobre su postulación, les respondía que no tenía nada que ver en ese asunto.

En preparación de las elecciones que debían realizarse en junio, la preocupación que llegaba a mi oficina de miembros de la sociedad, representada por los partidos en contienda, era constante, lo mismo que las quejas en todas las provincias. Por ejemplo, el 20 de enero del presente, se recibió nota de J. J. Vallarino, presidente del Directorio del Partido Liberal Renovador, nota en la cual llamaba la atención sobre las actividades del Inspector General del Cuerpo de Policía Nacional en la Provincia de Chiriquí, que por varios días se encontraba en campaña política, entrando en pugna con los propósitos del Gobierno de mantenerse neutral y violando la Ley Orgánica del Cuerpo de Policía Nacional.

El 2 de febrero, el Directorio del Partido Liberal Doctrinario también me remitió una carta en la cual manifiesta preocupación porque los chiaristas ocupan la maquinaria electoral, y que por sus actos mostraban hasta la saciedad que se debía pasar de la mera amonestación a la implantación de las reglas que hicieran imposibles los abusos y las triquiñuelas. Estos actos tenían que ver con los ceduladores: se demoraban injustificadamente o expedían rápidamente la cédula, dependiendo de la pertenencia de los solicitantes a un determinado partido; la cedulación de menores de edad y el otorgamiento de más de una cédula a personas cuando pertenecían al partido chiarista, así como la expedición de cédulas fuera del despacho del cedulador; el desfiguramiento del retrato de que se adhiere a la cédula, con el fin de que el portador fuera rechazado cuando se presentase a votar, y la abstención del cedulador de expedir cédulas a los partidarios del Liberal Doctrinario por razones injustificables. El gobierno respondió a los llamados de atención por parte de todos los grupos.

En mi opinión, se actuó como correspondía a una administración liberal por principios, y se esforzó por hacer efectiva la imparcialidad de parte de aquellos empleados públicos que por la naturaleza de sus funciones fuesen susceptibles de ejercer una coacción electoral sobre los ciudadanos. Si los resultados no son tan halagadores como el gobierno desearía, se debe a que el apasionamiento lleva a muchos funcionarios a ejecutar actos que el gobierno difícilmente puede controlar. Lo importante es que el Poder Ejecutivo se encuentre en manos de hombres que no se presten a hacer que el gobierno sea simplemente un instrumento de determinados intereses políticos. Si se comparara la situación relativa de los partidos y del gobierno en estas últimas elecciones con la que ha existido en otras épocas de agitación electoral, en las que el gobierno ha sido un partido en ejercicio del poder, podría advertirse una diferencia favorable. Más allá de los problemas que pudieran presentar los candidatos y de quienes los apoyaban, fui categórico en la nota fechada el 4 de junio sobre mi posición neutral ante los candidatos, y que el hecho de que mi hermano Luis escribiera desde Washington saludando al candidato Francisco Arias Paredes, comentándole que todo estaba bien por allá, no significaba en lo absoluto que se buscara la intervención del gobierno de los Estados Unidos en nuestra política, sino un simple saludo familiar; una interpretación de este tipo era una ofensa al sentido común, un desconocimiento de mi política de imparcialidad, un olvido de que yo soy el más decidido adversario del intervencionismo y de que estoy apelando a la cordura y al civismo de mis conciudadanos para que mi anhelo supremo de que las cuestiones de nuestra política interna se decidan siempre en Panamá y no se tengan que debatir en Washington.

Desde el año pasado, el doctor Porras ha estado en contacto conmigo para retomar la unidad del Partido Liberal, deponiendo el odio y adversidades entre los miembros, y para detener que la oposición sea ejercida por liberales contra gobiernos liberales. Le he manifestado mi apoyo para que encabece el movimiento para una unión sincera que mantenga los principios liberales en nuestro país.

Considero que el doctor Porras y su partido no están tan ligados a las actuaciones perniciosas del chiarismo, sino que están próximos a desaparecer. Terminando casi mi periodo, la crisis económica mundial ha pegado más duro a nuestra economía. Ante la situación en que los inquilinos buscaban una rebaja de los arrendamientos, mientras los propietarios se oponían rotundamente a la misma, en julio convoqué una conferencia para discutir la situación. La Unión de Defensa Proletaria buscaba una rebaja del 50% de los alquileres, pero los propietarios no querían beneficiar con rebaja alguna a los extranjeros.

En la conferencia expliqué que el gobierno había tenido que recurrir al sistema de turnos, en que una semana trabajaban unos y la siguiente otros, para lograr que todos recibieran un pago. A pesar de esto, a finales de julio no se había llegado a ningún acuerdo sobre la rebaja de los alquileres, aunque se convino la suspensión de los lanzamientos, mientras que se designara una comisión integrada por los inquilinos, los propietarios, y algún representante del gobierno, haciéndose énfasis en que este no podía ser propietario, para así lograr arrendamientos más equitativos. Sin embargo, ante la falta de acuerdo y buscando evitar situaciones de violencia, en agosto se emitió un decreto por medio del cual se declaraba que la resistencia del pago de los arrendamientos no estaba contemplada bajo el concepto de “huelga” en el Código Administrativo, y la falta de cumplimiento de esa obligación acarreaba efectos y consecuencias, por lo que el gobierno continuaría haciendo efectivas, de acuerdo con la ley, las obligaciones que resultaran de los convenios de arrendamiento de habitaciones o propiedades urbanas celebradas entre los inquilinos y los propietarios, y se autorizaba a las autoridades de policía impedir los actos de violencia o de resistencia a la autoridad con las que cualquiera persona tratase de impedir el pago de arrendamientos por los individuos deseosos de efectuarlo, el pleno goce de las propiedades por sus dueños, o las mudanzas de los vecinos o los lanzamientos ordenados por los jueces.

Un balance de mi gestión debe hacerme sentir orgulloso, tal como lo expresó el nuevo presidente Harmodio Arias en su carta enviada. Habiendo terminado esta misión, ahora comienzo una nueva. El 25 del presente recibí carta del Secretario de Relaciones Exteriores, Juan Demóstenes Arosemena, por la que se me nombra Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Panamá ante el gobierno de los Estados Unidos. Por conversaciones con el nuevo presidente se retomará la búsqueda de una nueva negociación de los tratados del Canal.

 

Marzo de 1936

Después de varios meses de negociaciones, los representantes de los Estados Unidos, el señor Cordell Hull, Secretario de Estado, y el señor Sumner Welles, Asistente Encargado de los Asuntos de Latino América, y los representantes de la República de Panamá, el doctor Narciso Garay y yo acordamos firmar una serie de acuerdos, que incluyen un tratado General que revisa la convención de 1903, una Convención para la Regulación de la Radiocomunicación en la República de Panamá y la Zona del Canal, una convención que transfiere a Panamá dos estaciones radio navales, y otra convención referente a la construcción de una avenida transístmica entre las ciudades de Panamá y Colón. Desde la abrogación del convenio Taft en 1924, los Estados Unidos y Panamá reconocían la necesidad de un nuevo tratado.

Un paso importante en las relaciones entre los dos países ocurrió cuando en 1933, con motivo de la visita del presidente Harmodio Arias a Washington, se emitió una declaración conjunta entre el presidente Arias y el presidente Roosevelt, que estableció los lineamentos que debían seguirse en la política de cooperación. De acuerdo con los lineamientos establecidos y al espíritu de amistad y cooperación, las conversaciones preliminares se sostuvieron entre los comisionados de cada país durante 1934, y en noviembre de ese año se inauguraron las conversaciones formales con el objetivo de concluir acuerdos satisfactorios relacionados con los distintos puntos abordados.

Estas negociaciones continuaron durante todo este tiempo hasta el presente, a excepción de septiembre de 1935, cuando viajamos de vuelta a Panamá para consultar con nuestro gobierno acerca de los acuerdos tentativos que se habían logrado hasta el momento. A nuestro regreso, en octubre del año pasado, se continuó hasta lograr su culminación este mes. Por estos tratados, los Estados Unidos buscan demostrar que “La política del buen vecino”, del presidente Roosevelt, tiene efecto en la historia de nuestras relaciones.

 

Diciembre de 1939

El tratado firmado en 1936 y aprobado por nuestra Asamblea Nacional ese mismo año no fue aprobado por el senado estadounidense sino hasta septiembre pasado. Concluida esta misión para la patria, en estos momentos, pensaba retirarme de la vida pública, pero he aceptado la solicitud de un grupo de ciudadanos, que me piden lanzarme como candidato en las elecciones presidenciales de junio del próximo año. Al igual que yo, ellos sienten preocupación por la situación política que se vive en nuestro país, y consideran que yo podría representar la mejor solución para brindar un equilibrio, teniendo en cuenta lo significativo que fue mi breve desempeño en el puesto del Ejecutivo, y el respeto que le presenté a todas las instituciones del Estado. Amelia, al igual que yo, considera que será una tarea difícil, y por esta razón le he pedido que se quede en la ciudad de Washington. Creo que por los vientos que se avecinan, y habiéndose nuestros hijos formado acá, es lo mejor para ella. En diciembre de 1934, bajo la presidencia de Harmodio Arias, se cambió el mecanismo para elegir a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones.

Se haría por bancadas de los partidos representados en la Asamblea y de acuerdo con el número de legisladores de cada bancada, para que todas estuviesen representadas en el jurado, pero acorde al tamaño de cada una de ellas. El ejemplo que pensé haber dejado con las elecciones de 1932 no se cumplió en 1936. Harmodio Arias comenzó a hostilizar a Domingo Díaz, apoyado por el Partido Liberal Doctrinario (que fue el que lo llevó a la Presidencia en 1932), el Partido Liberal Renovador, Liberal Demócrata, Acción Comunal y el Socialista. Aunque el doctor Arnulfo Arias apoyó en un inicio a Domingo Díaz, cuando su hermano Harmodio se enfrentó al candidato Díaz, formaron la Coalición Revolucionaria, que lanzó, propugnó e impulsó la candidatura de Juan Demóstenes Arosemena. Las elecciones que se dieron el 7 de junio de 1936 dieron el triunfo al expresidente Arosemena, después de que el Jurado Nacional de Elecciones revelara numerosos fraudes y atropellos, y se expulsara al miembro Rogelio Navarro, en perjuicio del candidato Díaz, quien recibió la mayoría legítima del supremo colegio electoral. Así, el Jurado Nacional de Elecciones se convirtió de un cuerpo imparcial de elecciones a un instrumento parcial para perpetuar en el poder al grupo gobernante, que se tradujo en un retroceso que afectó hondamente la moralidad pública y la fe de los ciudadanos en la libertad efectiva del sufragio. El presidente Arosemena falleció en 1939 y este mes asumió el puesto de presidente en calidad de primer designado Augusto Samuel Boyd. Como persona, estoy seguro que pertenece a la calidad de hombres que saben que el pueblo es soberano en las democracias, y ven en el poder un encargo sagrado y honroso otorgado por este pueblo que lo eligió, y no lo utilizan como un instrumento de opresión y explotación. Sin embargo, en su gobierno hay muchas personas que pertenecen a un segundo grupo y la maquinaria establecida a su alrededor en estos dos períodos difícilmente podrá ser vencida. Al momento ya se han dado el caso de dos secretarios de Estado que han sido destituidos, uno al haber mostrado aspiraciones al Ejecutivo, razón por la cual se provocó una crisis artificiosa.

El otro secretario destituido era miembro del Partido Liberal Nacional, y salió por expresar conceptos desfavorables al Partido Nacional Revolucionario y sus miembros. También, si al asumir la Presidencia en 1932 eliminé la exacción que se hacía del 5% del salario de los funcionarios públicos para los fondos del candidato oficial, ahora esto ha regresado, pero siendo el 10% de los mismos. De igual forma, si los Partidos Liberal Nacional y Liberal Demócrata acusaban al Partido Nacional Revolucionario de su orientación nazista y buscaban apoyar a otro candidato, al Ejecutivo manifestar abiertamente su compromiso con el doctor Arnulfo Arias, los otros partidos adictos al poder con el actual régimen decidieron cambiar su postura y darle al candidato oficial el calificativo “falaz” de nacional.

Así, los cinco partidos que apoyan la candidatura del doctor Arias le pidieron al presidente Boyd que tomara las banderas de los partidos de la coalición y las llevara al triunfo en el próximo debate electoral, porque el electorado se cobija bajo las enseñanzas y postulados de esta administración y el engrandecimiento del país. La percepción de nuestra política local tiene efecto fuera de ella, y me preocupan sus repercusiones, tal vez negativas. En primer lugar, está el efecto moral en la juventud: cuando ese joven ve cómo la mediocridad triunfa sobre el mérito, y cómo la influencia y la parcialidad burla a la justicia, se verá arrastrado a concluir que el éxito en la vida pública no está marcado por la sinceridad, el carácter, la consecuencia, la probidad, la lealtad y la altivez, y se inclinará a pensar que ser hábil vale más que ser honorable.(5)

 

  1. El “ser hábil” en ese momento podría entenderse como el “ser juega-vivo” actual.

En un plano internacional, en el que me he desenvuelto, Panamá logró que los Estados Unidos reconocieran que no intervendrían directamente en nuestra política nacional. Dolería pensar que un logro que se pudo tomar como un avance a favor de nuestra democracia signifique en realidad un paso hacia la autocracia. El nuevo tratado nos impone como panameños nuevos deberes morales que estamos llamados a cumplir, tanto los gobernados como los gobernantes. Por esta razón, al analizar todas estas situaciones, he decidido aceptar la candidatura a presidente de la república que me han propuesto el Partido Liberal Doctrinario, el Partido Liberal Renovador, el Partido Socialista y el Partido de Acción Comunal, reunidas en el Frente Popular.

 

Junio de 1940

La campaña electoral, tal como lo presagié desde un inicio, fue difícil. Si en democracia un grupo en el poder controla el dinero que recibe de los servidores públicos, los diarios, las radiodifusoras, la suprema corporación electoral y la fuerza pública, aun cuando carezca del agrado de la opinión popular, es difícil que se logre hacer una campaña balanceada. Las filas del Frente Popular se mantenían en alerta desde en un inicio, pero los reclamos públicos comenzaron a hacerse luego. En este mes que se dieron las elecciones, decidí retirar mi candidatura por la manera como se estaban complicando los eventos. Aunque el Gobierno diga que no haya orden de arresto en mi contra, sí lo había contra los miembros destacados del Frente, motivo por el cual decidí refugiarme en la Zona del Canal, para estar fuera del alcance de cualquier peligro.

Aunque les pedí a mis seguidores del Frente Popular abstenerse de ir a votar, reconozco que es difícil que eso suceda. Por una ley de 1930, los ciudadanos que no voten en las elecciones perderían su oportunidad de trabajar con el Estado o tener contratos con él, a menos que mostrasen una excusa aceptable, y si no, tendrán que esperar hasta las siguientes elecciones para volver a recuperar este derecho. Por esta misma ley, también está prohibida la Coacción Electoral por parte del Estado, lo cual no se ha cumplido en las dos últimas elecciones. Es conocida la afiliación forzada de los empleados públicos, el pago de 10% de su salario, la persecución por parte de la Policía, con garrote, tortura o cárcel, para aquellos que no apoyan al candidato oficial, el decomiso de los periódicos en Arraiján que enviamos al interior, y las reuniones arnulfistas, atraídas por el aguardiente, el dinero y la propaganda estrepitosa, acompañada de música y espectáculos carnavalescos. Como nuevo factor a todos estos, está uno que es un complemento de la dictadura, que es el delator.

A semejanza de la Gestapo nazi o la ogPu soviética, policías secretos han invadido la vida social de los ciudadanos. La Policía toma el testimonio de estos espías como prueba suficiente para entrar en acción, y, por ejemplo, arrestan a personas respetables a quienes se les acusa de emitir conceptos adversos al régimen. Así se han creado nuevos delitos, que se convierten en una piltrafa contra la libertad de conciencia, tales como hablar mal del Gobierno, de la policía o del doctor Arnulfo Arias. Lo pienso y recuerdo que ante la común aseveración de la popularidad en las elecciones del doctor Arias, también están la expedición de cédulas a menores, las duplicaciones a los ciudadanos que ya las tienen, la multiplicación de las de los indios y la negación a las de los campesinos. Además de la propaganda lógica en la que un grupo busca exaltar los logros alcanzados en su periodo de gobierno para ganarse a los votantes a su nómina, también se utiliza publicidad engañosa hacia el Frente Popular.

Entre ellas, hablaron de la crisis económica que existió bajo mi mandato en el país de la cual me acusaron no haber sabido enfrentar ni tomar medidas drásticas, como lo hizo mi sucesor, Harmodio Arias. Periódicos afines a mi candidatura le recordaron al público que esta crisis se dio a nivel internacional, y, aunque supe manejarlo en todo lo que la legalidad me permitía, una característica propia de mí, y que las medidas que alababan de mi sucesor significaron la reducción salarial de los empleados públicos a la mitad después de mi período, más importante fue su señalamiento de que no fue sino hasta que el presidente de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, hizo funcionar su nuevo programa económico, cuando la crisis económica mostró un proceso de recuperación en nuestro país. Relacionado a la crisis económica, y por qué no debía regresar como presidente, se trajo el tema de la crisis inquilinaria durante mi periodo presidencial, y, aunque no niegan que quise hacer patente mi inconformidad por el trato recibido por la masa de parte de los caseros inhumanos, se me acusa luego que, al ver cómo se convertía en una fuerza colectiva, preferí nombrar solo comisiones para estudiar el hallazgo de una fórmula que pusiera fin a la querella, y al no hallarse, prevaleció entonces el interés de los patentados.

Se dice que esgrimí el argumento de respeto a la Constitución y a las leyes, solo para aplastar la incipiente rebeldía del pueblo y respaldar los intereses de ciertos propietarios. De nuevo se alaba a Harmodio Arias, y continúan con que el pueblo se habituó a las exigencias del casero para evitar una peor tragedia, pero con Harmodio se inició el restablecimiento de la confianza popular, a pesar de las medidas drásticas tomadas, y la nación pronto se encontró ante una prosperidad modesta, pero firme, de bienestar limitado, pero seguro. De mi desempeño como ministro plenipotenciario ante los Estados Unidos para la negociación de los tratados, se trata el de 1926, de cómo se les dieron beneficios a los estadounidenses, mientras no logré a favor de Panamá mayores ventajas, y aun así lo defendía, pero fue altamente rechazado por la ciudadanía panameña.

Luego se habla de que se necesitó la nueva fuerza de la revolución y el nuevo gobierno de Harmodio Arias para enfrentar a los Estados Unidos y lograr los beneficios del nuevo tratado de 1936, por lo que no valía la pena que fuese presidente si no tenía fuerzas, mientras que Arnulfo Arias sí las tenía. Creo que en el tratado de 1936 se recibió todo el apoyo del presidente Harmodio Arias, y por haber trabajado ambos conjuntamente se logró la consecución del mismo. Olvida el periódico que en ambos tratados presté mis servicios a mi nación. Muy importante es también recordar que mientras que en 1926 todavía predominaba una política altamente intervencionista por parte de los Estados Unidos, lo cual dificultaba un entendimiento igualitario entre ambos países, en 1936, con el nuevo presidente Roosevelt, existía “La política del buen vecino”, que contribuyó a un mejor entendimiento entre las partes.

Desde abril, cuando envié una nota al presidente designado Boyd, notificándole la violación al derecho de reunión, la intervención de la Policía, y la falta de garantías a todos los grupos de manera igualitaria, El Panamá América comenzó a circular la noticia de que bajo mi periodo en la Presidencia el Presidente Boyd se acercó a notificarme que quería ser candidato, y le respondí con hostilidad, prohibiéndole correr en las elecciones, y que además quise entrometer a los panchistas en la candidatura de Harmodio Arias, pero al Arnulfo descubrirlo, otros miembros de Acción Comunal intervinieron.

Un periódico nuestro aclaró que el doctor Boyd fue nominado por el Partido Liberal Nacional, pero se retiró por falta de fondos, e incluso en una reunión del Centro de Vanguardia Liberal, la noche del 24 de enero de 1932, ratificó no tener queja de mi gobierno y confiaba en que las elecciones serían limpias. Con relación a los tiempos de mi período presidencial, también me defendí con respecto a la discusión sobre el Jurado Nacional de Elecciones, en que me negué siempre a seguir la Senda de la Chicana que me sugería Harmodio, por estar conformada en su mayoría por chiaristas, y preferí un diálogo con los miembros para solicitar la mayoría adversa y lograr al final la legalidad de la institución. Por desgracia, esta situación no fue continuada cuando en las elecciones de 1936 se modificó la ley, más cuando toda la maquinaria del gobierno estaba ya al servicio de aquella candidatura con personal escogido ad hoc. Así es que el desenvolvimiento de la campaña propiamente dicha en estos seis meses ha mostrado lo esperado. Desde la llegada a Panamá el 24 de enero, he visto cómo la Policía militarizada, en conjunto con grupo de civiles, se confabularon para abuchear y arrojar objetos al momento de mi discurso.

Al momento de comenzar la trifulca entre ambos grupos, entró la Policía montada y a pie a dispersar a los reunidos. Nos refugiamos en el Edificio Panazone cercano, pero esto fue criticado por la prensa; incluso se dijo que fue el grupo de los alfaristas quienes comenzaron a tirar los objetos. Esto fue lo común durante todos estos meses. En Puerto Armuelles, Chitré, Penonomé y otros pueblos hay cuentos de cómo la Policía dispersa a los grupos que me apoyan, mientras que a los arnulfistas los dejan hacer sus reuniones, en las que incluso hay fuegos artificiales, música y más. Lo peor se ha visto cuando se ha arrestado a las personas sin ninguna orden, y por eso se comenzó a recurrir al derecho de habeas corpus.

Hasta en esto el elemento oficial nos criticó, diciendo que, dado que buscamos la intervención militar de los Estados Unidos y no la conseguimos, por eso intentábamos inmiscuir al Poder Judicial en una tarea que no le correspondía. Creo que la gota que derramó el vaso fue cuando mi hermano Horacio hizo, el mes pasado, la advertencia en los Estados Unidos de que era posible que hubiese derramamientos de sangre a raíz de las elecciones, porque el Gobierno no tomaba las medidas necesarias para evitar las revueltas, y que los alfaristas estaban firmes en defender su derecho a voto. El gobierno lo tomó como un llamado de advertencia, del cual tenía que defenderse. Qué casualidad, entonces, cuando se halló a un alfarista en posesión de rifles, carabines, revólveres, una subametralladora y un número apreciable de cartuchos de dinamita, y que, al ser indagado, declaró que se trataba de armas de cacería que conservaba por pura afición.

 

Diciembre de 1947

En junio de 1945, una Asamblea Constituyente encargada de revisar la Constitución que Arnulfo Arias hizo aprobar en 1941 designó a Enrique Adolfo Jiménez como presidente de la república, y se me solicitó que ejerciera el cargo de ministro de Relaciones Exteriores. No sería la primera vez que trabajaríamos juntos, porque él se desempeñó brevemente como secretario en la Legación Panameña en Washington al negociar un nuevo tratado, y luego fue Secretario de Hacienda en mi gabinete cuando fui Presidente Designado en 1931.

En estos años, he estado trabajando en diferentes universidades o instituciones en los Estados Unidos preparando varios artículos o discursos, tales como “La política del buen vecino” a los ojos de América Latina, o la posibilidad de una unión americana. También en mayo de 1945 fui designado como presidente de la Comisión encargada de redactar la Carta de la recién fundada Organización de las Naciones Unidas, en español. En diciembre de ese año participé como el ministro de Panamá en la primera Asamblea General de San Francisco, presentando el anteproyecto internacional que sometió el gobierno panameño titulado “Derechos y deberes de los Estados”.

No obstante, con verdadera pesadumbre, a inicios de este mes presenté mi renuncia al presidente Jiménez. El motivo fue mi oposición a la firma del convenio sobre los Sitios de Defensa que los Estados Unidos logró tener por diez años prorrogables. Sucede que los Estados Unidos estaba obligado a devolver a Panamá las bases cuyo uso les había sido concedido durante la guerra, y la devolución debía efectuarse al año siguiente a la terminación del conflicto, el cual finalizó cuando Japón capituló a bordo del acorazado “Missouri” y cesaron por completo las hostilidades.

A último momento, antes de expirar aquel término, el Departamento de Estado manifestó su deseo de celebrar un nuevo convenio que concediera a los Estados Unidos el uso de la base de Río Hato y de otros doce sitios de defensa de orden secundario. Esta petición, conforme al criterio panameño, tenía fundamento en el artículo x del tratado General de 1936, porque Panamá consideraba que la alarmante situación internacional constituía una amenaza de agresión latente en la cual están de por medio la seguridad de la república y la neutralidad y seguridad del canal situado en su territorio.

La llamada Guerra Fría es preocupante por la actitud perturbadora, agresiva e inescrupulosa del coloso ruso, que causa un temor permanente de que el mundo se vea una vez más flagelado por los horrores de otra conflagración global. Al discutir las cláusulas de un tratado sobre sitios de defensa, se llegó a acuerdo sobre ellas en la forma más digna posible para Panamá, a lo largo de una lucha intensa, y en numerosas ocasiones infructuosa, contra la constante tendencia del Departamento de Estado de redactar el pacto en forma que resaltara y recalcara hasta la redundancia las cláusulas por las cuales se hacían concesiones a los Estados Unidos, en tanto que se empeñaban en usar un lenguaje débil o ambiguo en las cláusulas tendientes a reconocer derechos de Panamá, como, por ejemplo, su soberanía sobre el territorio de que era objeto la concesión.

Pero hubo un punto vital en el cual no se produjo acuerdo, porque los Estados Unidos exigía que se les concediera el uso de la base de Río Hato por un término mínimo de veinte años, en tanto que Panamá estimaba que esa concesión territorial, hecha de conformidad con el artículo x del tratado de 1936, no se justificaba por más de cinco años. Así pues, la diferencia quedó concentrada en el punto de la duración del proyectado convenio en lo referente a Río Hato. En mi carácter de Ministro de Relaciones Exteriores sostuve la expresada actitud de mi Gobierno en mis discusiones con el embajador Hines en Panamá, y en entrevistas que tuve en Río de Janeiro y Washington con el propio Secretario de Estado, el general Marshall. Les expuse que la concesión la hacíamos en vista de que existen hoy condiciones inquietantes que constituyen de hecho un peligro o una amenaza de agresión. Si no existiera esta situación, no existiría fundamento para la concesión de sitios de defensa. Si se tomaba en cuenta que la Primera Guerra Mundial se ganó en cuatro años, la Segunda, en cinco, y suponiendo lo peor, que de aquí a cinco años existiese todavía una situación igual a la presente, no vacilaríamos en concertar un nuevo convenio de bases; pero les pedimos que no pretendiesen atarnos por veinte años a concesiones que lastiman el sentimiento nacional, porque ningún ser humano puede profetizar cuál será la situación del mundo al cabo de ese lapso.

Agregaba que su exigencia de veinte años implica desconfianza, y el gobierno de Estados Unidos no tenía razón para desconfiar de un país que en las dos guerras mundiales fue su aliado y dio para la victoria de las democracias todo lo que le era dable dar. Por desgracia, no hubo razonamiento que lograra convencer a los representantes del Departamento de Estado. Washington se mantuvo inflexible en su exigencia, y en las últimas etapas de las negociaciones, hallándose ausente de Panamá el Embajador Hines, y hallándome yo en los Estados Unidos, el encargado de Negocios, diplomático activísimo, inteligente y audaz, realizó con celo extraordinario la tarea de trasmitir al presidente Jiménez la presión del Departamento de Estado a efecto de que conviniera en el término que demandaban los Estados Unidos. Además de esto, entre los consejeros del presidente hay algunos que están decididamente en favor de que se accediera a la exigencia estadounidense, y un número considerable de diputados ofrecieron votar por la ratificación del convenio si se llegaba a firmar.

La convicción parecía ser de que, en la alternativa de acceder o no acceder a la demanda estadounidense, la primera significaba ir a una situación de conflicto abierto con los Estados Unidos, cuyas consecuencias económicas y políticas adversas a Panamá se estimaban incalculables. Por otra parte, el Encargado de la Embajada insinuó, pero sin hacer jamás promesa u ofrecimiento concreto, la posibilidad de que los Estados Unidos hiciera a Panamá un préstamo de veinticinco millones de dólares, lo que llevó a algunos a asociar la concertación del Convenio de Bases con el advenimiento de una era de bonanza económica y de perfecta armonía y cooperación con los Estados Unidos. En el admirable espíritu de conciliación típico del presidente Jiménez, este llegó a proponer la concesión de Río Hato por el término de diez años, prorrogable por otros diez años, mediante acuerdo de las dos partes. Esta proposición fue inexorablemente rechazada.

En este punto vital, la concesión máxima de Washington fue el término de diez años con la irrisoria cláusula de que eran prorrogables por un término igual, a opción de los Estados Unidos. Ante estas circunstancias, el presidente Jiménez creyó su deber poner fin a las negociaciones y suscribir el pacto. El Convenio sobre Sitios de Defensa fue firmado por el Canciller interino, el doctor Francisco A. Filós, y el Embajador Frank T. Hines, el 10 de diciembre de 1947. Esta decisión hizo imperativo que al regresar a Panamá renunciara de mi cargo de Ministro de Relaciones Exteriores. Como sabemos, la opinión pública se manifestó contra el convenio con una fuerza sin precedente, y al cabo de nueve días de largos e intensos debates parlamentarios y de enormes manifestaciones públicas, la Asamblea Nacional rechazó el convenio por unanimidad, el 22 de este mes.

***

Las obras del doctor Ricardo J. Alfaro no se limitaron al campo de la política nacional e internacional. En su vida también tuvo un alto renombre en las letras, historia y derecho internacional, además por su participación activa en las organizaciones nacionales sin fines de lucro, recibiendo las más altas condecoraciones que los países pueden entregar. Participó también en la redacción de la Constitución de 1946 y asesoró los proyectos de tratado del Canal de 1955 y 1967.

En 1959, la Asamblea General y el Consejo General de las Naciones Unidas lo nombraron, con una amplia mayoría, como Magistrado Juez en la Corte Internacional de Justicia en La Haya para terminar el período de un juez fallecido, motivo de satisfacción personal y nacional por tan alta distinción. Con justicia se dice que el doctor Alfaro fue el Justo Arosemena del siglo XX. Mientras que el doctor Arosemena defendió en el siglo XiX la creación de la nación panameña enfrentando el centralismo del gobierno de Bogotá, el doctor Alfaro logró hacerlo enfrentando el intervencionismo del gobierno de los Estados Unidos. Murió el 23 de febrero de 1971. Recibió funeral de Estado y sepultura en el Jardín de Paz. Sus cenizas resposan hoy junto a las de Amelia en el Santuario Nacional, en la ciudad de Panamá.

 

Referencias bibliográficas

Alfaro, Iván J. (1996, 21 de agosto). “Conociendo a Ricardo J. Alfaro”. El Panamá América.

Alfaro Ricardo J. (1995, 3 de noviembre). “El himno de la Patria”. La Estrella de Panamá.

Arango Valencia, Ricardo (1932). Figuras panameñas. Editorial La Moderna.

Ariz, Carlos María (1978, domingo 5 de marzo). “En torno a la personalidad de Ricardo J. Alfaro”. La República.

Beleño, Joaquín (1971, viernes 26 de febrero). “El Dr. Ricardo J. Alfaro”. Columna Temas Áridos. El Panamá América.

Cálido homenaje a la memoria de R. J. Alfaro (1982, 1 de marzo). La Estrella de Panamá.

Castillero R., Ernesto J. (s.f.) “El más ilustre de nuestros conciudadanos”.

Castro Stanziola, Harry (1998, domingo 19 de abril). “Ricardo J. Alfaro. Raíces”. La Prensa.

Centenario del nacimiento del Dr. Ricardo J. Alfaro. Le rendirán homenaje póstumo (1982, 15 de agosto). Misceláneas.

“Consternación y duelo por la muerte del expresidente Alfaro” (1971, 25 de febrero). Curric. Vitae. R.J.A. La Estrella de Panamá.

De la Rosa, Diógenes (1971, 25 de febrero). “Alfaro, sujeto histórico”. La Estrella de Panamá.

Diez Castillo, Luis A. (1982, jueves 25 de febrero). “Dos pensamientos y una polémica-Dr. Ricardo J. Alfaro”. La Estrella de Panamá.

El Consejo de Seguridad elige por unanimidad al Dr. Alfaro Magistrado de la Corte de La Haya. Naciones Unidas, 30 de sept. UPI.

Fortune, Armando (1979, 25 de febrero). En el octavo aniversario de la muerte de Ricardo J. Alfaro. La República.

Girón, Humberto (1972, 25 de nov.). “Comentario sobre la gran obra póstuma del Dr. Ricardo J. Alfaro”. La Estrella de Panamá.

Guardia, Gloria (1978, 20 de agosto). “Alfaro, en el calendario del recuerdo”. La Estrella de Panamá.

Isaza Calderón, Baltasar (1971, 2 de marzo). “En memoria de un muerto ilustre, su última visita a la Academia Panameña de la Lengua”. Recorte de periódico no identificado.

Jordán, Gionella (2002, lunes 18 de noviembre). “Ricardo J. Alfaro, pionero del Tribunal Internacional”. La Prensa.

“La bandera de la dignidad nacional llegará a la tumba del Dr. Alfaro”. Reseña del sepelio. Recorte de diario no identificado.

Lewis, Samuel (1971, 19 de abril). “Retazos históricos”. La Estrella.

Lewis Arango, Samuel (1971, 25 de febrero). Homenaje póstumo al Doctor Ricardo J. Alfaro.

Miró, Rodrigo (1974, 17 de noviembre). “Los esbozos biográficos del Dr. Ricardo J. Alfaro”. La Estrella.

Opina, Mario Augusto (s.f.). “La jornada de Alfaro”.

Orocú Mojica, Rosalina (2001, 20 de agosto). “Aporte cultural del Dr. Ricardo J. Alfaro”. El Panamá América.

Pizzurno, Patricia (2001, viernes 6 de abril). “Inmortalizando a Ricardo J. Alfaro”. Suplemento sobre la constitución de la Biblioteca y el Museo Ricardo J. Alfaro. Ellas.

Prosperi, Jorge (s.f.). “En la muerte del Dr. Alfaro”. Columna Ecos de la gleba. El Matutino.

Ramírez, Jorge Enrique (s.f.). “Ha muerto un gran patriota”. Columna de opinión. El buzón de Fausto.

“Recuerdo del Panamá que se fue. R.J.A. celebración del 3 de nov. de 1931” (1972, sábado 19 de agosto). Matutino.

“Ricardo J. Alfaro” (2003). Suplemento Especial Gobernantes de Panamá. El Panamá América.

“Ricardo J. Alfaro ilumina el universo latinoamericano” (1982, 29 de agosto). La República.

“Ricardo J. Alfaro, magistrado de la Corte Internacional de Justicia” (1959, octubre). Revista Lotería.

Ríos, Dídimo (1971, jueves 18 de marzo). “Mi última conversación con el Dr. Ricardo J. Alfaro”. Matutino.

Torrijos, Monchi (1972, 29 de febrero). “El Dr. Ricardo J. Alfaro”. Antena del día. La Estrella de Panamá.

Turner, Domingo H. (1971, 27 de febrero). “Ricardo J. Alfaro”. Matutino.

Vásquez, Juan Materno (1971, jueves, 11 de marzo). “La doctrina del ‘Stoppel’ en el derecho internacional y su viabilidad en nuestro derecho interno”. Artículo de homenaje a R. J. A. La Estrella de Panamá.